Bolívar y la Constitución: muletillas al servicio de un gobierno fallido

Simón Bolívar fue electo presidente de la República de Colombia el día 30 de agosto del año 1821, misma fecha en que fue aprobada por los miembros del Congreso, la Constitución de Cúcuta. En esa oportunidad también se eligió a Francisco de Paula Santander como Vicepresidente. Participaron 57 congresantes, de los cuales 50 de ellos dieron su aprobación a tal elección. Los asistentes al acto eleccionario fueron: Antonio Nariño, Félix Restrepo, Fernando de Peñalver, Luis Ignacio Mendoza, Ramón Ignacio Méndez, Ignacio Fernández Peña, Antonio M. Briceño, José A. Mendoza, Manuel Campos, Francisco José Otero, Joaquín Fernández de Soto, J. Antonio Paredes, Miguel de Zárraga, Miguel Domínguez, Gabriel Briceño, José I. de Márquez, Antonio Malo, José Antonio de las Bárcenas, Nicolás Ballén de Guzmán, José M. Hinestrosa, Juan Ronderos, Bernardo Tovar, Benedicto Domínguez, Leandro Egea, Juan Bautista Estévez, Diego F. Gómez, José Antonio Borrero, J. Francisco Pereira, Vicente A. Borrero, Lorenzo Santander, Mariano Escobar, Alejandro Osario, Pacífico Jaime, Salvador Camacho, José Cornelio Valencia, Casimiro Calvo, Policarpo Uricoechea, Sinforoso Mutis, Cerbeleón Urbina, Francisco Gómez, Ildefonso Méndez, Pedro F. Carvajal, Carlos Álvarez, Manuel Baños, Francisco Soto, Joaquín Borrero, Manuel M. Quijano, Joaquín Plata, Miguel de Tovar, Vicente Azuero, José Prudencio Lanz, Miguel Santamaría, Andrés Rojas, Gaspar Marcano, Miguel Ibáñez, Pedro Gual, y Diego Bautista Urbaneja. Más tarde, el día 6 de octubre de este mismo año, esta Constitución fue promulgada y los firmantes en tal oportunidad fueron: el presidente del Congreso, Doctor Miguel Peña, el vicepresidente del Congreso, Monseñor Rafael Lasso de la Vega, Obispo de Mérida y Maracaibo, los secretarios, diputados Francisco Soto, Miguel Santamaría y Antonio José Caro, además de Simón Bolívar en su condición de presidente de Colombia.

Antes, en la ciudad de Angostura, donde se dio inicio a la conformación de la nueva república, se dispuso que a ese Congreso General de Colombia, instalado en Cúcuta, asistieran 95 diputados, nombrados por sus respectivas provincias. También se resolvió que en caso de retraso de algunos diputados y en razón del carácter 'urgente' de la reunión, el presidente del congreso debía dar inicio al evento congregatorio siempre y cuando el número de diputados correspondiera a las dos terceras partes del total. Sin embargo, la cantidad suficiente de diputados fue imposible de congregar, ya sea por dificultades económicas confrontadas por algunos de ellos para trasladarse a la villa, por los peligros que un viaje a través de territorios cundidos de asaltantes y delincuentes significaba, o simplemente por las dificultades causadas por las lluvias de esos meses. En vista de tales contratiempos, el Vicepresidente de la República para ese momento, Doctor Juan Germán Roscio, concedió facultades al vicepresidente interino, Antonio Nariño, (quien presidía la asamblea) para que instalara el congreso con los 57 diputados presentes. Y así ocurrió, procediendo los presentes a dar forma organizada a los poderes que regirían la nueva república. Bolívar prestó juramento como Presidente de Colombia el 2 de octubre. En el discurso pronunciado en esa ocasión dijo: "El juramento sagrado que acabo de prestar en calidad de presidente de Colombia es para mí un pacto de conciencia que multiplica mis deberes de sumisión a la ley y a la patria (…) la gratitud que debo a los representantes del pueblo, me impone además la agradable obligación de continuar mis servicios por defender con mis bienes, mi sangre y aun con mi honor, esta Constitución que encierra los derechos de dos pueblos hermanos, ligados por la libertad, por el bien y por la gloria".

Luego de sesionar en Cúcuta, los legisladores se trasladaron a Santa Fe de Bogotá donde fijaron su residencia definitiva pues la misma Constitución de Cúcuta designó a esta ciudad como capital de la nueva República y asiento de los poderes públicos. Pero estaba en los planes del presidente de Colombia, Simón Bolívar, continuar su marcha fuera de las fronteras del país, a hacer la guerra a los españoles atrincherados en el virreinato del Perú, pues pensaba con razón El Libertador, que mientras estos enemigos de la independencia mantuvieran este baluarte de la monarquía dentro del territorio suramericano la sobrevivencia de la República de Colombia estaría en riesgo. En vista de su inminente campaña militar, Bolívar decidió transferir el ejercicio de la Primera Magistratura, a Francisco de Paula Santander, mientras durase su permanencia en tierras peruanas. El Congreso dio forma legal a la nueva situación surgida con la partida de Bolívar y emitió varios decretos para enmendar la nueva situación. En uno de estos se autorizaba al Presidente en campaña a ejercer el mando de las armas todo el tiempo que estime conveniente, aumentar las tropas en los lugares que vaya liberando, exigir contribuciones en estos lugares, conferir grados y ascensos militares, admitir en su ejército oficiales de cualquier graduación del ejército enemigo, organizar a su arbitrio los países que hayan sido liberados, otorgar recompensas y premios a las personas que hayan contribuido con el éxito de las campañas, castigar los delitos e imponer penas a los criminales, etc. Todo fue arreglado de acuerdo a las leyes de la República de Colombia, pues el Primer Magistrado así lo dispuso.

Y dejando así los asuntos de Colombia en manos de Santander y de los miembros del Congreso, los del Departamento de Venezuela en manos de José Antonio Páez, y los de Quito en manos de Juan José Flores, se marchó Bolívar de Bogotá el día 12 de diciembre. Tomó la ruta hacia el sur del país, rumbo a Pasto, y saldrá de territorio colombiano, una vez obtenida la victoria en la Batalla de Bomboná, en abril del año 1822. Desde Bogotá estarán pendiente de sus acciones y decisiones. Será un continuo cruce de comunicaciones en ambos sentidos, durante los más de cuatro años que durará la estadía de Bolívar fuera de Colombia. Ni Santander ni muchos miembros del Congreso estuvieron plenamente de acuerdo con esta campaña militar de Bolívar ni mucho menos estuvieron de acuerdo con que fuera Cundinamarca la que soportara casi todo el peso de esa campaña. Pero esto último será lo que ocurrirá realmente, pues será desde este territorio de donde saldrá buena parte de la ayuda material requerida para la independencia del Perú. Buenos Aires y Chile, los otros países que también podían hacerlo, negaron esa ayuda. Por tal razón la guerra en el Perú será una empresa totalmente colombiana y por misma razón Bolívar adquirirá en tal empresa una influencia avasallante, una influencia que sectores sociales colombianos temían.

Según vemos, la empresa libertadora del Perú afrontó tropiezos imprevistos. Por un lado, la propia oligarquía del virreinato se sentía a entera satisfacción con el sistema español y preferían el gobierno de su virrey José de La Serna al de Simón Bolívar. Por esto, las reiteradas componendas de encumbrados funcionarios peruanos con dicho virrey, tales como fueron los casos de José de la Riva Agüero, presidente de ese país en 1823, y del marqués de Torre Tagle, también presidente de ese país en 1824, componendas que retardaron la entrada y el triunfo del ejército libertador en suelo peruano.

Por otro lado, estaban los factores que desde Colombia obstruían el éxito de esta campaña de Bolívar. En Bogotá algunos temían que los éxitos de Bolívar en el sur le proporcionaran más prestigio que el que ya tenía. Otros demeritaban la importancia de esa campaña militar, mientras que otros sostenían que la presencia de Bolívar en Colombia todavía era necesaria para acabar con algunos focos de españoles rebeldes existentes aun en el territorio. En una comunicación de agosto de 1822, en respuesta a otra de Santander, donde éste expresaba sus dudas sobre los beneficios de la empresa militar peruana, Bolívar le dice con manifiesta acrimonia: "Usted me repite que debemos cuidar con preferencia nuestra casa antes que la ajena". Por su parte, en el congreso de Colombia, la solicitud de autorización para que Bolívar pudiera ingresar a territorio peruano se tardó varios meses en ser aprobada. Será en junio de 1823 cuando los congresistas aprueben dicha autorización. Y el primero de septiembre entra finalmente Bolívar a la ciudad, después que las autoridades peruanas autorizaran también su ingreso. De manera que Bolívar realiza este movimiento de avance con respaldo legal proporcionado por ambos gobiernos. Quería Bolívar cuidar las formas y respetar la institucionalidad de unos Estados que se estaban erigiendo gracias a su espada libertadora. Él defendía el sistema republicano tanto en su forma como en su contenido. Con su espada, sus ejércitos y sus batallas, había luchado durante casi tres lustros por la independencia del territorio suramericano, por dar a estos pueblos una forma de gobierno sustentado en la voluntad popular, y por convertir a sus habitantes en ciudadanos con pleno goce de sus derechos. Y él, presidente de la República y jefe de los ejércitos libertadores, debía dar el ejemplo a los demás funcionarios y al resto de los ciudadanos, respetando y defendiendo las instituciones y leyes sobre las cuales se erigían los recientes estados.

Para añadir mayor respaldo legal a su presencia en tierras del virreinato, en febrero de 1824, el Congreso Constituyente de Perú confirió a Bolívar poder dictatorial. El decreto, en uno de sus párrafos, reza así: "sólo un poder dictatorial depositado en una mano fuerte, capaz de hacer la guerra, cual corresponde a la tenaz obstinación de los enemigos de nuestra independencia, puede llenar los votos de la representación nacional". Bolívar aceptó este nombramiento sin esperar ninguna reacción adversa de Colombia, dada la confluencia en su persona, en ese mismo momento, de varias investiduras. Fungirá desde entonces, al mismo tiempo, como presidente de Colombia y Dictador del Perú, así también como jefe del ejército de Colombia y del Perú respectivamente. Era por tanto Bolívar, en ese momento, el hombre más poderoso de América. Todos los jefes militares suramericanos reconocían su liderazgo. Los pueblos se rendían a sus pies, las damas lo querían a su lado. La mitad del territorio suramericano y su población concomitante obedecía sus mandatos. Y fue tal concentración de poder la que hizo levantar resquemores en el vicepresidente de Colombia y algunos legisladores colombianos. Temor y envidia provocaban en éstos el poder, prestigio y la gloria reunida en la persona del gran caraqueño. Para contrarrestar entonces ese poder de Bolívar procedieron a tomar desquite del que se había convertido para ellos en una figura demasiado incómoda. Y procedieron a dejar sin efecto el acto legislativo de su propia autoría que otorgaba a Bolívar poderes extraordinarios, mientras estuviera en campaña militar. Será despojado así Bolívar del mando de las tropas colombianas en un momento por demás delicado, pues se estaba en vísperas de la confrontación final con las fuerzas del virrey La Serna. El día 28 de julio de 1824 fue sancionado por el Congreso colombiano el acto legislativo confiscatorio y el mismo día el vicepresidente puso el ejecútese. La comunicación del Congreso de Colombia informándole de tal decisión la recibió Bolívar en octubre siguiente, mientras se encontraba en los preparativos de la batalla que pondría fin al dominio español en Suramérica.

La reacción de Bolívar no fue la que se podía esperar de un hombre tan encumbrado como era él entonces. Sin duda que se irritó mucho, pues así lo deja ver en algunas comunicaciones a sus amigos, pero mostró sumisión respecto a un acto legislativo que le arrebataba lo más querido por él desde que se hizo hombre público: la jefatura de las tropas y con ello el privilegio de conducir a éstas en la más importante batalla por la independencia del continente suramericano, Ayacucho, que tendría lugar pocas semanas después de su destitución. Se sometió sin ambages al dictado de la institución legislativa colombiana. Aceptó su destitución, entregó el mando del ejército a Antonio José de Sucre y se retiró a la hacienda La Magdalena, cerca de la ciudad de Lima, lugar donde recibiría en diciembre siguiente la noticia de la victoria obtenida por Sucre en Ayacucho.

Tal comportamiento de Bolívar en esa ocasión es lo que nos ha movido a escribir este ensayo. Su comportamiento deja ver a un Bolívar apegado a la letra de la ley, sumiso a lo dispuesto por el Congreso, no obstante que tal disposición le arrebataba la jefatura de unas tropas que él había reunido, organizado y adiestrado. Tales tropas constituían el más poderoso ejército existente en el continente suramericano en ese momento. Sus efectivos sumaban más de quince mil hombres, entre los cuales se encontraban colombianos, peruanos, argentinos, ecuatorianos, venezolanos y británicos. Todos respetaban a Bolívar y se mostraban complacidos, además de seguros, de hacer la guerra con su jefatura. A su voz lo que él disponía era inmediatamente acatado por estos hombres. Tenía todo a su favor para rebelarse, pero no lo hizo.

Algunos días después, cuando dio a conocer a sus tropas y oficiales la disposición del Congreso separándolo del ejército, esos compañeros de armas le hicieron saber que no estaban dispuestos a cumplir tal instrucción y que él debía hacer lo mismo. Sin embargo, Bolívar intervino, apaciguó los ánimos e hizo que todos acataran la disposición del cuerpo legislativo bogotano. Para su entendimiento superior esa resolución del Congreso era simple trastada que como tal no iba a distraerlo de lo más importante en ese momento que era ayudar a Sucre y a las tropas a prepararse para enfrentar la gran batalla que se avecinaba. Nada lo desvió de este propósito. Sabía que de tal victoria dependía la suerte futura de Colombia. Ayacucho era la prioridad. Lo demás era secundario. Luego habría tiempo de arreglar cuentas con Santander y demás adversarios suyos enquistados en algún puesto de la administración del Estado colombiano.

Resulta admirable el desempeño mostrado por el Libertador en esos días ingratos para él. A pesar del enfado que provocó en su persona el acuerdo legislativo, fue capaz de sobreponerse al mismo y guardar la compostura esperada en un verdadero estadista. Pensó incluso en renunciar a la presidencia y no regresar jamás a Colombia. A los mezquinos legisladores causantes de su malestar les escribió por esos días: "En lugar de darme las gracias por mis servicios se quejan de mis facultades, unas facultades que yo no he pedido". Pero no pasó de aquí su disgusto. Su superior inteligencia le permitió saber muy bien cual debía ser su actitud como magistrado en ese momento crucial para Colombia. Había que defender ante todo la República, sus instituciones, la Constitución, sus magistrados. El ejército, con sus oficiales y sus tropas, se debían a esa República. No estaban estos al servicio de sus jefes, sino del Estado. Y él como Jefe Supremo y Presidente debía dar el ejemplo como primer garante de la institucionalidad. Y así lo hizo. Entonces se dedicó por entero a conseguir lo que en ese momento era al mismo tiempo urgente e importante: derrocar al poderoso ejército español del virrey La Serna acantonado en la cima de los andes. El 9 de diciembre tuvo lugar el choque entre los dos ejércitos, obteniendo el triunfo las fuerzas de la república. Esa extraordinaria victoria lo sacó de su enojo y le dio a entender que su comportamiento en esas semanas previas había sido el adecuado. Ahora su prestigio y poder eran mucho mayor. De manera que en Colombia aquellos que le arrebataron el mérito del triunfo en Ayacucho debían sentirse frustrados y temerosos, mientras que él recibía junto a Sucre todas las mieles del triunfo.

Ese desempeño virtuoso del Libertador debería ser ejemplo a seguir siempre por los gobernantes venezolanos, y sobre todo, por los actuales, pues sostienen estos inspirarse en el gran caraqueño para llevar adelante lo que llaman la Revolución Bolivariana. Pero la triste verdad es que tal inspiración no es más que simple consigna, mero barullo, pura charada, tal como lo corrobora la terrible tragedia nacional provocada por la pésima gestión del presidente Maduro y su funcionariado. Distancia infinita existe entre lo que constituye la figura del Libertador y lo que hace o deja de hacer a diario este gobierno. Nada que ver entre uno y otro. Bolívar representa, como hemos visto, lo excelso, lo virtuoso, la abnegación el desprendimiento, la pulcritud, la honestidad, el patriotismo, la entrega por la patria, el respeto por las instituciones republicanas, el sacrificio por la soberanía nacional y ciudadana. Y por tales cualidades es que se le reconoce como el mejor Magistrado de la República de Venezuela. Mientras que los actuales regidores son todo lo contrario. Representan estos la charlatanería, la bufonada, los vicios, el delito, la corrupción, el despilfarro, el irrespeto, el desorden, el fracaso, la arbitrariedad, la violación de la ley, la carencia de toda virtud.

Y por ser así tales regidores, contrapuestos al pensamiento y obra de Bolívar, es que las violaciones a la Constitución Bolivariana por parte de ellos es ahora asunto recurrente. Algo que jamás ocurrió con El Libertador, mientras éste fue presidente de la República, a pesar de haber estado envuelto él por un contexto pleno de dificultades, peligros y carencias. Lo de la violación a la Constitución no es invento malicioso nuestro. Pasemos de seguidas a reseñar algunos de estos eventos transgresores cometidos ahora en tiempos de la "Revolución Bolivariana".

1. Desconocimiento de los resultados electorales en el Estado Amazonas, realizados 6 de diciembre de 2015. En este caso se violaron, entre otros los artículos 62, 63, 66 y 125 de la CRBV.

2. Suspensión de los procesos electorales regionales pautados para diciembre de 2016. Se violaron los artículos 62, 63, y 160.

3. Suspensión, por parte de tribunales de algunos estados del país gobernados por militantes del PSUV, del proceso referendario al presidente de la República solicitado por la organización política MUD. Aquí se violaron los artículos 62 y 72.

4. Designación por parte de la Asamblea Legislativa anterior, de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, sin cumplir las disposiciones legales para ello. Tal designación fue realizada el 23 de diciembre, pocos días después de dichas elecciones, sin que hubieran tomado posesión los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional. En esta oportunidad se violaron los artículos: 254, 255 y 263.

5. Decreto presidencial a través del cual se autoriza a empresas nacionales y extranjeras la explotación del Arco Minero del Orinoco. Se violaron los artículos 73, 119, 120, 127 y 129.

6. Acto ejecutivo por el cual se decreta la emergencia económica de Venezuela, en más de dos ocasiones. Se violó el artículo 338 y el y 239.

7. Negación de los ministros del gobierno a rendir cuentas de su gestión ante la Asamblea Nacional. Se ha violado el artículo 244

8. Suspender la obligación ejecutiva de entregar a las gobernaciones regentadas por funcionarios opositores el presupuesto correspondiente Se viola el artículo 167.

9. Desconocimiento de la Asamblea Nacional. En este caso se ha violado el artículo 187 que corresponde a las competencias de este órgano del Poder Público venezolano.

Como vemos, este es un gobierno que dejó muy atrás el ejemplo de Bolívar. La transgresión reiterada a la Constitución Bolivariana de su parte así lo corrobora. A Bolívar lo tiene tal gobierno como simple muletilla, una especie de recurso utilitario que sirve para todo. Atrás bien lejos quedaron sus ideas políticas, su buen ejemplo de ciudadano, su condición de estadista, su enjundia emancipadora. Esto importa un bledo. Lo que importa es el rédito político que su figura brinda a un gobierno que ya no convence. Se mantiene porque vence por la fuerza, por el uso arbitrario de su poder y de las transgresiones a las leyes. Pero lo cierto es que dejó de convencer a la mayoría nacional, mayoría que sufre la tragedia de su pésima gestión.



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Sigfrido Lanz Delgado


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