Hace más de una década que los venezolanos escuchamos con menor o mayor frecuencia la palabra sabotaje.
Un comodín que sirve tanto a chavistas como opositores, según su interpretación de la realidad.
Desconocerla, sería mezquino, exagerado, con golpe de estado a cuestas y una importante parte de dirigentes opositores trabajando para descarrilar al gobierno.
Sin embargo, magnificarla, utilizarla con frecuencia inusitada, tampoco es creíble.
Vayamos por parte…
En 2002, a su tercer año de gobierno del Presidente Chávez, la Administración Pública estaba conformada por unos 14 ministerios y 1.345.000 empleados (cifras del INE).
Para entonces se decía que la mayoría eran adecos y copeyanos que no dejaban trabajar al Presidente.
Luego de décadas alternándose el poder, era previsible que la mayoría de los trabajadores públicos fueran adecos, copeyanos y sus derivados, como decía el recordado mandatario.
Años después, la Administración Pública había crecido de forma desorbitada: se duplicaron los ministerios y empleados. DE 14, se pasaron a 28, y de 1.345.000 a 2.5000.000 (cifras conservadoras del INE), todo esto en menos de 10 años.
Números preocupantes para un país de apenas 30 millones de personas, si lo comparamos con España (2.900.000 empleados y 47 millones de habitantes), Alemania (5,9millones/81 millones), EEUU (4,4millones /300 millones), Japón (300 mil/130millones habitantes)…
Si lo comparamos, por ejemplo, con Europa, donde el promedio de sus empleados públicos representa el 15% de la población activa; en Venezuela ese porcentaje se dispara a 21%, similar al de países escandinavos.
Viéndolo desde esa perspectiva, se podría inferir que los nuevos ingresos a nómina estaban cazados con el proyecto político llevado a cabo, con lo cual, el margen de error e ineficiencia en el pasado, debió disminuir así como los sabotajes y mejoras en los servicios de todo tipo.
Pero fue todo lo contrario, seguimos escuchando la palabra de marras, y la eficiencia en el sector público sigue de vacaciones.
Algo está pasando, entonces, en el gobierno, que con la cantidad de policías regionales, locales, CICPC, DIM, Sebin y seguridad interna, no dan con estos saboteadores de alimentos, petróleo y electricidad.
O más bien: ¿serán ineficiente y trasladan la culpa a los sabotaje? Pregunta para la reflexión y el debate sincero y crítico.
Rubén Marcano, periodista
