La expulsión del territorio de la República Bolivariana de Venezuela del chileno José Miguel Vivanco, director de la institución estadounidense Human Rights Watch (HRW), junto a otro directivo estadounidense, gatilló una serie de roces entre los gobiernos de Chile y Venezuela, lo que refleja que la política exterior de Chile se encuentra profundamente impregnada por la ideología conservadora y el doble discurso.

La nacionalidad de José Miguel Vivanco, de ningún modo debiera transformarse en un conflicto artificial entre los gobiernos de Chile y de la República Bolivariana de Venezuela. Sus opiniones -las que motivaron su expulsión de Venezuela- mediante una decisión soberana del gobierno del presidente Hugo Chávez, le representan a él y su institución y en nada tienen que ver con Chile y con el pueblo chileno.

Un solo ejemplo: La argumentación del gobierno chileno, esgrimida por el canciller subrogante Alberto Van Klaveren, al anunciar el envío de una nota diplomática al gobierno Bolivariano en rechazo de la expulsión que afectó al chileno José Miguel Vivanco, es una demostración contundente del doble estándar dominante en la actuación gubernamental, actitud que puede ser leída como una demostración del alto sesgo ideológico conservador dominante en nuestra cancillería y la cada vez más indisimulada animadversión que exhibe el actual canciller Alejandro Foxley y un sector importante de altos funcionarios de la Cancillería, particularmente cuando se trata de declaraciones, iniciativas y actuaciones del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías en relación a nuestro país y a la región. La posición política del ministro Foxley y de algunos dirigentes de la Concertación, no hace sino que estimular la escalada de agresivas declaraciones en contra de Hugo Chávez y de su gobierno (las que de paso condicionan a UNASUR presionando a la misma presidenta Bachelet) por parte de dirigentes de la derecha política y económica, así como de connotados analistas y periodistas del pensamiento único que opinan sin contrapeso en mayoría de los medios de comunicación.

La decisión tomada de expulsar a Vivanco se efectuó invocando las leyes y la Constitución vigente de la República Bolivariana de Venezuela.

Más allá de las diferentes realidades de cada país y de la opinión que se tenga sobre la pertinencia u oportunidad de las medidas tomadas, aquella decisión se tomó siguiendo el mismo razonamiento que invocó hace tan solo 3  meses atrás el gobierno de Chile para expulsar de su territorio a los ciudadanos italianos Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, quienes fueron acusados de injerencia indebida al ser aprendidos luego de entrevistar y filmar al lonko (mensajero) de la comunidad mapuche de Chupilko, que desde hace 17 años denuncia la usurpación de sus tierras por parte de la empresa Forestal Mininco.

Los italianos fueron detenidos en el sur de Chile y por decisión del Ministerio del Interior fueron finalmente conducidos al aeropuerto internacional y expulsados del país. Acusados por infracción a la Ley de extranjería debido a que ingresaron como turistas al país, se les responsabilizó de infringir la Ley de extranjería al participar en actividades de política interna.

Los jóvenes italianos no elaboraron  documento escrito alguno- (como si lo hicieron en Caracas los directivos de HRW con un amplio despliegue)- mediante el cual hubiesen criticado la institucionalidad vigente, la falta de reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios, la conducción del gobierno de la presidenta MIchelle Bachelet, o denunciado las dificultades sociales, económicas, territoriales y culturales que afectan hoy al pueblo mapuche. Tampoco efectuaron una conferencia de prensa y sin embargo fueron expulsados de Chile sin contemplaciones. Aquello, (a la inversa de lo ocurrido con las declaraciones de personeros del gobierno chileno sobre la expulsión de José Miguel Vivanco de territorio venezolano), tampoco generó una protesta oficial ante Chile por parte del gobierno italiano, por el hecho que ambos fuesen ciudadanos de ese país.

Una situación similar se vivió en abril del 2008 cuando el Gobierno chileno expulsó del país al ciudadano francés Thomas Bourgeois y a los ciudadanos españoles Jesús Fuentes, Félix Torrealba y Jesús Duero, integrantes del grupo rock 'Puente Romano' junto  a dos jóvenes españolas, cuyas identidades no fueron reveladas, las que fueron detenidas cuando acudieron a las dependencias policiales a visitar a sus compañeros. Los jóvenes fueron  expulsados por el Ministerio del Interior invocando la violación a nuestra Ley de Extranjería actual, que prohíbe participar en actos políticos a ciudadanos extranjeros. Los europeos participaron en un acto cultural en la Villa Francia en Santiago en homenaje a los hermanos Vergara Toledo asesinados por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet en 1985. En este caso la sola participación de estos jóvenes en un acto considerado por el gobierno como acto político fue suficiente para expulsarlos.

En ambos casos no hubo la presentación de un documento, ni críticas públicas formuladas por los expulsados (como las efectuadas en caracas por los directivos de HRW) y sin embargo, en el caso de Vivanco motivaron el envío de una nota de protesta diplomática por parte de Chile al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, involucrándonos así de manera artificial y desde una clara impronta ideológica conservadora en un lamentable incidente bilateral.

No se puede tener un doble discurso y una doble práctica- como las que tiene la Cancillería chilena- sin que quede al descubierto sus contradicciones y debilidades. No se puede observar 'la paja en el ojo ajeno' y no ver la propia, sin que queden al descubierto las incoherencias y en último término, una concepción de política internacional que trasunta una clara política conservadora. Se protesta ante Venezuela en este caso invocando nuestra historia reciente y nuestra sensibilidad en los temas de DDHH ,pero se guarda absoluto silencio ante países que violan sistemáticamente los DDHH y encabezan injerencias indebidas en amplias regiones del planeta como los Estados Unidos de América.  

La política exterior de Chile no puede construirse sobre una concepción ideológica sesgada y conservadora. Nuestra política exterior debe contribuir a la integración sudamericana y latinoamericana sin aislar a ningún país ni a sus gobernantes, con respeto a la autodeterminación y la soberanía de cada país. Debemos trabajar por un mundo multipolar, para que la globalización sea incluyente y regulada, impulsando la transformación profunda de los Organismos Multilaterales y de Naciones Unidas, para impulsar un comercio mundial más justo para los países en desarrollo. Debemos retomar un enfoque fundamental que se encuentra en el centro de la política internacional desarrollada por el Presidente Salvador Allende, y que hoy, frente a los cambios progresistas que se desarrollan en la América Latina y el Caribe del Siglo XXI, adquiere plena vigencia: El rechazo a las fronteras ideológicas en las relaciones internacionales, el respaldo activo al derecho de autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de los países y sus instituciones de acuerdo a sus propios procesos democráticos, así como la no injerencia de poderes imperiales y fácticos en los asuntos internos de los Estados. Debemos impedir que se impongan las posturas conservadoras que pretenden repartir certificados de buena conducta.Para Chile en su relación vecinal y regional esto es muy importante

En América Latina y entre nuestros países no se debe reproducir una guerra fría o un intento artificial de dividirnos 'entre populistas versus demócratas' o entre 'centro o social liberales versus izquierdas estatistas' enfoque que le interesa introducir en nuestro continente al imperio y a las fuerzas conservadoras y de derecha en nuestro país.

Refiriéndose al tema, la Presidenta Michelle Bachelet señaló en el 2006: 'acá no hay un eje del mal de ciertos gobiernos y un eje de los que pudieran ser democráticos. Acá las amenazas no son las personas, que por lo demás están siendo elegidas por sus ciudadanos'. Agregando que su política exterior, 'tendrá como centro de gravedad y sello la promoción de una identidad regional común en América Latina'. Espero que se retome ese enfoque y se detenga la equivocada política a la que nos ha conducido el canciller Foxley respecto de nuestra relación bilateral con la República Bolivariana de Venezuela. En este tema haría bien el Canciller en asumir y 'aceptar el principio de la diversidad' y examinar lo negativo que es el doble discurso en política internacional.

* Esteban Silva Cuadra, Analista internacional. Consejero de la Escuela Latinoamericana de Postgrado (ELAP) de la universidad ARCIS. Miembro del Comité Central del Partido Socialista de Chile.