La protección a las concesionarias extranjeras en La Guajira

La creación del Teatro de Operaciones Nº 4 para la Subregión Guajira no tiene otro fin que no sea la defensa de los negocios contraídos por el Gobierno con las multinacionales energéticas y de las infraestructuras necesarias para garantizar el libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad la exportación de energía a los mercados colombianos, de Centro América, Estados Unidos, Europa y Asia.

1. La IIRSA está en La Guajira

Las verdaderas causas que originaron la creación de dicho teatro de operaciones son la protección de la integración de la infraestructura regional suramericana (IIRSA) o Eje de Integración Andina/Eje de Desarrollo Occidental expresada en la Subregión Guajira, a saber la custodia: 1. del gasducto de Venezuela a Colombia pasando por Centro América y México hacia Estados Unidos, o a través de las islas del Caribe, 2. del oleoducto al Pacífico colombiano para embarcar desde Colombia o Panamá petróleo seguro al Asía, 3. de las minas del Socuy, Cachirí, Maché y Guasare con más de 350 millardos de dólares americanos en carbón, 4. de la vía ferroviaria de dichas minas a las islas del Golfo, 5. de Puerto América (o Puerto Simón Bolívar) a construirse en las islas del Golfo de Venezuela San Bernardo, Pájaro y Zapara, 6. del Segundo Puente Sobre el Lago a construir también en la Subregión Guajira, 7. de los bloques de gas del Proyecto Rafael Urdaneta a explorar en aguas de del Golfo de Venezuela y 8. la limpieza de la zona de las comunidades en resistencias y oposición social a dichos megas proyectos económico energéticos, tal como hoy se implementa en la zona del Socuy.

Por esta razón, entra en consonancia con esta propuesta los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica de Frontera que sólo espera su segunda discusión en la Asamblea Nacional para ser aprobada a espalda del pueblo, y en contra de los intereses de las comunidades indígenas, campesinas y los derechos ambientales. La denominada Franja Productiva Fronteriza a poblar por militares y reservistas servirá para desplazar pueblos y comunidades indígenas ancestrales de estas zonas limítrofes con Colombia, muchas de ellas protegidas por ABRAES como los sistemas de Parques Nacionales, Monumentos Naturales (Tepuyes), Reservas Forestales y el Hábitat de los Pueblos Indígenas.

En concordancia con lo anterior, y por esta visión desarrollito, depredadora y antinativa de corte militar prusiano que anida en amplios sectores políticos de la Asamblea Nacional, se desconoce la existencia de dichas áreas protegidas (ABRAES) en la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión del Territorio recién sancionada por esta neoliberal Asamblea Nacional, el 11 de Agosto del 2005. Dicha ley elimina la anterior Ley Orgánica de Ordenación del Territorio y en su contenido incorpora la ordenación urbanística (artículos 136 al 154), eliminando de paso también la Orgánica de Ordenación Urbanística, de esta manera queda incluida la ordenación territorial y la ordenación urbana en una mima ley creando, según el especialista Alexander Luzardo, deficiencias y más confusión.

Mientras que en la frontera hasta los militares y reservistas tienen derecho a tener financiamientos y tierras para el desarrollo, la Misión Guacaipuro/MARN, por una parte, les niega a los indígenas Barí y Yukpa (en sus nuevos lineamientos) autodemarcar en sus territorios ancestrales tierras hoy cruzadas por alambres de púas, portones cerrados con cadenas y candados cuidadores de verdes potreros de enormes haciendas; por otra parte, la Procuradora General de la República le confirma a los indígenas y al país que la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas está limitada ya que el Estado puede abrir cuando lo requiera las minas existentes en el subsuelo de sus territorios, y de paso les aclara que ellos pueden entrar a ser ahora mineros, tal como también se les invita en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Frontera; y, como estocada final, la Ley de Minas en su artículo 11 le asegura al “beneficiario del derecho minero” que el Estado puede expropiarle a los indígenas o campesinos sus tierras porque ellas son de utilidad pública e interés social.

2. La IIRSA está en la demarcación de las tierras indígenas

Resulta que hoy el indígena en Venezuela, política y jurídicamente está imposibilitado de recuperar sus territorios ancestrales, pues la minería los desplaza, por un lado, de sus territorios actuales, y, por otro, la Misión Guacaipuro/MARN en sus nuevos lineamientos, les prohíbe autodemarcar tierras de sus territorios hoy ocupadas por potreros de hacienda por respeto a los derechos de los ganaderos, de aquellos ganaderos que los exterminaron entre los años 40 y 60 para quitarle a sangre y fuego el 90 por ciento de sus territorios. Por esta razón afirma la Procuradora General de la República, Marisol Plaza en la entrega de las tierras de los indígenas Cariñas el 9 de agosto de 2005 que la comisión de demarcación de tierras indígenas “fue muy cuidadosa para evitar que en las coordenadas correspondientes se vulnerara la propiedad privada” (ABN. Caracas, 12/08/05). Pero resulta que los ganaderos de Machiques tienen tierras registradas, no propiedad privadas, y los más importante, están dispuestos a negociar con el Gobierno nacional las bienhechurías de sus hacienda solicitadas y autodemarcadas por los indígenas de la Sierra de Perijá.

Los indígenas Barí, Yukpa y Wayúu por su carácter originario necesitan territorios libres y saneados de minas y de hacendados, por ello la propuesta de que Corpozulia renuncia a sus concesiones minero carboníferas por escrito ante el Ministerio de Minas y Petróleo contempladas en sus proyectos Tukuko-Aricuaizá, Río de Oro y Socuy, y el Presidente Chávez derogue las concesiones entregadas a capitales privados como a los irlandeses de Carbonífera Caño Seco, los chilenos de Carbones del Perijá, japoneses/norteamericanos de Minera MAICCA, árabes de CARBOCA y los criollos de CONSULMINCA. O cancele el acuerdo con los brasileños de crear CARBOSURÁMERICA y explotar la mina Socuy, o el de la empresa mixta Carbones de La Guajira para explotar la mina Cachirí entre los ríos Socuy, Maché y Cachirí aguas arriba de las represas Manuelote y Tulé.

3. La IIRSA está en la represión

Antes de la llegada de los 500 efectivos del Ejército, de la Guardia Nacional y otros organismos de seguridad al Socuy (parroquia Monseñor Marcos Sergio Godoy del municipio Mara del estado Zulia) como se contempla en la puesta en marcha del Teatro de Operación Nº 4, la Guardia Nacional viene ensayando tácticas de ablandamiento en la zona muy en especial en tierras en donde la Compañía Vale do Rio Doce/Carbozulia (CARBOSURÁMERICA), Carbonífera Caño Seco y Carbones de La Guajira/Inter-American Coal/Chevron pretenden explotar para el próximo año las minas de carbón Socuy, Cachirí y Caño Seco, y la construcción de la vía ferroviaria.

El pasado jueves 25 de agosto de 2005 a partir de las 8 de la mañana los indígenas Wayúu y campesinos del Socuy vivieron en carne propia el anticipo de una porción temprana del terror que se le avecina. Bajo el pretexto de ser la base de apoyo de grupos guerrilleros, eran esposados, amarrados, ofendidos, torturados y amenazados de muerte desde el primer momento de su arbitraria detención o allanamiento de su vivienda. Menores de edad fueron igualmente interrogados, maltratados, humillados y amenazados.

Eran aproximadamente 50 efectivos de la Guardia Nacional, comandados por el Capitán Rueda, trasladados de los puestos fronterizos de Tulé, Manuelote y Cachirí en tres camiones y un rustico Toyota largo (placa 53131), que por poseer chalecos antibalas y una cinta azul en el brazo no se les veía ningún tipo de identificación personal. A los detenidos les quitaron la cédula de identidad, aún a esta fecha no devueltas, como ejemplo está el caso de un indígena Wayúu que al no saberse de memoria el número de su cédula de identidad fue entregado viernes al DAS. Los atropellados han formulados sus denuncias ante los organismos respectivos, pero en general la población indígena y campesina están aterrorizados por las amenazas formuladas por los efectivos de la Guardia Nacional de quemar sus casas si no abandonaban la zona. Le aseguraron al indígena Wayúu que tenían orden de matarlo.

El sábado 10 de septiembre de 2005 a las 8 y media de la noche de nuevo se repite actos de violencias contra indígenas Wayúu y pobladores de la zona, esta vez fue golpeado con la culata de un arma larga y partido en la cara al bajarlo de un bus de la ruta Cachirí un vecino de nacionalidad colombiana. A la altura del sector La Botella una alcabala mobil de unos 8 efectivos de la Guardia Nacional del puesto de Tulé comandados por un Teniente y trasportados por el mismo rustico Toyota largo.

No mataron a golpes al señor de nacionalidad colombiana por haber sido neutralizados por el reclamo de sus derechos formulados por una valiente dirigente indígena de la zona que iba también de pasajero en el bus, y ella no fue detenida porque la gente se le opuso con firmeza a la Guardia Nacional. Al final el Teniente respondió que al señor le estaba desangrando la cara porque se la partió al bajarse del autobús por andar borracho.

ONG “Sociedad Homo et Natura”, ANPA/ANMCLA, Proyecto Nuestra América



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