Entre agosto y septiembre de 2015, la frontera colombo-venezolana se convirtió de manera súbita en un escenario de interés mediático mundial. Las medidas implementadas por el gobierno de Venezuela, originaron reacciones de histeria en las clases dominantes de ambos países, quienes a través de las corporaciones mediáticas asociadas al capital monopólico trasnacional, instauraron una matriz de opinión, en la cual, se acusó al gobierno de Nicolás Maduro de provocar una crisis humanitaria.
Como nunca antes, la frontera colombo-venezolana se convirtió en un foco de atención mediática mundial. Los errores cometidos por el gobierno de Venezuela en el marco de la ejecución de dichas medidas, fueron aprovechados para crear una operación mediática. Cabe señalar que (en opinión del autor), dichos errores significaron excesos innecesarios y desmedidos, que además representaron un alto costo político[i].
Ante esa coyuntura, los medios de comunicación oligárquicos, utilizaron la compleja situación de la denominada invasión, así como de los deportados y los regresos voluntarios, para imponer un show en el que las víctimas fueron instrumento de un laboratorio de guerra, y primordialmente, para desarrollar una operación sicológica dirigida a promover el odio y la xenofobia entre los pueblos de los dos países.
Las operaciones mediáticas-políticas desarrolladas, así como la ausencia de un conocimiento objetivo de la problemática fronteriza por parte del gobierno de Venezuela, lo que derivó en un tratamiento del tema carente de rigurosidad científica y coherencia política, fueron variables que redundaron en el posicionamiento hegemónico de un conjunto de mitos sobre la realidad fronteriza que aún dominan la subjetividad de la población.
Tal situación, exige que desde las filas del pensamiento crítico, se asuma el análisis concreto de la realidad fronteriza colombo-venezolana, a partir del reconocimiento de la importancia estratégica de ese espacio (enclave de acumulación de capital y de posicionamiento geopolítico de relevancia para el hemisferio), y de la necesidad de generar políticas cimentadas en el conocimiento objetivo y riguroso, que reconozca la frontera como una entidad dinámica y orgánica a la totalidad social, de tal manera de tener herramientas que permitan la transformación revolucionaria de esa compleja realidad.
A continuación se exponen las narrativas hegemónicas en la subjetividad colombo-venezolana, las cuales han sido fomentados por los aparatos ideológicos, cuyo contenido mitifica y tergiversa los hechos, y desfigura la realidad concreta. De igual manera se presentan las versiones críticas y contra hegemónicas a esas narrativas, como aporte para el debate en un tema complejo y polémico por los intereses, y por los prejuicios que convergen en torno al mismo.
Mito 1: "La frontera está cerrada"
Con exagerada frecuencia y ligereza se habla de una frontera cerrada. Tal afirmación es imprecisa, en primer término, porque lo que se produjo fue un cierre parcial del paso fronterizo, cuyo flujo de población nunca se ha detenido.
Según cifras oficiales, diariamente transitan en promedio por los puentes internacionales de Ureña y San Antonio del Táchira, entre 3000 y 6000 personas. Garantizar los derechos fundamentales de esta población es denominado por los medios de comunicación de Colombia y Venezuela como corredor humanitario, con lo cual de manera intencionada se impone una categoría propia de situaciones de guerra.
Y en segundo término, porque la frontera es un constructo histórico y social en permanente movimiento, en el que se desarrolla un complejo sistema de relaciones que produce y transforma socialmente su magnitud sobre el territorio, y sus formas de expresión sobre la sociedad.
A pesar de las restricciones en los procesos de intercambio (implementadas por los dos países), ese sistema de relaciones sigue orgánico, y la frontera adapta su metabolismo a las nuevas condiciones.
Por tanto, al afirmar que la frontera está cerrada, se confunden los conceptos con el de límite y paso fronterizo, y además, se desconoce la naturaleza compleja y dinámica de la frontera como producción histórica-social.
Mito 2: "La crisis de la frontera se inició el 19 de agosto de 2015"
La frontera colombo-venezolana presenta una carga histórica de opresión para sus pobladores, y para gran parte de sus transeúntes (con mayor énfasis para los inmigrantes indocumentados que ingresan a Venezuela por diversos motivos), quienes han sido víctimas de:
1. La exclusión histórica por parte de los Estados nacionales, en materia de garantía de derechos, servicios públicos y satisfacción de necesidades fundamentales de la población.
2. La vulneración de derechos humanos, sociales y económicos por parte de funcionarios de los Estados nacionales y/o de grupos irregulares que se han posicionado sobre ese territorio.
3. Las diversas formas de acumulación delictiva de capital que han usufructuado y dominado el espacio fronterizo, cuya expresión más violenta y criminal la representa el narco-paramilitarismo.
La frontera colombo-venezolana ha estado signada históricamente por la crisis. La población de la frontera ha tenido que enfrentar las condiciones más adversas y hostiles que sus connacionales para garantizar su existencia y su reproducción social.
Afirmar que la crisis fronteriza empezó con las medidas implementadas por Venezuela, es desconocer los millares de víctimas de pobreza y marginación; violación de derechos humanos; así como de violencia material y simbólica contra la población.
Y más grave aún, banalizar, e incluso desconocer la presencia de un factor que ha acentuado la crisis del espacio fronterizo, las estructuras narco-paramilitares, las cuales se han venido posicionando durante los últimos quince años, en todas las dimensiones del espacio fronterizo, entre las que se destacan:
i) el conjunto de actividades económicas legales e ilegales, allí se incluyen las operaciones de cambio monetario ilícitas, el lavado de dinero y las transacciones de capital ficticio y el contrabando en sus múltiples formas, así como el tráfico de narcóticos, armas y seres humanos;
ii) la cultura y la política fronteriza, permeada por una subjetividad mediada por el miedo y la auto-censura. Se trata de todo un imaginario de control social y represión;
iii) el control de territorios y de poblaciones enteras mediante el uso de la coerción y la violencia sobre la base de aparatos armados.
Todos los elementos referidos, demuestran que el narco-paramilitarismo tiene como objetivo instaurar un Estado de facto en la frontera colombo-venezolana. Esta situación es omitida por quienes hoy afirman que la frontera colombo-venezolana antes del cierre del paso fronterizo era un lugar signado por la armonía y el progreso económico-social, lo que permite inferir que estos voceros están relacionados, o al menos simpatizan con estos factores criminales.
Mito 3: "La frontera colombo-venezolana está viviendo en estos momentos una crisis humanitaria"
El gobierno de Colombia en pleno, actores políticos de la derecha colombo-venezolana, y el cartel de corporaciones mediáticas locales, nacionales e internacionales, llevaron a cabo una intensa campaña para señalar a Venezuela como responsable de una crisis humanitaria ante la opinión pública mundial.
En ese contexto se produjo un desborde de noticias, reportajes y documentales, en los cuales se divulgaba la situación de las víctimas de deportación por parte de la República Bolivariana de Venezuela.
También reseñaron con una cobertura extraordinaria, los testimonios de las personas que decidieron retornar de manera voluntaria (casi siempre cargando con parte de sus bienes personales y familiares), quienes afirmaban que escapaban de Venezuela por miedo.
La realidad es que en la frontera colombo-venezolana se vive una crisis humanitaria, pero la misma no empezó el 19 de agosto de 2015.
La auténtica y verdadera crisis humanitaria de la frontera colombo-venezolana existe desde hace al menos tres décadas, y su momento más crítico se produjo durante los sucesivos gobiernos del ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (entre 2002 y 2010), cuando se instauró de manera explícita un régimen que auspició el terrorismo de Estado.
En ese periodo el pueblo de Colombia (especialmente el campesinado), fue víctima de una operación sistemática de despojo de sus tierras y de desplazamiento forzoso, hay pruebas irrefutables, e incluso sentencias judiciales que evidencian que ese crimen se materializó por la acción coordinada de jerarcas de las FFAA de ese país, con grupos narco-paramilitares, que en conjunto, profundizaron la concentración de tierras en manos del sector latifundista, el más delincuente de la oligarquía colombiana, y con ello se facilitó además el desarrollo de mega proyectos de inversión extranjera.
La asociación entre la clase terrateniente colombiana con el capital monopólico trasnacional, generó el desplazamiento interno más escandaloso de la historia de Colombia (las cifras más conservadoras estiman que se aproxima a cinco millones de personas), el cual es reconocido como uno de los más terribles del mundo, únicamente comparable al dado en situaciones de guerra como las de Iraq, Libia, Yemen y Siria.
Pero el desplazamiento forzoso descrito (criminal y empobrecedor), también se produjo hacia otros países. Según la ACNUR, Venezuela y Ecuador son los principales receptores de refugiados en todo el hemisferio, y precisamente la frontera colombo-venezolana, ha sido escenario de la afluencia masiva de millares de seres humanos que huyen de la miseria y la opresión producida por la alianza orgánica entre el terrorismo de Estado y el paramilitarismo contra los campesinos colombianos.
Familias colombianas huyen de su país perseguidas por la muerte y la desolación. Además de la precariedad económica que caracteriza esa migración involuntaria, trae consigo población con daños sicológicos severos (víctimas directas o indirectas de violaciones, descuartizamientos con moto sierras, entre otras prácticas del modelo de seguridad democrática paramilitar-uribista). Pero esa situación es omitida y censurada por las clases dominantes de Colombia y sus medios.
Estos ciudadanos llegan a Venezuela sin dinero, sin bienes, y sin conocimiento de sus derechos, es decir, en unas condiciones de desamparo terribles. Muchas veces desconocen los trámites para solicitar el refugio, e ingresan a Venezuela en condiciones de ilegalidad, y con una situación material que los expone a ser víctimas de las múltiples formas de opresión localizadas en la frontera.
Muchas veces estas personas son re-victimizadas por los mismos grupos narco-paramilitares que asesinaron sus familiares y les expulsaron de sus pequeñas propiedades, recordar que Los Urabeños y Los Rastrojos, cuya presencia en la frontera es reconocida, han sido punta de lanza en esta práctica en Colombia.
Estas familias huyen de la violencia y la opresión padecida en Colombia, y se encuentran en la frontera colombo-venezolana con un mundo igualmente hostil, dominado de facto por los mismos grupos y las mismas prácticas criminales que motivaron su éxodo. Lo que redunda en resignación y desesperanza, y tiende a determinar su inserción directa o indirecta en actividades ilícitas como medio para sobrevivir.
Las estructuras narco-paramilitares encuentran así un contingente de seres humanos vulnerables, para explotarles en condiciones similares a la esclavitud.
Esos seres humanos originariamente productivos y emprendedores en sus comarcas, experimentan un proceso de envilecimiento que les transforma en lumpen (condicionados por la imposibilidad de satisfacer sus necesidades vitales), por lo cual es fácil emplearlos como instrumentos para la acumulación delictiva de capital que favorece a las oligarquías de ambos países, y que es dirigida y usufructuada por el capital monopólico trasnacional, el cual capta una ingente cantidad de renta mediante transacciones de capital ficticio, legitimación de capitales, tráfico de narcóticos, armas y seres humanos, mientras acusa a través de sus agencias serviles e hipócritas a Venezuela de violación de derechos humanos.
Pero esta crisis humanitaria, la verdadera, la que padecen millares de seres humanos desde hace décadas, no fue, no es y no será reseñada por ningún medio de comunicación servil a las oligarquías, porque a los mismos no les interesa la suerte de los pobres. Simplemente les utilizaron para sus mezquinos intereses políticos y económicos.
Los actores políticos de los dos países, salvo honrosas excepciones, tampoco denuncian esta situación. Y cuando tienen la osadía de hacerlo, desconocen a fondo la realidad.
Las víctimas de esta carga histórica de crisis humanitaria: las miles de familias colombianas (refugiadas formales e informales en Venezuela), así como las familias venezolanas y colombo-venezolanas que padecen la presencia del crimen organizado, no merecen una portada de la prensa oligarca de Colombia, de Venezuela o del mundo, mucho menos unos minutos en las millonarias televisoras al servicio del capital trasnacional.
Pero otra demostración del signo hipócrita de los presuntos defensores de Derechos Humanos, se evidencia al observar que los centenares de deportados, y las familias que huyeron de manera voluntaria en el marco del cierre del paso fronterizo de agosto de 2015, fueron protagonistas de primer orden mientras fueron útiles para los intereses de la burguesía colombiana: unas semanas después fueron desechados.
En el momento del boom, entre más penosa y precaria fuera la situación de esas personas, más cobertura mediática se desplegaba sobre ellas. El drama de seres humanos era aderezado con música incidental, tonos en blanco y negro. Rostros compungidos y lágrimas desbordadas le daban composición a las fotografías de ese drama, mientras se escuchaban expresiones de repudio al régimen dictatorial castro-comunista venezolano.
Como se señaló, esos seres humanos fueron desechados cuando dejaron de ser útiles. Muchas de esas familias se encuentran hoy en la indigencia en ciudades como Cúcuta. El tratamiento del gobierno colombiano es la re-victimización a través del desalojo de sus frágiles e inhóspitos ranchos, y el de los medios de comunicación es su criminalización, la indiferencia y la censura.
Otro indicador de la hipocresía de la oligarquía trasnacional, está relacionado con el hecho de que las personas usadas como instrumento para conmover al pueblo colombiano y al mundo entero en su retorno a Colombia, no recibieron el mismo tratamiento cuando huyeron de su país hacia Venezuela, por motivos lo suficientemente conmovedores, como el hambre, la exclusión o el terrorismo de Estado.
La tragedia humana que se vive todos los días en la frontera colombo-venezolana no será transmitida, pues no merece cobertura mediática de los medios de la burguesía, en razón de que dicha tragedia es producida por la acción política, económica y terrorista de esa misma clase social criminal e hipócrita.
Mito 4: La crisis económica venezolana se produjo por la frontera, pues en ésta última se originaron fenómenos como el "bachaqueo", el "cadivismo", entre otros
La crisis económica en Venezuela, no es una particularidad de la totalidad social, por el contrario, es una expresión concreta a la crisis estructural del sistema capitalista.
La situación actual en Venezuela es producto de las relaciones orgánicas instauradas durante el último siglo entre nuestra formación económico-social venezolana y el mercado mundial, en virtud de la inestabilidad y la vulnerabilidad de un país cuyo crecimiento, e incluso, cuya capacidad de consumo está condicionada por el ingreso petrolero (éste último subordinado a la volatilidad y los intereses del capital monopólico trasnacional).
La crisis en Venezuela no es más que una parte –y una forma de expresión- de la gran crisis mundial. La realidad venezolana no está aislada del sistema-mundo. Por ende, la pretensión de explicar la situación actual de Venezuela, mediante la clasificación de algunos fenómenos que ciertamente distorsionan la economía, carece de rigor y es reduccionista, en la medida en que no identifica las relaciones y las fuerzas que la determinan.
Por otra parte, la frontera no es un espacio aislado o fragmentado del resto del país. En apariencia, los vicios y las corruptelas que se aprecian en la frontera son una especificidad que corroe de manera paulatina a la totalidad de la nación, pero en esencia, el espacio fronterizo es un escenario que permite hacer explícitas las prácticas gansteriles que caracterizan el modelo de apropiación y acumulación de la renta inherente a una formación económico-social como la venezolana.
Basta con apreciar el origen de la riqueza de la burguesía nacional, para evidenciar que la base material de esa clase social es el peculado, el tráfico de influencias y la corrupción generalizada. Lo que sucedió con el "bachaqueo" y el "cadivismo", fue que se hicieron masivas estas prácticas, y las mismas fueron visibles en la frontera, porque en este espacio se presentaron condiciones favorables para desarrollarse.
Como es sabido, esas prácticas se han generalizado en todo el país, y ahora han generado mafias que controlan un mercado paralelo de divisas, e incluso, un mercado paralelo de bienes y servicios.
El "bachaqueo" y el "cadivismo" no son causas, sino síntomas y repercusiones de una economía descompuesta por profundos y agudos desequilibrios de orden monetario (con unas tasas de cambio diferenciado que estimulan operaciones ilícitas en la medida en que producen tasas de ganancia astronómicas).
Además, el "bachaqueo" y el "cadivismo" son apenas el reflejo y las formas microscópicas de fraude –desarrolladas por las capas medias y el lumpen-, de las prácticas delincuenciales de desfalco de la nación que han aplicado las clases dominantes del país durante al menos un siglo.
Desfalco que ha orientado gran parte de su volumen hacia sectores mafiosos trasnacionales, que mediante agencias de capital ficticio como Dólar Today, aprovechan una legislación irregular y vulnerable para el desarrollo de operaciones de especulación financiera-monetaria y de legitimación de capitales.
Los centenares de miles de millones de dólares desfalcados de la nación, constituyen la raíz de la crisis actual. Durante más de una década se han generalizado prácticas como la exportación fraudulenta de capitales, falsificación y sobrefacturación de importaciones, adquisición de mercancías deterioradas y/o inutilizables, configuran a grandes rasgos el conjunto de operaciones delictivas mediante las cuales la burguesía y los sectores corruptos de la burocracia se apropiaron de la riqueza nacional.
Por tanto, resulta irresponsable –e incluso ofensivo para la inteligencia de la población-, afirmar que el foco fundamental del desangre económico del país se encuentra en la frontera colombo-venezolana, cuando en la realidad, la banca nacional e internacional han sido el canal para cometer este crimen de lesa Patria, ante el silencio cómplice (o en el mejor de los casos pusilánime) de los administradores de la economía nacional.
Mito 5: Por la frontera colombo-venezolana se extraía vía contrabando el 40% de las importaciones venezolanas
Esta afirmación de un dirigente político fue repetida en innumerables oportunidades. Medios de comunicación, actores políticos de gobierno y de oposición, así como la población en general, dieron esta cifra como cierta, a pesar de que no fue explicado el método de cálculo y/o los elementos que ayudaron a elaborar esa estimación.
Desde el punto de vista de las redes y los flujos de mercancías importadas, es altamente improbable que esto suceda. Además, implicaría una colosal movilización de logística que sería excesivamente visible.
En todo caso, el contrabando de extracción no se produce únicamente por la línea fronteriza colombo-venezolana. Los países vecinos del Caribe reciben ingentes cantidades de mercancías provenientes de Venezuela, muchas de ellas importadas (lo que significa una fuga de capitales). También hay denuncias de un enorme flujo de combustible, metales preciosos y minerales hacia Brasil.
Por tanto, esta afirmación imprecisa y poco rigurosa, se convirtió en una narrativa –generalizada-, que estigmatiza y criminaliza a la población de la frontera colombo-venezolana, como la responsable de desangrar la economía nacional.
Mito 6: "El cierre de la frontera iba a frenar, a través de un torniquete el contrabando de extracción, y con ello se iba a reducir el desabastecimiento y con ello la inflación y la usura
El cierre del paso fronterizo significó el derrumbamiento de dos fábulas.
En primer lugar, que se erradicaría el contrabando de extracción, el cual sigue vigente por la acción sistemática de factores criminales que han adaptado esa práctica ante la presión generada por las astronómicas tasas de ganancia que se obtienen a través de esa actividad ilícita (algunos afirman que es más lucrativa que el narcotráfico), para tal efecto se ha activado un sistema de trochas para garantizar el flujo de determinadas mercancías, especialmente el combustible, y otros compuestos químicos vitales para la producción de cocaína.
En segundo lugar, que el desabastecimiento es producido únicamente por el contrabando. La verdad es que el contrabando de extracción afecta notablemente los índices de abastecimiento, pero no es el único factor que determina esa crisis. Las importaciones fraudulentas, el complot económico, y primordialmente, la creación de un mercado paralelo e informal, son factores clave de la crisis de abastecimiento nacional. Ese mercado paralelo mencionado, es todo un sistema de distribución que tiene la capacidad de ofrecer mercancías escasas en el mercado formal, a precios exorbitantes, lo que produce una tasa de ganancia extraordinaria (sus productos se tranzan a precios del mencionado Dólar Today, es decir, cien veces más costosos que en la tasa oficial para productos de primera necesidad).
Ese mercado paralelo genera enormes ganancias para las propias corporaciones que monopolizan algunos productos en el país (sin cuya participación activa y sistemática sería imposible su existencia), para funcionarios civiles y militares corruptos que permiten su materialización, y para un ejército de pequeños y medianos comerciantes que constituyen la última cadena de esta red de usura.
Además, ese mercado paralelo ha sido el caldo de cultivo para producir un proceso de envilecimiento y lumpenización de parte de la población, que se dedica de manera directa o indirecta a obtener beneficios mediante la re-venta de productos adquiridos a precios subsidiados o regulados.
Mito 7: "La población de la frontera es apátrida por contrabandista y paramilitar"
Desagravio al pueblo de la frontera
Una de las narrativas más deformadas y peligrosas que se posicionaron en la subjetividad de gran parte de la población, está relacionada con la criminalización de la población de la frontera, señalada como apátrida, contrabandista y paramilitar.
Las explícitas acciones de signo ilícito que se cometen en la zona fronteriza, en apariencia significan que la población de la misma demuestra una clara tendencia hacia las actividades delictivas, e incluso, es cómplice de la presencia paramilitar.
La verdad es que esas acciones ilícitas se producen sobre la totalidad de los territorios de los dos países. En el caso venezolano, las mercancías que son extraídas del país, realizan un extenso recorrido, desde las plantas industriales o desde los puertos del país, hasta la línea fronteriza.
En el espacio fronterizo se hacen más visibles esas prácticas, por la presencia creciente del para-Estado, el cual determina que la frontera se conciba como un espacio sin leyes, un mundo dominado por la corrupción.
Como en todas las regiones del país, una proporción de la población fronteriza es captada para el desarrollo de estas actividades ilícitas. Eso no significa que la población de la frontera sea apátrida y mucho menos paramilitar.
En todo caso, una parte de esa población es tan apátrida por contrabandista: como los funcionarios tributarios y aduaneros que permiten el fraude; los guardias nacionales y policías de las numerosas alcabalas que en vez de controlar los flujos ilegales de mercancías en Venezuela se dedican a cobrar vacunas; y los funcionarios de Sunagro, Sada, Sundee y un largo listado de organismos, que siendo responsables de regular esos flujos de mercancías en las zonas fronterizas y en todo el territorio nacional, más bien otorgan licencias a las mafias para que destruyan la economía nacional.
En cuanto al paramilitarismo, el pueblo de la frontera es víctima del posicionamiento impune –ante la irresponsabilidad del Estado de garantizar sus derechos- de esas estructuras. Además de los tributos, el control social y el régimen de terror impuesto por los grupos paramilitares en la frontera, la población tiene que exponerse a la re-victimización simbólica al ser objeto de generalizaciones arbitrarias.
Por supuesto que el paramilitarismo ha captado parte de la población para sus agencias de finanzas, propaganda, inteligencia, control social y sus aparatos político-militares, pero la mayoría del pueblo de la frontera es víctima de esa presencia irregular en Venezuela.
Mito 8: Los paramilitares son colombianos/ Los paramilitares viven en la frontera
El paramilitarismo es una expresión del signo criminal de la burguesía mundial. Este fenómeno no es exclusivo de Colombia, más bien es una táctica del capital monopólico trasnacional, mediante la cual se organizan ejércitos irregulares para defender sus intereses de clase.
Sus formas actuales están determinadas por una doctrina creada desde finales del siglo XX bajo la égida del neoliberalismo, en la cual se fue consolidando en el mundo un paradigma de privatización de la guerra.
Los grupos paramilitares de Colombia son la versión criolla de los "contratistas de seguridad" más sofisticados del mundo. Se trata de grupos de mercenarios profesionales, especializados en el exterminio y la aniquilación humana por motivos políticos y económicos.
Los paramilitares son estructuras creadas por los poderes fácticos del mundo, dirigidos desde el centro de poder hegemónico en el mundo: los EEUU; tal cual como ha sucedido con el denominado Estado Islámico, los grupos de exterminio de centro América y los aparatos de guerra de la frontera entre EEUU y México.
De hecho, la organización, el entrenamiento y la doctrina político-militar (así como las prácticas despiadadas) de las estructuras paramilitares colombianas, fueron instruidos por especialistas provenientes de Israel, Gran Bretaña, Francia y los EEUU.
Lo que los medios burgueses pretenden presentarnos como una manifestación de barbarie caribeña y subdesarrollada, es un producto diseñado por aparatos de guerra de reconocidas relaciones orgánicas con los gobiernos de los países metropolitanos.
El paramilitarismo es la denominación que se generalizó en Colombia, para un conjunto de ejércitos irregulares –coordinados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)- integrados por mercenarios.
Desde sus inicios esas estructuras contaron con la presencia extranjera en calidad de especialistas asesores e instructores (y también como tropa).
El origen de su presencia en Venezuela fue reseñado oportunamente por dos noticias de la prensa colombiana:
§ En primer término, en 1999 la prensa colombiana recogió declaraciones de Carlos Castaño líder de los paramilitares en las cuales afirmaba haberse reunido con 140 empresarios y ganaderos de los estados Zulia, Táchira y Barinas para negociar la "siembra" de paramilitares en territorio venezolano (…) pocos días después, paramilitares fueron capturados con armas de guerra, mapas de la zona y una lista de nombres de líderes campesinos. En el interrogatorio, estos paramilitares declararon haber sido contratados por el general (GN) Enrique Medina Gómez por el monto de 75 millones de pesos con el fin de llevar a cabo acciones de sicariato.
§ En segundo término, el mismo Carlos Castaño, ex comandante máximo de los grupos paramilitares confederados en las Autodefensas Unidas de Colombia, declaró al diario El Tiempo de Bogotá el 29 de junio de 2002, que envió tropas e instructores hacia Venezuela para enfrentar a Chávez.
Según diversos estudios, se ha conocido que la invasión en territorio venezolano contó con unidades de tropa conformadas por mercenarios de origen colombiano, centroamericano, caribeño y árabe. Asimismo, para su consolidación en territorio venezolano fue imprescindible la cooperación de agentes internos. Por tanto, su presencia en Venezuela también es trasnacional.
El paramilitarismo es una expresión de privatización de la guerra implementada por el capital monopólico trasnacional. Por tal motivo es lógico que sus estructuras estén integradas por ciudadanos de todos los países. De hecho en Colombia se ha evidenciado que venezolanos y venezolanas –probablemente captados y entrenados en el marco de su invasión a nuestro país- han comandado estructuras medias de grupos como Los Urabeños.
En cuanto al posicionamiento de paramilitares en Venezuela, es necesario destacar que algunos hechos han demostrado que la presencia de esas estructuras no se limita al espacio fronterizo. Por ejemplo la denominada Operación Daktari (2005), la cual tenía como objetivo atacar al palacio de gobierno y asesinar al presidente Hugo Chávez. Dicha operación militar fue descubierta y desmontada a escasos kilómetros de Caracas, y constituye un hito histórico de la invasión paramilitar en Venezuela.
Asimismo, durante los últimos años, son reiterativas las acciones criminales desarrolladas por bandas criminales (usadas como anclas territoriales) asociadas directamente con estructuras paramilitares.
Por último, es imprescindible señalar que la invasión mercenaria de Venezuela, no se produce únicamente a través de ejércitos irregulares que se posicionan y controlan territorios de manera sistemática.
La invasión paramilitar hacia Venezuela es multidimensional, pues combina los siguientes elementos: la presencia de factores armados que ejercen control social y coerción; la penetración de la cultura narco-paramilitar desarrollada mediante medios de comunicación (muchas veces con la complicidad explícita de sus propietarios); la incursión en actividades económicas estratégicas, tales como los hidrocarburos, la minería, el comercio de alimentos, el transporte, entre otras; la instauración de un ejército de informantes, cobradores de tributos arbitrarios (las denominadas vacunas); la acción de operadores políticos que se dedican a negar su existencia, y peor aún, a defender los intereses mercenarios en detrimento de los de la nación.
Mito 9: Con la reapertura del paso fronterizo se solucionan todos los problemas
Así como el cierre del paso fronterizo no significó la finalización de los problemas que se adjudicaban a ese intenso flujo, la reapertura de dicho paso no decretará la solución de dichos problemas, tal y como dicen voceros de la derecha y gremios económicos.
El problema de fondo no está en el cierre o la apertura del paso fronterizo, sino más bien, en la corresponsabilidad que debe existir entre los gobiernos de los dos países y sus ciudadanías, para transformar las condiciones que han determinado la presencia del Para-Estado y de la Economía delictiva en la frontera.
Y en el caso de que la República de Colombia se niegue a cooperar con voluntad política real en la transformación de dichas condiciones (como ha sido la tendencia hasta el momento), la República Bolivariana de Venezuela tiene la obligación de tomar las medidas enérgicas y sistemáticas para contrarrestar este ataque contra hacia los intereses de la Nación (medidas económicas: monetarias, fiscales y tributarias; de control de migraciones y flujos de materia; y primordialmente, de erradicación de las estructuras paramilitares), pues el conjunto de factores referidos, deriva en la vulneración de la soberanía nacional, y el socavamiento de la economía del país.
Mito 10: La reapertura del paso fronterizo producirá un caos y se facilitará la invasión paramilitar.
Como se ha mencionado, el caos y la invasión paramilitar son hechos consumados mucho antes de las medidas implementadas en 2015.
Es un hecho cierto que desde el cierre del paso fronterizo se han producido golpes importantes a esas estructuras criminales, se ha logrado el ahorro de cerca de 300 millones de litros de combustible, se han incautado 7 toneladas de cocaína y se han dado de baja decenas de comandantes paramilitares.
No obstante, esas medidas han demostrado ser insuficientes para erradicar las estructuras criminales asentadas en la frontera, las cuales, aún con la notable presencia militar y con los puentes bloqueados, tienen la capacidad de mantener posiciones en el territorio y de controlar las trochas o pasos informales, que sirven como redes para el intercambio ilegal de materia.
Es decir, el cierre del paso fronterizo significó un avance (o una recuperación de posiciones) por parte del Estado venezolano frente a la presencia paramilitar, pero estos grupos criminales han tenido la capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias para mantenerse operativos y preservar gran parte de sus intereses.
Esto se debe a que como se expuso anteriormente, el paramilitarismo además estar integrado por órganos político-militares de control territorial y económico, está constituido por agencias financieras, comunicacionales, de inteligencia, entre otras.
Por tal motivo, la ofensiva contra el paramilitarismo debe darse desde una concepción multiagencial y multidimensional, y además de manera permanente hasta su extinción definitiva.
Mantener el paso fronterizo cerrado de manera indefinida, vulnera derechos y es incoherente con la concepción solidaria e integracionista que ha caracterizado a la revolución bolivariana, e incluso con la concepción anfictiónica de Patria que defendieron el Libertador Simón Bolívar y el Comandante Hugo Chávez.
Las evidencias empíricas demuestran que las estructuras paramilitares no requieren de la apertura del paso fronterizo para mantener su presencia e influencia, porque ellos siguen controlando en gran medida las denominadas trochas: los pasos informales e ilegales mediante los cuales se producen flujos de personas y de mercancías.
Aunque muchas personas no lo comprendan, el sistema de relaciones –y los derechos adquiridos históricamente por los ciudadanos que establecen esas relaciones-, que se producen en el espacio fronterizo colombo-venezolano trascienden la coyuntura.
Ciertamente ese sistema de relaciones fue utilizado y permeado por los factores criminales que han generado las condiciones actuales, pero no es la ciudadanía de la frontera la responsable de tal situación, son los Estados nacionales los que tienen la obligación y la competencia (con el apoyo y el concurso de dicha ciudadanía), de enfrentar de manera sistemática y enérgica al Para-Estado que se ha instaurado en la frontera.
Los derechos de la población fronteriza, cuyo tejido social se ha visto afectado (y cuya situación ha sido aprovechada por actores como Álvaro Uribe Vélez para promover abiertamente una guerra entre los dos países), así como las necesidades de complementariedad económica de los dos países, exigen del diálogo binacional para crear instrumentos legales, económicos y político-militares, que permitan erradicar los aparatos que sostienen y obtienen usufructo de la economía delictiva que domina la frontera.
Mito 11: Además de mantener el cierre, es necesario crear una política de persecución hacia la población colombiana ilegal en Venezuela para atacar al para militarismo.
Como se ha descrito de manera somera, el aparato paramilitar es notablemente poderoso. Al punto que tuvo la capacidad de permear de manera escandalosa al Estado colombiano, y recientemente, el grupo Los Urabeños, se dio el lujo de mantener una guerra de posiciones con las FFAA de Colombia –entre las más potentes y preparadas del hemisferio-, donde en una demostración de fuerza, levantaron un paro armado que controló el territorio de 37 municipios de 5 departamentos del noroeste de ese país.
Asumir que estructuras tan poderosas están constituidas por personas humildes y oprimidas que no tienen los medios ni siquiera para regularizarse en Venezuela, es por lo menos ingenuo. Eso no quiere decir que haya casos puntuales de indocumentados lumpenizados que realicen trabajos de inteligencia, entre otros.
Pero los miembros de las estructuras de finanzas, los tanques de pensamiento, los hackers, así como los cuadros militares del paramilitarismo tienen los medios para obtener de manera fraudulenta sus documentos legales en Venezuela. De hecho los mismos poseen extensas propiedades en el país.
Las personas que en nombre del bolivarianismo y el chavismo exigen persecución y deportación masiva contra el eslabón más débil del drama humanitario colombiano, esgrimen actitudes xenófobas y clasistas ante los oprimidos, mientras le rinden pleitesía a los verdaderos criminales, legalizados y propietarios en nuestro país.
Palabras de cierre
La reflexión planteada en el presente documento, expone la opinión y las posiciones personales del autor. Las mismas no son imparciales o neutrales. Si procuran objetividad y rigurosidad (carecen de citas y referencias de fuentes para facilitar su lectura, pero para cualquier indagación o consulta la pueden hacer por el correo electrónico que se publica al final del artículo).
Este trabajo se publicó con la finalidad de problematizar la situación de la frontera colombo-venezolana, desde una posición que asume que el rigor científico y la coherencia política resultan fundamentales para producir los cambios que requiere una realidad tan compleja.
El autor de ninguna manera pretende dar lecciones a nadie, o asumir una posición de experto en la materia. El análisis presentado es una apuesta desde el compromiso con la causa de la verdad y con la revolución bolivariana. Cabe señalar, hay plena conciencia de las susceptibilidades heridas por las críticas esbozadas y por el signo polémico de las consideraciones expuestas.
Ojalá este documento encienda el disenso y las contradicciones ideológicas, para que las comunidades científicas, los gremios y los sectores políticos asumamos con seriedad y responsabilidad el estudio de la frontera colombo-venezolana, no para usufructuarnos del pueblo fronterizo, sino para cooperar en la generación de las condiciones para su transformación revolucionaria.
[i] El primer error, la deportación de un número importante de ciudadanos colombianos en condición de ilegalidad, con lo cual reapareció en la frontera colombo-venezolana, la tradición de un Estado que mediante sus agencias y aparatos persigue y criminaliza la migración transfronteriza, una práctica que había sido abolida desde el ascenso de Hugo Chávez al poder en 1999.
El segundo error, el desalojo mediante la fuerza de parte de un asentamiento urbano informal denominado "la invasión", noción que posee una carga simbólica de alto contenido clasista: inherente a la burguesía. Además la medida se excusó en un discurso que estigmatizó como contrabandistas y paramilitares a toda la población de ese asentamiento, sin distinguir entre víctimas y victimarios de una situación atroz para centenares de familias colombianas y venezolanas, cuya cotidianidad está mediada por la opresión del paramilitarismo.
Los errores se agravan aún más, porque ambas acciones se llevaron a cabo en el marco de un discurso político y un tratamiento comunicacional errático, en la medida en que resultaba incoherente con la tradición radicalmente humanista de la revolución bolivariana, y más bien coincide con la lógica represiva de los gobiernos de derecha que regentaron el poder en Venezuela durante los últimos cincuenta años del siglo XX, que generaron las condiciones intersubjetivas para que –de manera hipócrita- el gobierno de Venezuela fuera acusado de violador de Derechos Humanos en la opinión pública mundial por parte de gobiernos que violan sistemáticamente los derechos humanos, y de medios de comunicación silentes y cómplices ante tragedias humanas que se promueven y se ejecutan desde sus países de origen.
