Las grandes transformaciones económicas y sociales que se viven en Venezuela desde 1998 tienen su fundamento en las políticas revolucionarias y en la agenda democrática de avance hacia el socialismo. A partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 comienza el avance de reconstrucción del país, bajo un nuevo proyecto nacional, donde se desglosan las grandes líneas de lo que habrá de ser el modelo de político y de desarrollo, pensado para los cambios que la sociedad y el país exigen en un futuro mediato e inmediato. Para darle sustento al contenido constitucional se ha hecho necesario crear todo un cuerpo de legislación, bajo la iniciativa, coordinación y control de la Asamblea Nacional, que ha venido realizando su actividad, apoyándose en las necesidades gubernamentales y en las perspectivas del parlamentarismo de calle y del pueblo legislador. De hecho, entre los alcances de mayor trascendencia e impacto están las leyes, que con un alto contenido social, económico, de equidad, humanismo y justicia, cubren las expectativas de las políticas públicas en espacios sectoriales concretos. Desde este punto de vista las leyes están concebidas para lograr una distribución más equitativo de la riqueza petrolera, trabajar de manera integrada entre Estado y sociedad, para saldar la enorme deuda social que por décadas, ante la mirada indiferente de los actores políticos irresponsables, dejó en el limbo de la pobreza, la miseria y la exclusión social a millones de venezolanos. Por ejemplo si evaluamos el nivel de pobreza para el año 1998 encontramos que el 27% del país vivía en pobreza extrema es decir aplicando la categoría de medición de indicadores Internacionales podemos observar que casi 7 millones de personas vivían con menos de un dólar diario y hoy podemos constatar como gracias a la formulación implantación y ejecución de políticas públicas socialistas se ha logrado reducir a solo un 7 %. Por tanto el gobierno revolucionario, previa evaluación de la situación, ha planificado las estrategias de orden legal para enfrentar las irregularidades y los abusos del poder económico, comercial y financiero, enquistado en el modelo avasallante de la política neoliberal, que generó altos niveles de dependencia, inflación, especulación, desempleo, y precariedad social, con efectos deplorables en la lucha de la calidad de vida del pueblo venezolano. De manera que en la búsqueda de dignificar el sentido humano de la gestión pública, se ha propuesto avanzar en el marco metodológico de la reingeniería institucional del socialismo, que tiene como principios establecer la coordenadas sobre las cuales se fundamente la nueva organización del Estado y del poder, y por otro lado darle sentido social a la democracia participativa y protagónica, situando al ser humano en vértice de los cambios y las transformaciones. Sin embargo para lograr la efectividad de los objetivos propuestos es fundamental no perder de vista el carácter social de la economía, obedeciendo al sistema de planificación socialista, que no debe entenderse como un concepto neutro y vacío, sino como parte de un aparato conceptual y dinámico del nuevo bloque hegemónico en construcción es por ello que el pueblo venezolano debe asumir el seguimiento y control de las distintas políticas públicas formuladas en el país. Por tanto al sancionarse la ley orgánica del sistema financiero venezolano es de vital importancia que su aplicación y ejecución no se vea distorsionada, desviada o manipulada por burócratas que se resisten asumir la nueva legislación que a través de la ley de actividad bancaria, de la ley de la actividad aseguradora, de la ley de mercado de valores, ley de bolsas públicas, buscan brindar al pueblo venezolano un sistema financiero seguro y confiable.

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