Estado venezolano emprenderá acciones diplomáticas y judiciales en defensa de su soberanía

Cancillería venezolana

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Credito: Archivo

06 de Febrero.- Con la finalidad de emprender acciones diplomáticas y judiciales en defensa del Estado venezolano, la ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro con los máximos representantes de los poderes públicos nacionales, en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, en Caracas.

La canciller Rodríguez, acompañada por la titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez; la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez; el viceprocurador, Reinaldo Muñoz y la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz; hicieron una revisión de casi 90 casos de solicitud de extradición de ciudadanos venezolanos, por comisión de delitos comunes y ordinarios, los cuales hasta los momentos no han tenido respuesta.

La mitad de estos casos le corresponden a Estados Unidos, por lo que Venezuela, ha decidido emprender acciones a escala internacional.

“Nos llama mucho la atención que aún no se haya dado la respuesta necesaria, ya que existe un ordenamiento jurídico internacional vigente que rige la relaciones entre los estados, cuyo principio de reciprocidad, marca las relaciones que deben existir”.


Reunión con Secretaria de la Interpol

Por otra parte, el Estado venezolano ha decidido solicitar una reunión a la secretaría de la Interpol, organismo intergubernamental creado para fomentar la cooperación mutua entre las autoridades policiales de todo el mundo y para desarrollar medios de prevención efectiva del delito.

“El Estado venezolano ha solicitado la inclusión en lista roja de personas que han cometido delitos comunes, sexuales, de corrupción, homicidios y de terrorismo y hasta los momentos no han sido incluidos en la lista. Se nos tienen que aclarar los términos, que se aplican para la inclusión de estas personas”.

Con estas decisiones, las instituciones del Estado venezolano que tienen pertinencia en la materia, accionarán de forma eficiente, amparados por la ley y la Constitución, garantizando un Estado de Derecho y de Justicia Social.


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