No es oficial, hasta dónde hemos podido averiguar, pero notas de prensa de empresas privadas atribuyen a "fuentes" que dentro del BCV se ha planteado una revisión de las metodologías y las ponderaciones utilizadas para la determinación de los índices estadísticos que lleva y publica el Instituto Emisor, tanto por sí solo como en combinación con el INE; y dichas notas afirman que incluso, supuestamente, directivos del Emisor estudien la pertinencia de publicar algunos de dichos índices.

Ahora surge otra nota de prensa que agregamos al final de este artículo, nota que sí es oficial y en la que se informa que el Poder Judicial tendrá acceso inmediato a información económica y financiera para impulsar la celeridad procesal; pero privado y sujeto a controles de acceso.

Bien, vayamos por partes, como recomendaba el metodólogo inglés Jack "The Ripper".

Primeramente, debemos precisar que la permanente revisión, mejoramiento y actualización de las metodologías estadísticas es altamente deseable y muy conveniente; por la importancia y utilidad general de la información que permiten determinar, la que siempre debe ser oportuna, cabal, veraz y lo más exacta que sea razonablemente posible, tratándose de muestreos.

De hecho, por ejemplo, en materia del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), y del IPC del Área Metropolitana de Caracas, este último con necesaria aplicación para cálculos con fechas anteriores al año 2008, parte de la base de determinación de los mismos exige otros trabajos estadísticos previos, especialmente la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), la cual sirve, entre muchas aplicaciones, para determinar la composición porcentual del consumo de hogares, tanto por estratos socioeconómicos como por dominios estadísticos (regiones); y dicha composición porcentual por agrupaciones permite las sucesivas ponderaciones para la determinación de los índices globales.

Las ponderaciones son necesarias ya que obviamente no es lo mismo que una agrupación que signifique apenas el 5% del presupuesto de gastos de una familia, sufra un incremento de, digamos, 20%, a que ese mismo incremento del 20% lo sufra otra agrupación que signifique el 30% del mismo presupuesto de gastos de la misma familia. En el primer caso, el impacto porcentual ponderado sería de apenas 1% de incremento en el total, mientras que en el segundo caso, el impacto global sería de 6%, es decir, seis veces más.

Por ello, en el caso del INPC y el IPC del AMC, lo ideal es que la EPF sea actualizada cada dos años, ya que los patrones de consumo se modifican con relativa rapidez, en función de diversas variables.

Por otra parte, también otros índices deben ser revisados y actualizados como, por ejemplo, lo atinente al PIB para recoger realidades propias como es el hecho del efecto de la venta de productos por parte del Estado a precios de costo o con ganancias reducidas; y no estamos refiriéndonos a los subsidios, que es otro tema. Otro ejemplo muy de bulto es el Índice de "Empleo Informal" que en Venezuela, no así en otros países, por simple convención incluye a todos los trabajadores y las trabajadoras que no son profesionales universitarios y que trabajan en empresas formales, registradas, que pagan sus impuestos y cotizan al IVSS; pero tienen cinco o menos trabajadores y trabajadoras.

Igualmente, es altamente provechoso y hasta obligatorio de acuerdo con la novísima Ley del Gobierno Electrónico y la ya conocida Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, que el BCV ponga a disposición una herramienta de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) para que el Poder Judicial tenga acceso eficaz, eficiente y con celeridad a la información estadística que requiera para su actividades; eso es algo que aplaudimos.

Ahora bien, regresando al párrafo inicial, queremos creer que no hay, y no debe haber, una relación entre la supuesta revisión sobre la pertinencia de publicación de algunos índices que publica el BCV y la brillante iniciativa de que el Poder Judicial disponga de dichos índices con la herramienta tecnológica mencionada, pero de forma privada, es decir, de acceso controlado sólo para el Poder Judicial y las partes actoras en las causas, y sólo para cada caso en particular.

Y decimos que no debe haber relación, porque sería muy cuestionable que la iniciativa con respecto al Poder Judicial en relación con "...informaciones económicas, financieras, estadísticas (indicadores de precios), así como la realización de cálculos de correcciones monetarias, tasa de inflación, tasas de interés, tipos de cambio, intereses devengados por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo...", haya sido prevista para "posibilitar" y "justificar" que parte de dicha información vaya a dejar de ser publicada, es decir, comunicada al público en general de manera abierta; aduciendo que para los casos legales estará de la manera restringida arriba descrita. Al menos inquieta el énfasis en la nota oficial con respecto al tema de los indicadores de precios.

Al respecto, debemos acotar que toda la información del BCV no sólo es útil y necesaria, de manera oportuna, veraz, cabal, exacta y bajo metodologías actualizadas, para casos judiciales, sino para fines informativos, analíticos, didácticos, de contraloría social y de sostenimiento de la credibilidad misma de las cifras.

Esta es la nota de prensa del Tribunal supremo de Justicia:

Poder Judicial tendrá acceso inmediato a información económica y financiera para impulsar la celeridad procesal

Prensa TSJ - www.aporrea.org

12/06/14 - www.aporrea.org/contraloria/n252637.html

Crédito: Prensa TSJ

12-06-14.-Las máximas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Banco Central de Venezuela (BCV) firmaron este miércoles un Convenio interinstitucional, gracias al cual las juezas y jueces de todo el país tendrán acceso a un “Módulo de Información Estadística, Financiera y Cálculos Solicitados por el Poder Judicial”, a través del cual los encargados de impartir justicia en el país tendrán a su disposición la información requerida de forma exacta e inmediata.

Con esta herramienta tecnológica, los distintos requerimientos que las juezas y jueces hacen al BCV, como apoyo para dictar sentencias en diferentes materias, sobre informaciones económicas, financieras, estadísticas (indicadores de precios), así como la realización de cálculos de correcciones monetarias, tasa de inflación, tasas de interés, tipos de cambio, intereses devengados por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo, entre otros, se obtendrán al instante, lo cual incrementará la celeridad procesal.

Los datos financieros referidos por los distintos tribunales del país promedian unas 2.500 solicitudes anuales, y la entrega de la información a los operadores de justicia en la actualidad es de aproximadamente un mes, lo cual cambiará de manera radical, ya que las juezas y jueces podrán ingresar al módulo a través de un enlace en la página Web del BCV, con un usuario y clave intransferibles, donde obtendrán en tiempo real y confiable la información requerida.

El acuerdo interinstitucional fue suscrito en el Salón de Conferencias del Alto Juzgado, por la máxima representante del Poder Judicial, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado y el presidente del ente emisor, doctor Nelson Merentes.

Asimismo estuvieron el primer vicepresidente del TSJ, magistrado Fernando Vegas Torrealba; los presidentes de la Salas Político Administrativa y Casación Social, magistrados Emiro García Rosas y Luis Franceschi; el Director Ejecutivo de la Magistratura, Ing. Argenis Chávez; directores del BCV, así como equipos técnicos de ambas instituciones.

Los tribunales laborales del país serán los primeros en manejar esta herramienta. En ese sentido el TSJ, a través de la DEM, realizará de manera sectorial, por regiones, un programa intenso de inducción para las juezas y jueces de esa jurisdicción, para el manejo de este novedoso sistema; así como adecuar con la infraestructura y dotación tecnológica necesaria para su operatividad.

La magistrada Gutiérrez Alvarado anunció que, a la brevedad posible, el resto de tribunales, de las distintas competencias (LOPNNA, Contenciosa-Administrativa, etc.) también tendrán acceso al módulo informativo, para continuar con el proceso de modernización y transformación del Poder Judicial, que adelanta la gestión que encabeza junto a las magistradas y magistrados que conforman el TSJ.

La Presidenta del Alto Tribunal también destacó que la transparencia judicial está garantizada con la herramienta tecnológica, ya que el juez o la jueza deberá acceder al módulo siempre con la presencia de las partes en el proceso. Además, informó que las comisiones técnicas del TSJ, DEM y el BCV trabajarán para la elaboración de una normativa sobre el uso seguro, efectivo y eficaz del Módulo.

Con la firma del Convenio entre el Máximo Tribunal y el Banco Central de Venezuela, el TSJ se compromete, entre otras cosas, a dictar los lineamientos respectivos para la plataforma tecnológica, y generar la formación necesaria para el uso del Módulo por parte de las juezas y jueces, mientras que el organismo emisor tendrá a su cargo la administración y actualización de la data contenida en la moderna herramienta; así como los procesos de auditoría pertinentes que garanticen la exactitud y fidelidad de la información.

Finalmente, la Magistrada-Presidenta expresó que la firma de este acuerdo consolida la sinergia que existe entre las dos instituciones, acorde con los postulados de cooperación interinstitucional consagrados en la Carta Magna; además, representa el alto grado de voluntad de los organismos del Estado en la satisfacción del bien colectivo.