La violencia y la inseguridad ciudadana constituyen uno de los principales problemas objetivos que afronta la sociedad venezolana en la actualidad. Diversos indicadores permiten evidenciar un crecimiento acelerado y sostenido de la incidencia criminal y de la tasa de homicidios en Venezuela (variable que explicita el signo violento del fenómeno), a partir de la última década del siglo veinte hasta el presente.

El problema en cuestión ha sido el punto de partida para una estrategia política dirigida a socavar la base social de la revolución bolivariana. Se trata de una campaña sistémica-sistemática, cimentada en una ofensiva ideológica (desde los diversos aparatos que están subordinados a los intereses de la oligarquía y el imperialismo trasnacional: medios de comunicación, partidos políticos, comunidades científicas, entre otras) que está orientada a la tergiversación y mistificación de la naturaleza, las causas y la esencia del problema.

En primer término, se asume una lectura aislada y descontextualizada del movimiento histórico y del espacio geográfico, pues se arguye desde los medios de comunicación y desde algunas comunidades científicas, que el crecimiento cuantitativo de la violencia está directamente relacionado con la gestión del gobierno del Presidente Chávez. Desde esta perspectiva se plantea de manera mecánica la ecuación: Gobierno de Chávez=delincuencia, violencia e inseguridad.

Desde esta perspectiva se encubre que las relaciones sociales en Venezuela están subordinadas a la lógica del capital. Este enfoque reduccionista desconoce el papel de la ciudadanía y del Estado como un todo integrado, además impone una visión en la cual el poder ejecutivo es el único responsable de atender los problemas del colectivo (por medio de lo cual, se niega el paradigma de democracia participativa y protagónica consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Según esta hipótesis, hay dos aspectos que configuran el escenario idóneo para la violencia y la inseguridad. Por una parte la “ineficacia” de las políticas adelantadas (como si se tratara de un asunto de tecnocracia o de gerencia), y por otra parte se afirma que el movimiento bolivariano- (la base social del gobierno de Chávez), impone una agenda de violencia y terror que atenta contra el orden social-económico establecido (orden sin historia, que pretenden eterno e intocable), y que está sustentado en un régimen de propiedad y de apropiación de la renta que beneficia notablemente los intereses económicos oligárquicos-imperialistas.

La interpretación expuesta, devela algunos elementos de relevancia para comprender la visión y sobre todo los intereses que se defienden desde esta postura, ya que no se reconocen a la violencia y a la inseguridad ciudadana como el producto del movimiento histórico-social, con características específicas en el marco de la sociedad contemporánea, regentada por el capitalismo a escala global, dominado por el modo de vida urbano y signado por el crecimiento de los índices de criminalidad en la gran mayoría de los países del mundo (incluso los industrializados).

Con base en esta lectura fragmentaria, se ignora la conflictividad social y el signo convulso de las sociedades contemporáneas, se lleva a cabo una aproximación al problema en Venezuela (reducido a su territorio), sin establecer las variables que le condicionan y sin tomar en cuenta las expresiones del mismo en otros países. Se omite el carácter dependiente de la formación económico-social venezolana y su relación de causalidad respecto a ciudades latinoamericanas en las cuales se presentan elevados índices de violencia e inseguridad.

Asimismo se omiten de manera deliberada las contradicciones y las especificidades dadas de acuerdo con el modelo rentístico y mono productor implantado en Venezuela a partir de la actividad petrolera, y del sistema de apropiación-usufructo de la renta señalada por parte de la oligarquía, así como del régimen de exclusión social y marginalización de la gran mayoría del pueblo venezolano, mayoría condenada a ocupar lugares con índices elevadísimos de densidad demográfica, con múltiples problemas para el acceso a los servicios básicos y a la satisfacción de las necesidades más elementales, y con la fusión de factores de riesgo de signo físico-natural (relieve, suelos, hidrografía), y de infraestructura (viviendas precarias, vías de comunicación en mal estado, entre otros elementos)

Lo anterior, sumado a los procesos de enajenación que producen y reproducen una lógica consumista que afianza una obsesión por tener acceso a los patrones de consumo y el estilo de vida burgués (tan promocionado por la industria cultural, primordialmente por el cine y la televisión), estilo de vida que fomenta modelos de acceso fácil a la riqueza (fácil, ilegítimo e ilegal), tienden a configurar un escenario propicio para que se lleve a cabo una apropiación de bienes y servicios a través de la violencia.

No es casualidad que todos los factores señalados someramente, sean eludidos a la hora de abordar el asunto. Como se afirmó al principio de la presente reflexión, se está llevando a cabo una distorsión de la problemática, y dicha distorsión no es casual, sino que responde a una estrategia política, cimentada en una postura positivista (ideología que fundamenta el capitalismo), mediante la imposición de un análisis reduccionista, mecanicista, fragmentario, ahistórico y acrítico de los hechos y los procesos sociales.

Al prescindir de un enfoque dialéctico-sistémico que permita explicitar la esencia de los problemas, se impone una lógica que niega y esconde las relaciones de causalidad. Por tanto, no se concibe a la violencia y a la inseguridad como parte de un contexto, como proceso y producto de la dinámica social-histórica, como un fenómeno en particular cuyas características responden a una realidad concreta, en un tiempo determinado y con una localización sobre el espacio geográfico coherente con la organización de la totalidad social.

El enfoque sistémico-dialéctico señalado, tiende a derivar en una interpretación que explicita la necesidad de transformar radical y estructuralmente el orden social, pues la violencia y la inseguridad ciudadana, tal y como se conocen en la actualidad, son inherentes al sistema capitalista. Por tal motivo, se exige un cambio del orden social capitalista, que conduzca a una nueva sociedad signada por la democracia socialista, la igualdad y la justicia social.

* Investigador de la Universidad Experimental de la Seguridad (Táchira)

Integrante del Colectivo Pedro Correa

boltxevike89@hotmail.com

Nota: la presente reflexión (somera y genérica), se propone como la primera aproximación al tema. En próximas entregas se analizarán las variables relacionadas con el problema.