"No vamos a permitir desestabilización. ¡Que no vengan a decir que el gobierno de Chávez no acepta la protesta! No. Protesten. Pero esta Constitución ellos no la respetan un carajo. Votaron contra ella en 1999. ¿Cómo es que ahora esta Constitución es buena y dicen que no es necesario aprobar la reforma?", dijo anteayer el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Pedro Carreño, según la oficialista Radio Nacional de Venezuela (RNV).

Frente a una marea roja, integrada por trabajadores del ministerio, consejos comunales y comunidades organizadas, Carreño lideró el acto de juramentación de los Comités de Defensa del proyecto de Reforma Constitucional (RC) celebrado en la plaza La Candelaria, en la ciudad de Caracas. "Tenemos una Constitución y existen enemigos históricos de los procesos liberadores de los pueblos", denunció Carreño a la oposición que, según él, busca generar caos para evitar el referéndum mediante protestas sobre servicios públicos o la inseguridad, informó RNV.

Las palabras del ministro hacían referencia a los grupos opositores, como el Comando Nacional de la Resistencia (CNR), asociado a la derecha que gobernó Venezuela durante la llamada Cuarta República, y la Alianza Bravo Pueblo (ABP), que anteayer marcharon con una baja convocatoria hacia la sede de la cartera de Carreño para rechazar la reforma y la inseguridad, informó el diario opositor El Universal. Sin embargo, una orden municipal y un cordón de efectivos de la Policía Metropolitana les impidieron llegar al ministerio.

La oposición ya no es la misma desde que perdió la capacidad de movilización que tenía en 2002 y 2003, en gran parte por el fuerte apoyo que tiene el presidente venezolano Hugo Chávez. Por eso ahora los opositores realizan foros y mantienen un perfil bajo en los espacios públicos. "No está planteada una movilización", aseguró a Página/12 una fuente de Fedecámaras, la asociación empresarial más importante de Venezuela que apoyó la asonada militar que derrocó a Chávez el 11 de abril del 2002.

Según una encuesta publicada ayer por el Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD), un 40,6 por ciento de 1200 consultados dijo que votará a favor de modificar la actual Constitución, frente a un 22,5 por ciento que la rechazará en las urnas. De los 33 cambios propuestos por Chávez a la Carta Magna de 350 artículos que él mismo impulsó y logró aprobar tras llegar al poder en 1999, el derecho a la Seguridad Social para trabajadores como taxistas, servicio doméstico y vendedores informales es respaldado por un 90,8 por ciento de la población, seguido de la reducción de la jornada laboral a seis horas desde las ocho actuales, apoyada por un 70,6 por ciento.

Entre los principales actores sociales que apoyan parte de las reformas destaca la UNT, la central sindical que hoy con más de 1.200.000 afiliados defendió al líder bolivariano cuando sufrió el efímero golpe del 2002 y luego el paro petrolero patronal organizado por Fedecámaras y la otra central gremial, la CTV, que concluyó en febrero del 2003. "La reforma que el presidente hace demuestra que estamos en un proceso de cambios, una situación revolucionaria cada vez más profunda, en la que él recoge a su manera lo que el pueblo y los trabajadores vienen desarrollando a través de luchas y movilizaciones para terminar con la explotación y el imperialismo", dijo a Página/12 Orlando Chirino, coordinador nacional de la UNT y dirigente de la principal corriente sindical, Ccura, de izquierda.

Sin embargo, Chirino se manifestó en contra del método para reformar la Constitución reivindicando la necesidad de que todo el pueblo discutiera el contenido en su totalidad –no sólo 33 artículos– a través de mecanismos más democráticos que el llamado "parlamentarismo de calle". "Si vamos al socialismo, deberíamos ir a una asamblea popular libre y soberana con delegados de trabajadores, campesinos, comunidades, estudiantes, integrantes de las fuerzas armadas, que sea superadora de la asamblea constituyente que se fundamenta en una persona un voto", propuso el sindicalista de 58 años y con más de cuatro décadas de experiencia gremial, requerido desde distintas regiones del país para actividades y conflictos.

El contenido del proyecto gubernamental, señaló el líder sindical, también presenta límites. "No se inscribe en una perspectiva socialista. No se cuestiona para nada la propiedad capitalista. El fruto del trabajo y los excedentes que producimos los trabajadores y trabajadoras seguirá siendo apropiado por una minoría de empresarios o en el mejor de los casos por un Estado desde el punto de vista capitalista", indicó en referencia al artículo 115 que crea cuatro nuevas formas de propiedad, entre ellas la mixta, dejando intacta la privada. Otro problema, dijo Chirino, es que la nueva normativa permitiría de ahora en más que las multinacionales tengan potestad sobre el suelo, el subsuelo, áreas marítimas y todos los recursos naturales mediante las empresas mixtas.

Detrás de la reforma, el coordinador de la UNT percibe el apoyo de sectores empresariales a algunos artículos. Según Chirino, el presidente de Fedecámaras, José Manuel González, agradeció en su momento al vicepresidente de la República, Jorge Rodríguez, por comprometerse a respetar la propiedad privada sobre los medios de producción. Asimismo, José Agustín Campos, presidente de la Confederación de Agricultores y Ganaderos de Venezuela (Confagan), se pronunció en agosto en una rueda de prensa a favor de la reforma presentada ese mes por el mandatario venezolano, informó el canal oficialista Vive TV, de Venezuela. Elementos importantes a respaldar, señaló Campos, son los concernientes al reordenamiento territorial, al establecimiento de seguridad social para los trabajadores independientes y a la reducción de la jornada laboral a seis horas.

Entre sus preocupaciones, la UNT teme que la creación del fondo de estabilidad social y la disminución del horario laboral –dos medidas que la central apoya– tengan efectos contraproducentes. "Así se puede estar legitimando la exclusión de millones de compatriotas que no gozan de empleo digno y que ahora van a tener el beneficio de un subsidio, cuando lo que se trata es de que el Estado y la Constitución garanticen pleno empleo en condiciones dignas", alertó Chirino al explicar que el seguro social no implicará una previsión social completa. "No se aclara que la reducción de la jornada no implica reducción salarial ni aumento de la explotación. Espero que no signifique concesiones a los empresarios en materia de impuestos y responsabilidad social como ha sucedido lastimosamente en Francia", advirtió.