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Fiscal José Benigno Rojas ordenó citar a cuatro imputados
Según Frank Briceño, Arnaldo Gutiérrez y Luis Giácomo Arellano, representantes legales y laborales de la aerolínea, deberán comparecer Rafael García, Alexis Garrido, Víctor Sánchez y Guillermo Guirier
MARIELA LEON
EL UNIVERSAL
Después del último y forzoso vuelo de Viasa, aquel 23 de enero de 1997, sus trabajadores han acudido a los tribunales en búsqueda de una declaratoria de quiebra fraudulenta de la que fuera aerolínea bandera del país en otras latitudes.
Resistiendo el tiempo y la desesperanza, tripulación y operarios de tierra han insistido en que les sean "retribuidos los daños económicos y morales" que arrojó a su paso el cierre definitivo de la empresa aérea, tras ventilar un proceso de negociaciones tensas e infructuosas de sus accionistas, el Grupo Iberia y Banco Provincial (60%) y, el Fondo de Inversiones de Venezuela (40%).
Dirigentes y abogados que han impulsado las gestiones tribunalicias, han conocido por medio de doce fiscales asignados a este caso las dilaciones del Poder Judicial. Hoy, a la vuelta de ocho años, la historia parece ser otra.
Frank Briceño, Arnaldo Gutiérrez y el capitán Luis Giácomo Arellano, representantes legales y laborales de los pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra de la extinta aerolínea, informaron que el fiscal bancario nacional con competencia nacional, José Benigno Rojas, ha ordenado citaciones, en calidad de imputados, a cuatro ex administradores de Viasa, sobre "las presuntas irregularidades" que tienen que ver con el cese de operaciones de la empresa y la declaración de atraso.
Se trata de Rafael García Hernández, Alexis Garrido Soto, Víctor Sánchez Leal y Guillermo Guirier, quienes desempeñaron funciones administrativas durante la etapa posprivatización de la compañía aérea. Y "deberán comparecer ante el fiscal los días 12 y 19 de diciembre", dijeron.
Adicionalmente serán citados en calidad de testigos "los participantes en la asamblea extraordinaria de accionistas de Viasa del 22 de febrero de 1997, en la cual se decidió su cierre definitivo. Son ellos Francisco Javier Alvarez (Iberia), José Campíns (presidente de la aerolínea), Raquel Uribe (Banco Provincial), Inírida Toledo (FIV) y Guillermo Guirier, como comisario".
"Estas personas", añadieron, que asistieron en la Asamblea Extraordinaria, "actuaron de conformidad con las instrucciones conferidas por los presidentes del FIV, Alberto Poletto y de Xabier de Irala (presidente de Iberia)".
Enredo numérico
Señaló Frank Briceño que en esa asamblea "el delegado de Iberia condonó una deuda por $30 millones, compromiso financiero que aparentemente Viasa debía a la aerolínea española. Según confiesan los asistentes a la asamblea, se procedió a condonar esa obligación a los efectos de equilibrar las cuentas y solicitar el atraso; esa cantidad está siendo examinada mediante una experticia que elabora la Fiscalía con el propósito de determinar el origen y el monto exacto de la transacción".
En el balance general de ganancias y pérdidas de Iberia al 31 de diciembre de 1996, avalado por la firma consultora Arthur Andersen, argumenta Briceño que "no figura ese monto dentro de sus acreencias, es decir, que lo que declararon en el balance de Viasa no aparece registrado como una acreencia en el balance de Iberia".
A ello se puede agregar que "las hipotecas sobre las aeronaves y los montos que aparecen en el balance de Viasa son totalmente diferentes a los que aparecen en el balance de Iberia; en el de Viasa es mayor en 25 millones de dólares".
Iberia actuó como ente de intermediación financiera frente a su propietaria, al prestarle a Viasa $125 millones, "en franca violación a la Ley de Mercado de Capitales y de la Ley General de Bancos. Y ese fraude está siendo analizado en la Fiscalía General".
La decisión de finalizar las operaciones de Viasa "la asumen por un informe en el cual se señala que la aerolínea había entrado en pérdidas, por la devaluación de la moneda y por el contrato colectivo de los pilotos", precisa el abogado.
De acuerdo con el informe económico presentado por la compañía, "sólo 19% de los ingresos cada vez más crecientes de la aerolínea se destinaban al pago de nómina. La empresa produjo al cierre de 1996, 173 millardos de bolívares, de los cuales 153 millardos fueron obtenidos por la venta directa de boletos y los 20 millardos restantes por transporte de carga y encomienda; de ese total, sólo 33 millardos eran destinados para el pago de plantilla".
Alas en remojo
Aun cuando desconocen los cargos que les van a imputar a los ex administradores de Viasa, Briceño, Gutiérrez y Arellano coinciden en que "la disposición del fiscal José Benigno Rojas es un primer paso. En tiempo récord ha procedido a investigar a fondo el asunto, fundamentalmente en el aspecto financiero, y ya decidió extender citaciones".
Recordaron que el caso empezó en 1999 "cuando introdujimos una denuncia ante los tribunales y luego nos convertimos en acusadores, con el viejo Código de Enjuiciamiento Penal. Aprobado el Código Orgánico Procesal Penal, trasladaron el expediente del 39 Penal a la Fiscalía".
Los apoderados legales esperan de esta investigación judicial que se "dicte el acto conclusivo y se declare la quiebra fraudulenta de la compañía. Que la Fiscalía acuse a los responsables y se retribuyan los daños morales y económicos que se han causado a los trabajadores, a los usuarios y a la nación; sobre todo los aspectos morales", como deuda pendiente con la sociedad.
"Hemos estado siete años solos y sujetos a un proceso netamente legal. Esperamos que el fiscal haga justicia. Si se dicta la quiebra fraudulenta, Iberia deberá restituir las aeronaves, restituir los activos e indemnizar a los acreedores y trabajadores, bajo la figura de la indexación", subrayó Briceño.
En esta "larga lucha" a los trabajadores de Viasa se les adeudan sus prestaciones sociales y el Fondo de Jubilación. "Sólo 10% del total lograron cobrar su liquidación" al cese de operaciones.
Modo español
Con el tiempo "hemos reconocido que el modus operandi de Iberia era comprar la empresa (Viasa y Aerolíneas Argentinas), asumía la administración, la llenaba de préstamos, hipotecaba las aeronaves y endosaba la culpa del desacierto a los contratos colectivos, sobre todo a los pilotos. Ante esa situación optaba por ir a la quiebra; hoy Iberia surca los cielos del mundo y es una de las pocas aerolíneas con utilidades ($400 millones)".
En Aerolíneas Argentinas, que estuvo en iguales circunstancias que Viasa, el Gobierno argentino fue enérgico y salió al paso junto con sus trabajadores, al punto de que hoy aún vuela. El FIV, como representante del Estado venezolano, incurrió en "negligencia manifiesta al momento de defender los intereses del país".
Arellano puntualizó que el Gobierno y los representantes de Viasa han sostenido reuniones. "La intención del vicepresidente José Vicente Rangel era constituir una Mesa de Diálogo con los ministros del Trabajo y de Finanzas, pero ésta no se ha reactivado".
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