Sobre el incidente que ha opuesto al presidente Chávez con el jefe de la policía chilena y vicepresidente de la Interpol, Arturo Herrera, el canciller chileno Alejandro Foxley declaró ayer 23 de mayo que el gobierno venezolano había entregado una nota a la cancillería chilena en la que se reconoce que, según dicen los boletines de prensa, la información en la que se había basado Chávez para criticar a Herrera "no era verídica".

Creo que todos estamos esperando que el canciller publique o de a conocer esa nota de la cancillería venezolana, sobre todo porque sus declaraciones confunden todavía más las cosas. Y el anhelo de mejor no meneallo es, en este caso, demasiado tarde y contraproducente. De momento, la página web de la cancillería chilena no ha publicado ninguna nota al respecto.

El canciller vuelve a pretender que el gobierno venezolano acusó a Herrera sea de estar implicado en violaciones a los derechos humanos en 1973, sea de estar implicado en la operación de encubrimiento de fines de 1975 o principios de 1976 llamada 'Operación Retiro de Televisores'. Esta operación fue ordenada por el dictador Pinochet y consistió en exhumar los cuerpos de 26 prisioneros asesinados por el grupo de militares llamado 'Caravana de la Muerte' a fines de 1973. La operación y el lanzamiento de los cuerpos al mar fueron realizados bajo el mando del general Miguel Trincado.

Que yo sepa, el presidente venezolano no acusó a Herrera de estar implicado directamente en esos dos terribles episodios.

Chávez dijo que Herrera, explica La Nación en su comentario sobre las 'disculpas' venezolanas, "habría ordenado infructuosamente que se cambiara un informe técnico que señalaba al general Miguel Trincado Araneda de haber participado en la exhumación ilegal, destrucción y desaparecimiento de los restos de 26 fusilados en Calama después del golpe de Estado de 1973, que fueron lanzados al mar desde un avión de transportes C47 de la fuerza armada chilena" (La Nación).

Lo mismo explica La Tercera en su edición online del 24 de mayo de 2008: "En sus acusaciones, Chávez dijo que el jefe policial había presionado para que se omitiera el nombre del general (R) Miguel Trincado en un informe a la justicia por el caso 'Operación Retiro de Televisores', sobre las acciones de la Dina para ocultar restos de ejecutados políticos" (La Tercera).

El gobierno chileno y las agencias de prensa tergiversaron las declaraciones de Chávez, o las interpretaron de manera mañosa, creando una confusión que logró engañar a muchas personas. Sólo así se explica, por ejemplo, que Mireya García, presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dijera en una entrevista de La Nación que creía que Herrera no estaba implicado en la violación de derechos humanos, y posteriormente, tras darse cuenta del engaño, pidiera la remoción inmediata del director de la policía chilena (La Nación).

La confusión persiste. El canciller chileno dice, según interpreta La Nación, que en "una carta enviada a la Cancillería, ese gobierno asume que era errado el antecedente con que el mandatario sustentó su afirmación de que Herrera estuvo implicado en la 'Operación retiro de Televisores' bajo la dictadura de Augusto Pinochet" (La Nación).

¿Qué es esto? ¿Sainete de circo o diálogo de burros? Naturalmente puede el gobierno venezolano decir que Chávez no ha dicho que Herrera esté implicado en la Operación Retiro de Televisores, porque nunca lo dijo. Pero eso no desmiente la verdadera acusación del presidente, de que Herrera intentó proteger, en 2006 y 2007, a ese general pinochetista ordenando a sus subalternos, que desobedecieron, que borraran del informe el nombre de Trincado.

En el artículo dije que eso era, además, inútil, porque la jueza Rosa María Pinto, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, había llegado en 2006 y 2007 a las mismas conclusiones que los detectives, de modo que habría sido derechamente imposible que Trincado no fuera impugnado. Además, también un equipo de periodistas de La Nación había llegado a las mismas conclusiones, y con nuevos antecedentes y declaraciones.

He leído atentamente los boletines de prensa sobre este asunto. Ya he comentado sobre la versión de La Nación, que se basa fundamentalmente en un cable de la Associated Press. La Segunda, de Santiago, y El Universal, de Caracas, publican casi la misma información.

Pero léase con atención. Así explica el cable de la AP el incidente que motivó la comunicación del gobierno venezolano: "Chile presentó la nota de protesta el 16 de mayo por las declaraciones de Chávez en que un día antes vinculó al jefe de la policía de investigaciones chileno, Arturo Herrera, con violaciones a los derechos humanos, destacó AP" (El Universal).

Más exuberante fue uno de los columnistas de El Universal, Nelson Bocaranda Sardi, que afirma muy suelto de lengua Chávez acusó a Arturo Herrera "de ser un asesino del régimen de Pinochet" (en El Universal).

No es así, pero sea. Luego, explicando esas presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de Herrera, explica el diario: "Según Chávez, Herrera habría ordenado modificar un informe policial que inculpó al general retirado Ricardo Trincado en la exhumación ilegal de los cadáveres de 26 ejecutados políticos que fueron lanzados al mar para ocultar los crímenes de la dictadura del general Augusto Pinochet".

Lo mismo explica La Nación y otros diarios. Sería mejor decir: se desliza en esos diarios, porque no es una explicación de la supuesta implicación de Herrera, sino que transcribe la verdadera acusación de Chávez.

El Universal agrega: "El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet respaldó a Herrera, quien nunca fue acusado o investigado judicialmente en Chile por ese delito".

Suena esto último más racional, pero la presidenta chilena está mintiendo. Es falso que Herrera no haya sido acusado nunca. Fue denunciado por tres o cuatro detectives de la brigada de derechos humanos; se entabló una querella por amenazas en su contra en la fiscalía de Santiago Centro-Norte; la magistrado Rosa María Pinto inició una indagatoria judicial, en el marco de la cual interrogó a los detectives implicados, a Herrera, al ex general Trincado e incluso a algunos periodistas de La Nación. Pero esa investigación no terminó en nada.

El estado chileno no se hizo parte de la querella ni formó una comisión parlamentaria ni hizo nada para esclarecer la verdad. Simplemente en 2007 archivó el asunto y apartó de sus funciones al jefe de la brigada de derechos humanos -el detective Rafael Castillo al que el país debe el esclarecimiento de incontables casos de violaciones de derechos humanos- y a sus hombres.

Decir que no se puede acusar a Herrera porque el caso no condujo a un juicio y no terminó en condena es adoptar una actitud leguleya para encubrir a los culpables, simple cobardía o complicidad. Es exactamente el mismo argumento que utilizó el gobierno para asistir a las exequias del peor criminal que ha habido en la historia de Chile. Pues según ese argumento, como los cientos de juicios a que fue sometida la Alimaña no terminaron en condena judicial, nada se le podía reprochar y se le debía suponer de antecedentes impecables. Vaya lógica sanchopanciana.

Chávez, según sus propias palabras, se basó en informaciones que encontró en sitios en internet. En ninguno de esos sitios y blogs se acusa a Herrera de haber participado él mismo en casos de violaciones a los derechos humanos -ni en 1973, ni 1975 o 1976, ni nunca. En esos sitios, que supongo que serán los mismos a los que tiene acceso todo el mundo, se cuenta la historia del intento de protección del general Trincado en 2006 y 2007. Se lo acusa sólo de intentar proteger al ex general.

Claro que ahora hay que reconocer que la interpretación torcida del gobierno chileno permitirá superar el impasse con el gobierno venezolano. Para esto sólo basta que el gobierno venezolano ofrezca disculpas por algo que el presidente no dijo nunca. El gobierno chileno aceptará esas disculpas. Y volverán todos felices a casa, la cara intacta.

Ahora es evidente que este caso escapó de las manos del gobierno chileno e incluso de Chávez. El venezolano puso un dedo en una llaga: El gobierno chileno protege a un funcionario policial de alto rango del que se sospecha que tiene simpatías equivocadas, justo en momentos en que la presidenta recorre el mundo como reina de los derechos humanos.

No es el presidente Chávez el que está en cuestión. Es el gobierno chileno y la protección que ha brindado al vicepresidente de la Interpol.

Nada de lo que diga el gobierno chileno, ni el venezolano, puede borrar el hecho de que, por influencias políticas inconfesables, la presidenta protegió a un amigo de un general criminal y excluyó de la policía de Investigaciones a algunos de los mejores hombres que ha tenido esa institución en su historia reciente, privando al país del equipo que investigó y resolvió literalmente decenas de casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.

Es simplemente imperdonable. El presidente venezolano no hizo más que recordárnoslo.

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