Los periódicos, las televisoras y las radioemisoras, celebraron y se congratularon en la mañana del día 12 de abril de 2002 por haber logrado derrocar a un gobierno legítimo mediante la utilización de un grupo de francotiradores y el poder de facto del establishment comunicacional de Venezuela.
En este año 2012, estamos observando muchos indicios que nos obligan al análisis y la identificación de escenarios de muy corto plazo. Sin necesidad de recurrir a fuentes de información especializadas, se puede inferir con mucha responsabilidad que lo que ocurrió el 12 de febrero de 2012 con el proceso para seleccionar a un candidato presidencial que represente a todos los partidos políticos agrupados en la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) o “Alternativa Democrática (AD)”, se inscribe en lo que popularmente se conoce como “Plan B”.
Es un hecho público y notorio que la ciudadanía en general al igual que los militantes o simpatizantes de los partidos políticos de la MUD que sufragaron en dicho proceso de elecciones primarias; nunca pudieron conocer los resultados desagregados por mesas de votación, centros de votación, municipios y circunscripciones electorales.
Hay que recordar que ese fue un proceso de elección partidista y no una elección nacional para elegir al presidente de la República. Sin embargo, la MUD logró posicionar en la opinión pública nacional e internacional una matriz, que asumía al total de votantes que participaron como un indicador de que su candidato tiene el apoyo de la mayoría del pueblo que hace vida en la democracia venezolana.
La MUD con la premisa de considerarse la mayoría con sólo unos “3.000.000 de votos” de su militancia y simpatizantes en las elecciones primarias del 12 de febrero, se prepara para ir a las elecciones presidenciales de octubre 2012 con la plena seguridad de que aun sin obtener la votación necesaria para ganar, lograrán ser proclamados “internacionalmente” como los vencedores.
El escenario de altísima probabilidad para alrededor de las 9 de la noche del 7 de octubre de 2012, se haría realidad en las redes sociales de vanguardia que usan intensivamente tecnología electrónica - lideradas por twitter -, donde antes de que el Consejo Nacional Electoral emita el primer boletín con resultados preliminares y parciales, una avalancha de internautas y robots presuntamente vinculados a la MUD, publicarían en el ciberespacio una totalización “oficial” de votos en la cual se declare al candidato oposicionista como presidente electo con una ventaja de 3.000.000 de votos como mínimo.
La hipótesis de trabajo es que con una ventaja de más de 3.000.000 votos, se tiene la presunción de que la autodenominada “Alternativa Democrática (AD)” estaría considerando que tendrían la posibilidad de argumentar ante el mundo, que su candidato sería el legítimo ganador (al igual que cuando el Poder Electoral aceptó que la MUD impidiera el acceso a las actas electrónicas de votación y la desagregación de los resultados para que el proceso no pudiese ser auditado).
No olvidemos que el Tribunal Supremo de Justicia dictó una medida cautelar para que se impidiera destruir las actas en físico y electrónicas de votación, pero ese dictamen no fue respetado ni acatado por la MUD. Este sería el escenario de Golpe de Estado electrónico, cuya consumación estaría fijada para el próximo 7 de octubre de 2012 en la noche. Quienes presuntamente perpetren ese nuevo golpe de Estado, por supuesto que no dejarían de incorporar una dosis de salvajismo y crueldad, como lo hicieron hace diez años cuando pretendieron instaurar en la República Bolivariana de Venezuela una férrea dictadura fascista.
El golpe de Estado electrónico que pudiese estar en pleno desarrollo para este año 2012, sería evitable si desde ya responsablemente el Consejo Nacional Electoral realiza las investigaciones y aplica las Leyes pertinentes para neutralizar esta amenaza presunta.
En el actual régimen democrático de Venezuela, cualquiera de los contendores civilmente hábiles que se presenten a competir por la Presidencia de la República, tienen el derecho a ser reconocidos como legítimos ganadores aunque la ventaja sea de un único voto, siempre y cuando actúen apegados a la Constitución y a las Leyes.
