23 de noviembre de 2016.- Las trabajadoras y los trabajadores del sector camaronero del municipio Tocópero, estado Falcón, solicitan al presidente de la república que detenga el proceso de reversión de la ocupación temporal de las empresas AGRIMAR Y RICOA ya que esta reversión estaría beneficiando a una sola persona en detrimento de más de 150 trabajadores que laboran en estas entidades de trabajo.

La Central Socialista de Trabajadores del estado Falcón denunció ante la Inspectoría del Trabajo lo que consideraron un atropello por parte de las empresas camaroneras contra 150 obreros que fueron despedidos.

Francisco García, presidente de la Central Socialista de Trabajadores del estado Falcón, explicó que las empresas Agimar y Ricoa se amparan en una presunta medida de reversión del proceso de ocupación temporal que se llevó a cabo en el año 2009 para justificar el despedido masivo contra los trabajadores.

“Decimos presunta porque lo que tenemos hasta ahora es una carta firmada por un Viceministro, que a nuestro juicio no tiene competencia para revertir este proceso de ocupación temporal ni para dirimir en materia laboral, función que le corresponde al Ministerio del Trabajo”, sentenció.

García manifestó que no se oponen a las inversiones que puedan hacerse en este sector tan importante para Falcón como es el sector productivo de la pesca y la acuicultura, pero no aceptarán que eso se haga en detrimento de la masa trabajadora.

Francisco García, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) de Falcón, explicó vía telefónica que los dueños de ambas empresas tomaron la decisión de despido de 92 trabajadores de Ricoa y 58 de Agrimar, apoyados en una carta emitida por el Ministerio del Pesca y Acuicultura vía telefónica.

“Nosotros exigimos que se dicte la nulidad de ese acto, porque contraviene el decreto de inamovilidad laboral. El traspaso al sector privado de los activos de esas unidades de producción socialista no contempla el despido de personal. Los patronos alegan que están en reestructuración”, comentó García.

ANTECEDENTES

Explicó que el 19 de mayo de 2016 se publicó la Gaceta Oficial n° 40.907, que en su artículo 9 suprime a la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL). Como consecuencia de esa acción se están traspasando los activos de las dos camaroneras a los privados, algunos son antiguos dueños, los mismos que “abandonaron las empresas a su suerte en el año 2009, cuando los trabajadores la recuperaron con apoyo del Estado”.

García indicó que con la resolución en Gaceta Oficial, la clase trabajadora queda en un limbo, porque los ahora propietarios alegan que no tienen el compromiso de asumir a los empleados porque pertenecen a la estatal. “No se estableció el mecanismo para garantizar la estabilidad de los trabajadores de las unidades de propiedad social”, apuntó.

PARTICIPACIÓN LABORAL

La clase obrera pide participar en esos acuerdos mediante mesas de trabajo. Proponen que 50% de la propiedad se mantenga con los trabajadores y 50% para los privados, pero que no se realice de manera unilateral, como se está haciendo ahora.

Aseguró que el sector de siembra de camarones es “muy rentable” por la alta demanda en el mercado internacional, por lo que no hay razones para despedir a sus empleados.

García hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro y al ministro del Poder Popular para Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario Martínez, para que sean atendidos sus reclamos.