El proceso de modernización de las estructuras del estado es un proceso permanente y de obligatorio ejercicio a fin de superar las fallas y distorsiones que se van ocasionando a lo largo de las distintas etapas por las que ha transitado nuestra vida administrativa nacional y los efectos desiguales que tiene el capitalismo en el territorio.
Es de recordar que esta estructura del estado representa en cada etapa o debe responder a los intereses de una clase social dominante representada a su vez por partidos políticos con sus propias dinámicas y espacios de interés, a los cuales adapta las estructuras administrativas que encuentra al llegar al poder.
Una de las áreas más importantes en la relación Estado Nacional- instancias regionales, es el financiamiento que estas deben recibir por ser parte integrante de la nación y que debe reflejarse en las estimaciones presupuestarias nacionales.
Este financiamiento en el caso de Venezuela se basa en que las regiones deben recibir un aporte del estado nacional para atender su funcionamiento, por lo que planteamos que esta situación hay que replantearla a fin de garantizar que todos los estados del país se incorporen de una forma más dinámica al desarrollo nacional, para ello consideramos que los estados deben contribuir con aportes al gobierno nacional como resultado de las actividades productivas que deben emprender para lograr metas de crecimiento económico, social y cultural propias.
Significaría que los estados y las autoridades respectivas, gobernadores, municipios y alcaldías adquieren una nueva importancia nacional al convertirse en agentes activos del desarrollo económico, potenciando sus capacidades intelectuales, académicas, productivas, de participación, de gestión de gobierno socialista y comunal. Para lograrlo es necesario contar con un plan, donde se indique cuáles son las etapas que se atenderán anualmente y las contribuciones nacionales que se harán cada año.
Estos aportes deberían tomar la forma inicial de generación de recursos propios, que se irán incrementando de acuerdo al plan y sustituyendo los aportes que hasta ese momento este haciendo el gobierno nacional, revirtiendo así una tendencia histórica de dependencia de las regiones a la capital.
Las gobernaciones y gobiernos locales reforzarían así sus ámbitos de intervención, creando estructuras regionales administrativas, técnicas con su propia capacidad de gestión. De lograrse que los estados y regiones contribuyan con recursos propios al gobierno nacional provenientes de sus actividades productivas, se generaría impulso a la producción local y promovería el crecimiento económico en general.
Se contribuiría además, a la descentralización económica y reduciría las desigualdades regionales, ya que se estimularía la economía de las regiones menos desarrolladas y apoyando el crecimiento sostenible en todo el país.
Un nuevo modelo de financiamiento nacional que incluya aportes y recursos propios de las gobernaciones y municipios es fundamental para lograr un desarrollo sostenible y equitativo en todo el territorio nacional. Esto permitirá una mayor autonomía y capacidad de gestión por parte de las autoridades locales y apoyaría la participación de las comunidades en la toma de decisiones.
Para implementar este modelo, es necesario establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre los diferentes niveles de gobierno, así como promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión. El estado nacional establecería metas de crecimiento, indicadores de gestión y control nacional como parte de la planificación nacional y mantendría todo el apoyo financiero en los casos necesarios. Los gobernadores y alcaldes deberán ser evaluados como funcionarios productivos para su región y estado.
Deberán las gobernaciones y municipios contar con un marco normativo claro para gestionar de manera eficiente sus recursos, así como fomentar la inversión en proyectos de infraestructura, educación, salud, empleo y medio ambiente.
Con este mecanismo de modernización del estado hacia el socialismo, modernización impostergable con este o con otros instrumentos de gobierno, se incentivaría la participación de la sociedad civil en la elaboración y seguimiento de los planes de desarrollo local, así como en la capacitación y el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades locales en lo ideológico, lo político y la gestión honesta de los recursos públicos.
