Los abusos del poder

En Venezuela, la violación e irrespeto a toda forma de derecho humano desde cualquier instancia del Estado, ha sido una constante histórica que aún no superamos. Testimonios a granel de ese morbo social se pueden estudiar de varias maneras: observando la realidad cotidiana, revisando cientos de folios que han logrado traspasar el tiempo hasta llegar al nuestro y en memorias escritas que nos dejaron la impronta de sus autores, victimas de inimaginables episodios de martirios físicos y psicológicos que estoicamente soportaron para no doblegarse frente a quienes, desde el poder, organizaban la criminal práctica del terror, amedrentamiento, persecución y muerte del adversario. Sin dudas, el propósito de ese método de tormento y vileza siempre ha sido el de convertir a la víctima en un individuo envilecido y derrotado.

Se trata pues, como decía Gustavo Machado, militante comunista de mil batallas, de matar el espíritu de resistencia del contrario: "Pero hay algo peor que el homicidio: la tortura física sistemática. Yo recuerdo que, en 1914, en La Rotunda de Caracas, después que me remacharon los grillos, encontré en la pared del calabozo 16, una frase grabada, firmada por Luis Zuloaga Llamozas: La tortura no ha logrado envilecerme. Mi alma, como la de Vergniaud, está sin manchas. Y es que el propósito de la tortura es precisamente envilecer a quien la sufre. A veces se logra el objetivo, pero siempre el envilecido es el que la encubre y se hace de la vista gorda cuando se está torturando en su país y se ejercen funciones gubernamentales." Y es que en efecto, esa especie de mortaja que cubre la historia nacional desde la formación de nuestra República hasta este momento que escribimos, ya la había denunciado también en 1909, entre otros compatriotas, Pedro María Morantes (Pio Gil), y, como veremos, su reflexión tiene hoy sentido de ejemplo y plena vigencia: "Los venezolanos guardamos en el fondo del corazón un rencor inmenso producido por el recuerdo de muchas mentiras sin rectificación, de muchos crímenes sin castigos, de muchos robos sin restitución. Las injurias de una época no se olvidan con el transcurso de los años: Es la práctica de las virtudes olvidadas lo que puede apaciguar un poco los resentimientos del pasado. El pueblo tiene contra los dueños del poder y contra quienes lo aspiran, todas sus acreencias intactas y contra el pueblo no corre la prescripción (...) Los cadáveres putrefactos de la Regeneración, del Continuismo, del Legalismo y de la Restauración (y yo agregaría de todo lo que ha seguido después), permanecen a la vista, corrompiendo los aires y encolerizando las almas. Mientras no se eche sobre ellos, no paletadas de años, sino de moralidad pública, que es lo único que puede destruir el mal olor de los cadáveres políticos insepultos, en el pueblo habrá un infinito descontento".

Dicho de otro modo, el ejercicio de gobierno para acumular capital expropiando el esfuerzo de los trabajadores y con los recursos naturales de la nación, sin dudas, ha sido la brújula que ha orientado la actuación de buena parte de la clase dominante que en el devenir republicano ha tenido la responsabilidad de conducir a "esta tierra de gracia". Abundante hemerografía y estudios con acreditación incuestionable, incluso algunos realizados por investigadores militantes del pensamiento liberal, así lo han demostrado. Todo ello ha tenido siempre un brazo ejecutor que utiliza la más brutal represión policial y sorprendentes subterfugios legales que son cumplidos desde los órganos de justicia puestos a las órdenes de los atropelladores. Con esto, la lucha por el poder se transforma en un ejercicio de barbarie en la que se pasa factura con deshumanizados y desproporcionados cobros a la dignidad y derechos humanos de quienes se enfrentan a los fraudes y abusos del poder.

No obstante, al margen del discurso que siempre tejen los padres de la vesania gobiernera que se empeña en la exaltación épica del pasado para justificar sus propios desafueros, también existe la contraparte, la que tiene la otra cara de la moneda, es decir, la que integran los hombres y mujeres que cargaron sobre sus hombros el esfuerzo de ser parteros de lo nuevo y que, aunque no fueron quienes figuraron contando los pormenores de lo sucedido, son los auténticos titulares de unos testimonios que tienen el sinsabor de un padecimiento que nunca recibió el merecido reconocimiento.

De manera que, en resumidas cuentas, el siglo XX, para no ir muy lejos, está repleto de miles de ejemplos que nos enseñan la sempiterna violencia que ha sufrido la clase trabajadora y todo el pueblo en su tesón combativo por lograr formas de vida con igualdad y justicia. Así fue en los tiempos que en nuestro país tiranizó Juan Vicente Gómez. Con él se inauguró un Estado policiaco-represivo cuyas actuaciones están impregnadas de abusos y perversidad inconcebible. Rafael Mendoza, en su relato vivencial "Las Ratoneras", recogido en el libro "Prisiones de Venezuela", cuenta que en los presidios de 1928 "...las declaraciones del detenido político revisten un carácter teatral y monstruoso al mismo tiempo. La policía detiene siempre sin pruebas; casi todos vamos a la cárcel por simples sospechas. La declaración se encarga de hacer culpables, de fabricarlos a fuerza de tortol y de verga, a base de torsión de músculos y pechos oprimidos hasta que la sangre brota por la boca (...) La voluntad del secuestrado, al llegar ante el inquisidor, no debe existir (...) El preso debe sentirse sin voluntad, desorientado y solo, absolutamente solo ante aquella turba de asesinos que lo miran con los ojos preñados de odios y de promesas de torturas". Además, la dictadura introduce el miedo como mecanismo de control social y la sociedad se arrincona en la resistencia del trabajo clandestino que implica tremendos riesgos para quienes lo realizan, pues sus pasos son seguidos de cerca por los cuerpos de la policía política llamada la "Sagrada" y sus militantes apresados y conducidos al suplicio.

La dictadura del general Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), no se diferenció sustancialmente de la anterior en la utilización que hizo de los recursos del Estado para aplastar a sus opositores. El control de los medios de comunicación, la amenaza al empleado público, la represión a las manifestaciones, el control ideológico y el maltrato al preso político que fueron rutina en los calabozos de la "Seguridad Nacional", prueban que en esa administración se impuso igualmente la concepción de dirigir el gobierno de manera autoritaria y en favor de camarillas militares y civiles asociadas a los grandes negocios del capital nacional y extranjero.

Derrocado ese régimen de facto el 23 de enero de 1958 e instaurada la democracia representativa del pacto de Punto Fijo, se tuvo la convicción de que el sacrifico de tantos luchadores no había sido en vano. El país estaba convencido que, a partir de ese momento, lo vivido quedaba atrás y enterrado como un mal recuerdo de aquellos momentos de despotismo y arbitrariedades. La Constitución de 1961 parecía dictar la pauta para tal fin, y como refiere Agustín Blanco Muñoz, se tenía el convencimiento de que:"...como contrapartida a los valores dictatoriales, lo que irrumpía como nuevo era la democracia, la libertad, el reino de la justicia y de los derechos humanos. Atrás quedaba el oprobio, la represión y la ignominia (...) Se comienza a alimentar la esperanza y el ofrecimiento. Es el tiempo de la unidad, igualdad, paz, respeto y trabajo. Es la contrapartida al reino tenebroso de la dictadura (...) El discurso se hace profuso y se orienta a decirle al pueblo lo nefasto que fueron las etapas superadas y la importancia de preservar el nuevo reino de la felicidad que había surgido de las cenizas del modelo abolido para que jamás vuelva a reinar su imperio". Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que tanto alarde justiciero se volviera más de lo mismo. La represión, la persecución, la tortura y la liquidación física selectiva se hacen una práctica común que llena de dolor y violencia a toda la sociedad. La violación de derechos fundamentales como la confidencialidad de la correspondencia y la comunicación, la amenaza abierta o velada contra la estabilidad en el trabajo por razones partidistas, el uso indiscriminado de la fuerza pública para reprimir protestas, la criminalización de cualquier descontento social, la militarización de las competencias civiles, el terrorismo de Estado y manejo de las instancias judiciales para complacer a los inquilinos de Miraflores y las limitaciones a la libertad de expresión, se instauran como norma y no como excepción. Es decir, comienza el reino de una dictadura barnizada de democracia que dominó por cuarenta años y donde los problemas sociales de pobreza, hambre y desesperanza de millones de personas, causados por una economía que facilitaba la acumulación de capital a unos pocos, eran atendidos de forma dadivosa (el gobierno aprieta pero no ahorca) para manipular conciencias y obtener dividendos electorales que se concretaban con victorias comiciales realizadas quinquenalmente. Por eso, después de transcurridos 17 años de revolución bolivariana que desplazó del control del Estado al sector político y económico que lo dirigió con desmanes de todo tipo desde la lógica de la máxima ganancia hasta 1998, vale la pena preguntarnos ¿Se gobierna hoy Venezuela con pleno respeto a los derechos constitucionales y legales? ¿Se erradicaron las prácticas de abusos de poder que tantos sufrimientos ocasionaron a los venezolanos durante todo el siglo XX?



















 



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