Como es conocido, el CNE se ha apresurado en promulgar una normativa sobre el registro de empresas encuestadoras, en relación con encuestas de naturaleza o tema político; aunque ya eso sea de por sí difícil de delimitar, toda vez que, por ejemplo, las opiniones sobre lo ecológico, lo educativo y hasta la visión sobre los productos comerciales, en última instancia son temas políticos en el amplio sentido, y son materia de pugna en la arena política por excelencia.
El punto, a nuestro modo de ver, es que mejor estábamos antes; ya que del simple historial, trayectoria y orientación política, se podía extraer conclusiones sobre la idoneidad e intencionalidad y, por ende, de la confiabilidad de determinada empresa de sondeo de opinión y su encuesta; conclusión que por referirse al tema político es muy subjetiva por naturaleza y, gústenos o no, está teñida por el color de nuestras propias convicciones sobre el tema. En fin, en este pequeño país, todas esas empresas son bien conocidas, o desconocidas, y de ese conocimiento mayor, menor o escaso, se derivan buenas conclusiones sobre el producto que presentan.
Por lo tanto, un registro formal, y resaltamos lo de formal, en cuanto a que lo será sólo de las formas, de dichas empresas investigadoras de opinión por ante el Consejo Nacional Electoral, nada añadirá al prestigio de las ya conocidas y reconocidas en el ambiente político; pero, a nuestro juicio, dará la falso lustre de legitimidad a las menos prestigiosas e incluso a las abiertamente fraudulentas; arropándolas a todas, excelente, malas y pésimas, con el mismo ropaje legalista de un registro, repetimos, sólo formal; destinado a “dar credibilidad” a las empresas u organizaciones que realicen encuestas políticas, como expresamente declaró una Rectora del CNE.
Ese registro ante el CNE se limitará, por razones obvias, a lo que se ha dicho, sobre los datos de la empresa y una mera declaración sobre la metodología y campo y universo muestral de cada encuesta; pero, y ahí está el problema, esa declaración para nada garantiza que efectivamente se haga la encuesta conforme a lo dicho, ni mucho menos que simplemente se alteren o hasta inventen las presuntas respuestas; o más, sofisticado aún, que se preseleccione la muestra a dedo, dentro de un marco muestral acorde a la ortodoxia estadística; maneras hay muchas de alterar la veracidad de una encuesta, que sólo es confiable si así se quiere realizar; mas no cuando hay intención de mostrar al público un resultado distinto a la realidad.
La única forma externa de validar una encuesta es auditarla, es decir, solicitar los registros de la ficha técnica, los marcos muestrales, y las planillas de cada encuesta; e ir a repreguntar a cada entrevistado, si es que está registrada su identidad, procedimiento que sólo es posible si la encuesta fue realizada de manera presencial en el hogar, y no por vía telefónica o por intersección en un punto de la vía pública.
De otra forma, se pueden fabricar planillas e inducir o hasta inventar respuestas; aunque formalmente se ajuste a una metodología "aprobada". Además, en el hipotético caso en que dicha auditoría exhaustiva se realizare, lo sería de manera extemporánea, meses después de divulgados y publicitados los resultados de la encuesta y hasta del resultado electoral sobre el cual se buscó influir con la encuesta realizada.
Como quiera que dicha auditoría exhaustiva NO es factible en las condiciones legales existentes, pudiéramos estar empeorando la situación al revestir de credibilidad a las encuestas fraudulentas, cuyos autores alegarán lo que antes no podían argumentar: que están registrado ante el CNE, poder del Estado con autoridad. No es casualidad que ahora el Grupo Sexto Poder, claramente asociado y financiado por entes políticos de los EUA y con claros fines de desestabilización política en Venezuela, dio a conocer la creación de una empresa de investigación de opinión, la cual, por supuesto, gestionará la bendición del CNE.
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