Ciudadanos y consumidores, uníos

Debido a la fragmentación en que vivimos donde el ser humano es distinguido más por lo que tiene y no por su condición del ser que actúa y decide políticamente, es necesario unificar y desarrollar ambas sin menos cabo de una o de la otra. Mantenerlas separadas nos ha llevado al desorden y deterioro de las relaciones sociales y económicas que se dan el acto de la adquisición de bienes y servicios provengan estos del sector público o privado.
Los derechos humanos como se plantean actualmente y que parten de la naturaleza del ser para vivir y convivir con otros no es más que la búsqueda de su concreción en la garantía de satisfacer sus necesidades, sus intereses y sus expectativas tanto a nivel individual como colectivo.

Nuestra constitución de 1999 proclama y reafirma este sentir que no debe tener otra consecuencia que su realización tanto de las instituciones públicas como de las organizaciones privadas a través de los bienes y servicios que ofrecen a sus públicos como usuarios o consumidores en respuesta a sus demandas al proveerle de productos y bienes en conformidad a lo establecido y otorgarle un eficaz y eficiente servicio.

Ejemplos tenemos como ciudadanos venezolanos el bienestar que sentimos cuando se generan bienes y servicios para los ciudadanos provenientes de lo público o privado. No obstante, hay que también reconocer que muchas iniciativas que nacieron dando respuestas a necesidades reales o sentidas de la población con el tiempo se deterioran y producen insatisfacción y descontento por la falta de control y monitoreo del servicio o bienes no sólo de quienes la ofertan sino también de quienes la demandan.

Si los principios, los valores y las acciones que establece nuestra carta magna rigen el ejercicio del ciudadano y de las instituciones y donde nos remite a los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, educativos y culturales, ambientales e identitaria en el marco de la democracia participativa estos deben ser puesto en ejercicio desde la misma vida familiar, comunitaria, parroquial, municipal y nacional y en todas las instituciones y organizaciones que se encarguen en la garantía de los mismos al producir bienes y servicios para todos en igualdad de condiciones y oportunidades.

Contribuir a satisfacer las demandas del ciudadano/consumidor requiere de la voluntad política de quienes gobiernan las instituciones y la responsabilidad social de quienes dirigen las empresas privadas. Voluntad política que favorece la promoción y la conformación de una cultura ciudadana en situación de consumidor que no sólo exija y monitoree los procesos y los resultados deseados proveniente de las dinámicas de oferta y demanda de todos los servicios (ya sean necesarios o suntuosos) sino que también mantengan la eficacia y eficiencia a todos los niveles y en todos las instituciones hasta generar cambios radicales sustentables en el tiempo histórico y espacios sociales.

Si lo anterior reviste una tarea que debe asumir quienes tienen ese poder, no menos lo tenemos los ciudadanos quienes ante la demanda de un servicio o adquisición de un producto nos encontramos en estado de indefensión ante la tarea contralora in situ y más cuando demandamos un servicio de modo inmediato pero encontramos en ese proceso arbitrariedades e irregularidades propias para una sanción o medidas más severas.
Soborno, corrupción, especulación, ineficacia e ineficiencia de los servicios, falsas y engañosas ofertas, acaparamiento, estafas, sobre costo de productos, inoperancia y negligencia de quienes dan el servicio, son algunos de los actos que nos vemos los ciudadanos/consumidores afectados en el día a día y que se entiende que una institución como Indepabis no se daría abasto para enfrentar las denuncias y quejas de todos y provenientes de todas partes.

Urge la conformación de ciudadanos que de modo grupal o colectivo asumamos un rol protagónico y corresponsable como consumidores y prestadores de servicios pues si uno busca satisfacer un derecho, el otro tiene que garantizarlo positivamente. Esta conformación necesita de procesos educativos, informativos y promocionales donde el sistema educativo desde la escuela hasta la universidad, el sistema informativo y comunicacional así como publicitario nos promueva e incida en nuevas percepciones que integren nuestro rol como ciudadano y consumidores.

Convoco para esto en principio a todas las instituciones del sector público desde los diversos poderes que la integran en especial los que ejecutan planes y programas, los que legislan, los que hacen cumplir las normas o aplican sanciones, así como el poder ciudadano. Este último desde la Defensoría del Pueblo debería tener un papel rector en esta lucha acompañando y escuchando al pueblo, al ciudadano, a las comunidades para establecer mecanismos y espacios que permita la reflexión, la crítica constructiva y hagamos presión para fomentar los cambios y transformaciones necesarios en la construcción de una cultura que provea bienes y servicios de alta calidad como merecemos los venezolanos y mucho más cuando contamos con una riqueza que debe derivarse hacia la felicidad suprema de los ciudadanos como resultado de su participación consciente, coherente y productiva.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 1536 veces.



Alice Socorro Peña Maldonado

Profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Lic. en Comunicación Social Magister en Comunicación Organizacional. Dra. en Ciencias para el Desarrollo Estratégico.

 alicesocorro2000@yahoo.es

Visite el perfil de Alice Socorro Peña Maldonado para ver el listado de todos sus artículos en Aporrea.


Noticias Recientes: