Con la imputación y privativa de libertad para el alcalde de Caroní, José Ramón López, acusado de los delitos de peculado doloso, concierto de funcionario con contratista y evasión de procesos licitatorios, (tipos penales contenidos en los artículos 54, 58 y 70 de la Ley Contra la Corrupción) se cierra un primer capítulo en la crisis desatada en la alcaldía desde el 27 de agosto, día en que JRL solicitó un permiso de hasta 90 días para atender problemas de salud que debía tratar fuera del país.
Si hablamos de crisis es porque desde un comienzo esta solicitud estuvo signada por dudas, rumores y sospechas. Que eran presiones del gobernador Francisco Rangel Gómez, que era una “salida elegante” ante la Auditoría que le estaba haciendo la Contraloría General de la República, que era una negociación para no ir preso, que era una jugada política para quitarlo del medio, que era una represalia por los saqueos en San Félix, y otras especulaciones por el estilo.
Las propias contradicciones en que fue incurriendo el alcalde alimentaron esas sospechas: a pesar de solicitar autorización para atenderse en el exterior, su intervención quirúrgica se realizó en una clínica de Puerto Ordaz. A pesar de solicitar 90 días de permiso reasumió funciones 17 días después, y sorpresivamente solicitó otros 90 días, dejando entrever una especulación con los tiempos políticos para declarar la “falta absoluta”. El día 25 de septiembre reasumió por segunda vez. Estas idas y venidas, como decimos, lejos de despejar los rumores fueron generando cada vez más sospechas. Para los seguidores/as del alcalde no hay dudas: se trata de una decisión del gobernador Rangel Gómez, enfrentado desde hace años con el alcalde. Hay que decir que si esto fuera así, involucraría o contaría con el apoyo, al menos, de Pedro Carreño, Héctor Rodríguez, Justo Noguera Pietri y otros altos funcionarios o dirigentes del PSUV. Es por eso que resulta llamativo e inaceptable que ni la Dirección Nacional, ni la Dirección Regional del PSUV se hayan pronunciado hasta ahora sobre lo que muchos señalan como una disputa interna del PSUV. Tampoco lo han hecho los candidatos del PSUV ni el responsable político para la región, Héctor Rodríguez.
¿Corrupción o persecución política?
Desde el comienzo de su gestión, en el año 2008, José Ramón López se ganó el afecto de un importante sector del pueblo de Caroní, que lo vio como uno de los suyos, un hombre simple, que camina las calles del pueblo, y cercano a los sectores más humildes. Esto, sumado a algunos éxitos en su gestión (sobre todo en los primeros años), le dio una importante popularidad y en muchas ocasiones se especuló con que podía ser el próximo gobernador del Estado. Los enfrentamientos con Rangel Gómez nunca pudieron disimularse, y si bien ambos se cuidaron siempre de no atacarse públicamente, la disputa (por todos conocida) se dio a través de sus seguidores, periodistas o escribas aliados a uno u otro.
Es por eso que los seguidores del alcalde insisten en culpar al gobernador, llegando al peligroso extremo de minimizar los actos de corrupción, con el argumento de que sería precisamente en la gobernación donde habría más hechos de corrupción. Sin duda una argumentación equivocada, pero que refleja una lamentable realidad: se han desestimado innumerables denuncias de corrupción que involucran a altos funcionarios (por ejemplo la denuncia realizada por Marea Socialista sobre un desfalco a la Nación por el orden de los 260 mil millones de dólares o denuncias a funcionarios de empresas básicas), pero se ha utilizado la “lucha contra la corrupción” como herramienta de sometimiento político en el caso de dirigentes que no se disciplinan a las cúpulas.
Por lo tanto es necesario que se hagan públicas las denuncias, acusaciones y pruebas del caso, para que quede claro si se trata realmente de hechos de corrupción o estamos ante una persecución en el marco de una disputa política.
Al mismo tiempo es necesaria una Auditoría Pública con participación ciudadana a todas las cuentas de la alcaldía de Caroní, de la gobernación y del resto de las alcaldías, así como empresas e instituciones del Estado. Es necesario terminar de una vez con el flagelo de la corrupción, que se está robando no sólo los recursos financieros del país, sino el futuro y la esperanza de millones de venezolanos y venezolanas que creyeron en el proceso de cambio y transformación encabezado por Hugo Chávez.
El pueblo paga los platos rotos
Mientras las disputas de poder continúan, la realidad del millón de habitantes del Municipio Caroní transcurre entre las colas para adquirir los productos básicos, los malabares para lograr que el devaluado salario llegue hasta el 15 y el último, y las peripecias para sobrevivir en una realidad cada día más complicada.
Los primeros éxitos en la gestión del alcalde parecen haber quedado olvidados en el tiempo y la realidad es que nuestra ciudad viene sufriendo un continuo deterioro. Mucha de la popularidad de JRL se ha perdido al ritmo de una ciudad que sufre una pésima gestión en temas como la recolección de residuos, el transporte, el asfaltado, y el mantenimiento general de la ciudad.
La oposición política, como en casi todos los temas, busca como obtener rédito político y electoral (facilitado cada vez más por el propio PSUV), pero es incapaz de hacer propuestas de fondo que resuelvan los problemas que vivimos.
Desde Marea Socialista consideramos que no alcanza solamente con resolver esta disputa de poder ni los aspectos legales que hacen a la sucesión de José Ramón López. Porque mientras, la ciudad continúa deteriorándose. Es necesario comenzar a discutir una visión de Ciudad. Es necesaria la movilización y participación del pueblo en un Proceso Constituyente Municipal que retome las características participativas y refrendarias que están en el origen del proceso bolivariano y que ayude a profundizar el poder real del pueblo y las comunidades.
