El 10 de mayo de 1795, en la Serranía de Coro, con el respaldo de los negros loangos provenientes del Centro de África, y con la asistencia velada de marinos franceses anclados en las costas de Maracaibo, Coro y Puerto Cabello, se produce una insurrección encabezada por José Leonardo Chirino, hijo de un esclavo de los terratenientes Chirino – una de las familias dominantes y hegemónicas en la provincia- que incorpora a sectores indígenas y libertos en un conjunto de exigencias, que ya habían comenzado a surgir desde 1552, con la revuelta del Negro Miguel, la primera revolución venezolana.
Este aspecto, ha pasado desapercibido por la historiografía venezolana, cuyo carácter de clase – y de dominación colonizada- ha permitido invisibilizar el aporte que los sectores afrodescendientes generaron al denominado proceso de independencia. En esa omisión intencionada encontramos un rencor de clase que se concreta en la minimización del significado que tuvieron – y tienen- para el proceso histórico venezolano.
La acción colonizada de ignorar ese aporte, cuya primera manifestación viene dada por las acciones del negro Miguel en el sector centro-occidental de la actual Venezuela, se traduce hoy en un conjunto de posturas que buscan mantener esa condición de sumisión y sometimiento que es impulsada desde sectores étnicamente distintos. La iniciativa que ha permitido iniciar la discusión en la Asamblea Nacional de una Ley Orgánica contra la Discriminación, es parte de un proceso destinado a saldar una deuda histórica – por omisión- con los sectores afrodescendientes. La sociedad venezolana sigue siendo – como buena parte de las sociedades Latinoamericanas- profundamente segregaria y racista, a pesar que en apariencia se diga que no es así. Esa discusión tiene el valor simbólico de establecerse el día que se conmemora la Insurrección de José Leonardo Chirino en 1795.
Esa rebelión, conlleva el estudio de las condiciones contradictorias que generó la sociedad colonial hispana. Debemos recordar que bajo el principio de “proteger” a los indígenas se incentivo la traída forzada de esclavos provenientes de las diversas tribus del África. Muy contrario a las creencias que se repiten en los libros de textos, buena parte de estos transplantados forzados tenían un bagaje cultural que se traduce en experiencia en el trabajo ganadero, agricultor y minero, que resultó de gran utilidad en el marco de las relaciones de producción implantadas por la sociedad colonial panvenezolana. Ello nos explica, la naturaleza de la sublevación en Buría, las exigencias de cimarrones, ashantis , bantú y mandingas por el reconocimiento de su organización social y los aportes que generaron a la dinámica económica hispana. Es en este contexto que debe entender se la rebelión de Chirino de 1795.
Hubo la exigencia por parte de un conjunto de afrodescendientes para lograr que se flexibilizaran las condiciones de impositivas – alcabala, entre otras- que causaban una carga onerosa al desarrollo de la actividad comercial entre la Sierra de Coro y la capital de la Prvincia. La disputa generó la proclamación de la denominada “ley de los franceses”, inspirada en una serie de acciones que buscaba otorgarles beneficios de acceso a la propiedad a los libertos. Esa propuesta sería ampliada y desarrollada en el contexto revolucionario de Haití, encabezada por Toussaint Louverture y Dessalines, pero que en el ámbito geográfico de Coro permitió la incorporación de jornaleros armados, descontentos por las imposiciones de clase de los sectores blancos, que buscaban obtener la mayor cantidad de privilegios.
Esa sublevación derivó en la conjunción de los sectores de la nobleza terrateniente, conjuntamente con las autoridades del Ayuntamiento, las jerarquías eclesiásticas y la estructura colonial de poder y control con el objeto de impedir la extensión de la peligrosa insurrección, que enarboló la peligrosa bandera del acceso igualitario a condiciones sociales y económicas que sería parte de los planteamientos que poco después de dieciséis (16) años – en 1810- utilizarían para disolver los vínculos coloniales con España. La insurrección de José Leonardo Chirino le dio contenido de clase a una situación que aún hoy se repite: las exigencias de igualdad, acceso y participación de los sectores afrodescendientes, cimarrones, indígenas al ejercicio pleno de los derechos sociales y políticos.
La sociedad venezolana – y Latinoamericana en general- siguen teniendo una deuda histórica derivada del no reconocimiento pleno de los derechos de estos grupos sociales y étnicos para poder participar activamente en la direccionalidad política de la sociedad. La deuda histórica, marcada por la resolución de lo que consideramos problemas no resueltos por la independencia – igualdad, participación y acceso a la propiedad- es una materia pendiente del proceso bolivariano y por ello, la discusión en el día de la insurrección de José Leonardo Chirino de una Ley Orgánica contra la Discriminación adquiere un carácter histórico y trascendental, desde el punto de vista de las reivindicaciones que hay que consolidar.
Dr.
Historiador
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