En el mundo actual cerca de mil millones de mujeres no son capaces de alcanzar todo su potencial económico, debido a barreras tales como el acceso desigual a las oportunidades, falta de suficiente educación y formación, la falta de apoyo de sus comunidades o gobiernos para entrar en la fuerza laboral y la economía. Un modelo económico de acumulación sin crecimiento conlleva a una concentración de los ingresos y a una exclusión progresiva de los sectores sociales. Así cuando existen elevados niveles de pobreza, se tiende a arrojar una mayor fuerza de trabajo que le mercado laboral no asimila, principalmente fuerza de trabajo femenino, pues cada vez más miembros del hogar se ven en la obligación de compensar los ingresos insuficientes, principalmente en hogares de ingresos medios.

En el período que va de 1950-2000 la fuerza laboral femenina prácticamente se duplicó, al pasar del 20% al casi 40% en América Latina. En este contexto de falta de crecimiento económico, la contracción y estancamiento del mercado laboral y la exclusión son los detonantes y los propulsores de una mayor participación económica de la mujer. Pero esta contracción del mercado trae como consecuencia un aumento del denominado empleo informal. En estas circunstancias económicas en muchos países de la región latinoamericana un incremento de la mano de obra femenina en contraposición de la mano de obra masculina obedeció a su carácter más barato. Pero esto tuvo una consecuencia negativa. La sobreoferta de mano de obra femenina, especialmente la no calificada tiene su impacto en el nivel de los salarios.

Otra prueba más que la economía neoliberal tiende a la exclusión para poder redistribuir (no crear) la riqueza. Para el neoliberalismo en un entorno político de supuesta "social-democracia", una menor inclusión laboral de una población, mayor será la inestabilidad y menor será la seguridad social. Ante esta realidad la única solución posible es una inclusión social planificada. Cambiar la mentalidad tecnócrata del "gasto social" por una más real "inversión social". Solo es viable un proyecto a largo plazo solo si se piensa en el corto plazo. La inclusión social llevada a cabo por la revolución bolivariana, no es una cuestión de "populismo político" como lo catalogan los "expertos". Es justicia social histórica de género. La democratización económica también pasaba por sopesar la cuestión del género en toda su dimensión. El Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, a partir su creación en 2009 ha venido registrando un incremento de un 43,3% las mujeres ocupadas; en 35% la participación de mujeres en altos cargos del poder judicial, siendo hoy en día una mujer su presidenta; 3 de los 5 poderes nacionales son presididos por mujeres y más del 54% de la vocería de base en las comunidades son mujeres.

Una última prueba del impacto que ha tenido a nivel regional la inclusión femenina es le informe de la CEPAL 2014 acerca del Incremento de la participación laboral femenina. Para el estudio se seleccionaron cinco países donde la actividad económica exhibió importantes caídas en algún momento de las últimas décadas: Brasil (1989-1990), Argentina (2001), Uruguay (2002), Paraguay (2008) y Venezuela (2009). En estos países se han registrado incrementos de la tasa de participación femenina y disminuciones de la masculina. Esta evidencia favorecería la hipótesis de que la "oferta laboral femenina se expande en contextos críticos por el efecto del trabajador añadido y la masculina disminuye por el efecto del trabajador desalentado".

El mayor incremento de la participación femenina en el ámbito económico tiene su necesaria repercusión en el ámbito político y en el social. La presencia de la mujer cada vez en es mayor. No solamente se trata de una cuestión proveniente de la teoría sociológica de rol y status, es una realidad palpable la cual involucra a casi la mitad de la población. Esto tiene repercusiones en múltiples aristas y cambia los modos y tradiciones de la sociedad venezolana. Vemos como por ejemplo en el ámbito político hay un enorme rechazo, público y notorio, por parte de los partidos retrógrados, conservadores y antihistóricos que conforman la oposición venezolana acerca del tema de la paridad de género y las elecciones a la Asamblea Nacional del 6 de diciembre.