21.04.2016.- En la Universidad Tor Vergata de Roma, segundo ateneo de la capital italiana, el embajador de Venezuela en Italia, Isaías Rodríguez, dictó la segunda Clase Magistral en el marco del Foro Académico Itinerante titulado “La división de poderes en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, evento organizado en colaboración con la misión diplomática venezolana.

La iniciativa académica fue introducida por el profesor Riccardo Cardilli, director del prestigioso Centro de Estudios Jurídicos Latinoamericanos de Tor Vergata, órgano que ha sido promotor, junto a una serie de Universidades Latinoamericanas, del Grupo para la armonización del derecho privado latinoamericano.

En la Clase Magistral donde participaron estudiantes provenientes de Italia, China, Rusia, Colombia, Guatemala y Brasil, entre otros, Cardilli enfatizó el profundo legado del Libertador no solo a nivel político sino también a nivel jurídico en la región latinoamericana: "Bolívar inició la relación entre América Latina y las tradiciones jurídicas romanistas: se inspiró a dichas tradiciones constitucionales adaptándolas a la realidad de América latina”.

Asimismo, como cultor de la materia, destacó que “En la Constitución de la RBV de 1999, el Poder Moral, propuesto por Bolívar representa un bagaje jurídico, así como lo expresado en todos los 350 artículos, demostrando una vía alternativa y de vanguardia respecto al clásico modelo constitucional imperante”.

Seguidamente, el embajador y constitucionalista aperturó la Clase explicando que “La Constitución de la RBV recupera el sentido más profundo de la democracia, entrelazando el Estado, el Gobierno y el ciudadano en una única esencia: El protagonista y fin último de esta Constitución es el pueblo y su participación directa en las decisiones fundamentales del país.

En relación con los alcances establecidos por la carta magna, sus estructuras y atribuciones, Rodríguez destacó como la constitución “amplia sustanciosamente la carta de los derechos Humanos, rechaza las políticas neoliberales, promueve el desarrollo rural y la lucha contra el latifundio y establece mecanismos de participación popular para la toma de decisiones mediante la democracia directa, traduciendo de esta manera el conflicto social que le dio origen”.

En referencia a la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, el también profesor, Isaías Rodríguez, denunció: “La Asamblea Nacional tiene la facultad de dictar Leyes, no de declararlas. La ley de amnistía no es un decreto, es una ley y su propósito el olvido de una parte de la historia reciente de Venezuela. Si bien, como toda ley de amnistía, deroga normas penales y hace cesar condenas a personas lo hace con un evidente interés partidista más que con un interés político. Esta ley, de hecho, establece el olvido pero sobre los delitos cometidos por la oposición.

Profundizando en el pasado histórico del país, el Embajador recordó que: “Desde 1999, los conflictos políticos contra el estado y el gobierno han sido perennes y los ataques no han cesado en 17 años. Ha existido, por ello, la necesidad de dictar leyes de amnistía en dos oportunidades anteriores, durante el 2002 y durante el 2007. La actual ley de amnistía es la tercera en lo que va del siglo XXI. Propuesta por la Asamblea Nacional, fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia. Entre otras razones, porque sin derogar las dos leyes de amnistía anteriores invade la esfera de sus competencias. Además, violenta frontalmente dos artículos de la Constitución vigente: por un lado, el artículo 29, que excluye de amnistías y de indultos los crímenes de guerra, los de lesa humanidad y las violaciones graves a los Derechos Humanos; el otro artículo violado es el artículo 271, referido a la corrupción administrativa, agravando la violación porque esta corrupción en algunos casos está conectada con tráfico de drogas. No puede haber amnistía al financiamiento del terrorismo, al sabotaje eléctrico, al acaparamiento y a las estafas inmobiliarias”.

“Es decir” – finalizó Rodríguez- “Esta ley confronta abiertamente la Constitución venezolana y perdona más de 50 tipos de delitos. No fue hecha con la intención de dar amnistías sino de proteger, con una complicidad institucional, las acciones delictivas de buena parte de partidarios de la oposición, que incurrieron en delitos previstos en las normas penales del país. Procura la impunidad y no el perdón. Una y otra cosa son cuestiones muy diferentes".

El profesor Francesco Saverio Marini, ordinario de instituciones del derecho público de la universidad Tor Vergata, acotó: “Escuchar los preceptos de la Constitución venezolana es de gran estímulo. La estructura de esta carta magna, la división de los poderes públicos, la pluralidad de estos poderes y la existencia de varios mecanismos de peso y contrapeso, mediante los cuales se establecen controles entre ellos, otorga equilibrio y ponderación a un texto de alta calidad jurídica”.

“Entre los aspectos más modernos e innovadores de la Constitución venezolana, destacan los derechos ambientales de nueva generación, la participación popular y ciudadana, especialmente con la figura del referéndum revocatorio para cargos públicos, la distinción entre reforma parcial y modificación del texto constitucional y, sobretodo, la figura del Poder Electoral. Por ello, tendremos como un tesoro los conocimientos que la constitución venezolana nos está permitiendo estudiar”.