"Seguridad nacional y guerra económica en Venezuela"

Cuando hablamos de seguridad nacional por lo general relacionamos el concepto con la noción de seguridad militar o policial, como un concepto de orden público; la seguridad de la Nación se relaciona algunas veces con armas, con disturbios; cuando expresamos aquí el concepto de seguridad de la Nación concebimos la seguridad como algo más que el control de manifestaciones públicas. En teoría, la seguridad es la que justifica la existencia del Estado pero esa seguridad en esencia, es y debe ser la seguridad integral al individuo y no sólo seguridad física.

Partiendo de este concepto de seguridad integral que por primera vez se constitucionaliza como norma Suprema en Constitución alguna de manera tan amplia, la Constitución Bolivariana introduce aspectos tan importantes en el concepto amplio e integral de seguridad como el ámbito económico, social, político, cultural y ambiental, en los derechos humanos, en necesidades individuales y sobre todo colectivas, y seguridad como desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional, por lo que este concepto de seguridad no solamente tiene que ver sólo con el ejército y la policía, sino que es un concepto omnicomprensivo.

Cuando se desarrolla este concepto tan amplio de seguridades, es ineludible establecer bloques de intervención del Estado en la economía y relacionarlos con la seguridad integral; se trata pues que cuando aquí hablamos de seguridad integral estamos hablando de la intervención del Estado en la economía.

En principio, la Constitución Bolivariana segmenta sistemáticamente la intervención del Estado en la economía en tres parámetros: Primero, en los servicios sociales esenciales, en salud, educación y alimentación; en segundo lugar, en los servicios públicos estratégicos, es decir, aquellos que son imprescindibles para que el disfrute de los derechos fundamentales se haga indivisible, sectores como la previsión social, la energía, las telecomunicaciones, el transporte o la vivienda y finalmente los sectores públicos estratégicos, ya no de servicios, sino sectores que dependen de la estructura productiva del país y de su equilibrio, entrando allí la banca y el sector financiero como un sector estratégico inevitable.

Esa intervención del Estado tan masiva en la economía y sobre los espacios socioeconómicos, se justifica como espacio de seguridad integral desde el punto de vista de tres perspectivas: en primer lugar, la seguridad económica como elemento rentable, significa que siempre que un Estado pueda usufructuar algo con beneficios, no tiene porque dejárselo a la iniciativa privada, que por supuesto no queda excluida, pero sectores lucrativos de fácil explotación y de alto beneficio y rendimiento fundamentalmente en un país petrolero, debe ser el Estado el que debe realizar la explotación y el disfrute de los beneficios y de las plusvalías de las que no se beneficiaria, sí estas están en manos del sector privado.

En segundo lugar, la seguridad social tiene que ver con los servicios esenciales de salud y educación, pero ya no vistos como derechos fundamentales, estamos hablando de salud, alimentación y educación como servicios rentables gestionados por el Estado, porque estamos hablando de Seguridad de Estado, no sólo para el Estado, sino también para la Nación en su conjunto, incluso para el capital privado, porque un individuo más sano, mejor alimentado y más educado, es un ser humano mucho más productivo y ello en el fondo no son sólo derechos fundamentales sino una cuestión de seguridad nacional; en la medida que el ciudadano esté mejor alimentado, mejor educado y más sano, mayor potencialidad tiene el país.

En tercer lugar la seguridad política como el control por parte del Estado de aquellos servicios y sectores estratégicos. Sabemos que el capitalismo no funciona con la lógica de la solidaridad, el capital funciona con la lógica de la ganancia, de la acumulación y fundamentalmente con la lógica especulativa, pero además funciona con una lógica saboteadora, no sólo especula en el país, sino que además prevé su hundimiento económico cuando no se corresponde con sus intereses de apropiación privada, como muestra palpable la actual guerra económica en que han sumido al país.

Esta seguridad política consiste en tener el control sobre los sectores económicos estratégicos muy puntuales, que no pueden ser desequilibrados por la lógica del capital; con ello no se excluye al sector privado, con esto el Estado se protege políticamente, además que es un concepto esencial dentro de un Estado independiente como es básicamente el concepto de soberanía, independencia y autodeterminación de los pueblos.

Desde este punto de vista de seguridad integral, es un espacio de seguridad nacional económica y social que para nuestra fortuna está concebida como mandato en el artículo 326 constitucional, como escudo protector contra el totalitarismo del sector privado que tiene como punta de lanza el neoliberalismo y su pretendida hegemonía que lucha denodadamente por derrotar, ya no solamente al gobierno revolucionario y Bolivariano, sino que además lucha contra un frente blindado constitucional que le será muy difícil soslayarlo, por cuanto son normas constitucionales que sólo pueden ser modificadas, derogadas o revocadas por el pueblo en su conjunto por el hecho de estar constitucionalizadas.

Concluyendo, debemos insistir en la necesidad de la promoción de una cultura constitucional que no se agota en la lectura de su articulado, para crear un entorno social favorable que propenda al pensamiento critico, al constitucionalismo critico, a la comprensión, aprehensión y difusión de los nuevos paradigmas constitucionales para su defensa consecuente, que tienen vigencia a partir de la aprobación por referendo de la compleja y en proceso de desarrollo de la Constitución Bolivariana desde su nacimiento en 1999 y como legado para las futuras generaciones impulsada y llevada a su concreción por el comandante presidente Hugo Chávez.

@euclidesquevedo

Abogado constitucionalista

 



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