En Venezuela, como en EEUU y en todas partes, sólo los ricos pueden pagar campañas electorales y únicamente sus candidatos pueden ser electos como presidentes, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. A algunos ingenuos les parecerá rara la afirmación que hago y no la entenderán ni aceptarán. Unos porque están con la “revolución”, se consideran pobres y hoy pueden aspirar a cargos ejecutivos o en los cuerpos deliberantes, gracias precisamente a ese proceso “de cambio”. Otros porque, como opositores hoy y “oficialistas” ayer, no se consideran de hogares pudientes y, sin embargo, han logrado participar y ser electos en el pasado y en el presente.
Parecería entonces que me equivoco o que estoy hablando de otros países y no de la súper democrática Venezuela. No estoy libre de equivocarme pues me ha ocurrido muchas veces, pero siempre argumento mis planteamientos, como lo haré a continuación en este caso. Cuando digo “sólo los ricos” me refiero a que sólo quienes pueden financiar costosas campañas electorales estarán en capacidad de llevar sus candidatos a competir en los diferentes procesos electorales que se presenten. A eso me refiero. Los candidatos pueden ser gente de dinero o de familias pudientes y pueden ser también pobres provenientes de familias sin fortunas, pero en todos los casos habrá mucho dinero detrás de sus campañas.
Y esto ha sido así desde 1958, y solamente en un breve período se logró que el financiamiento de las campañas lo hiciera el Estado. Alguien arrugará la cara y dirá: ¿Pero cómo es posible que además se les financie las campañas electorales? Esta reacción de rechazo no es extraña, pues la gente sabe que en el país, y en muchos otros también, quienes alcanzan las posiciones buscadas electoralmente se pudren en dinero en forma rápida junto con sus familiares cercanos, producto de la realización de negocios desde el cargo que ocupan: Comisiones, favores remunerados, venta de privilegios, robos descarados, peculado de uso, transacciones financieras diversas, oportunidades comerciales y pare usted de contar.
Pues sí, mientras las campañas electorales se paguen ilegalmente con dineros provenientes del presupuesto nacional y de los presupuestos regionales y municipales, a los que se suman los montos provenientes de los grandes capitales privados nacionales y extranjeros, solamente quienes dispongan de dichos recursos tendrán la posibilidad de participar. Es decir que sólo los ricos, bien con su dinero o casi siempre con el dinero de todos, llevarán candidatos a los procesos electorales. Si alguien quiere participar y no tiene acceso a estos recursos, no podrá hacerlo y quedará excluido. Nuestras elecciones son entonces excluyentes, sea cuál sea el discurso del gobierno de turno. No tenemos, ni siquiera hoy, una verdadera democracia, pues la gran mayoría no puede aspirar a lo que aspira una minoría privilegiada gubernamental u opositora.
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