Situación ocasiona pérdida de derechos laborales

Desde hace 5 meses Ministerio del Trabajo no presta servicios en Cumaná

Credito: Archivo

(Cumaná, 26 de febrero). Directivos sindicales de varias organizaciones denunciaron este miércoles que el Ministerio del Trabajo no presta los principales servicios desde finales del año pasado en la ciudad de Cumaná en el Estado Sucre.

Ángel Mago, Carlos Ortega y Fran Ramírez directivos sindicales en la fabricas de enlatados Atún Paraguaná, Eveba y Alimentos Margarita respectivamente, denunciaron que desde el mes de septiembre de 2.015 esta institución no presta los servicios más indispensables para garantizar la estabilidad y demás derechos de los trabajadores.

Explicaron que, bajo las excusas de auditorías, permisos, y a comienzo de año, la renuncia de la titular del cargo que hoy mantiene esta despacho acéfalo, han transcurrido meses sin que se decidan reenganches entre otras decisiones que debe emitir esta institución.

“Hay una crisis en el sector de la industria pesquera por la escasez de insumos y materia prima y tenemos casi medio año sin institución para evitar los despidos (…)”

Por su parte de César Sánchez y Adolfo Sánchez directivos sindicales del sector salud y el mercado municipal, manifestaron que el “cierre técnico” ocurre con la peor crisis económica que vive el país y la ciudad de Cumaná, por lo que la situación ha servido para que los empresarios atropellen a los trabajadores.

“Los más afectados son lo trabajadores que no tienen organizaciones sindicales, es decir los de las tiendas, abastos y panaderías”.

Otros líderes sindicales como Alexander González y Luis Isasi quienes laboran en las empresas Toyota y Pepsi de Venezuela respectivamente, aseguran que empresas como Polar utilizan esta situación sin precedentes en la historia de esta institución para despedir o negarse a negociar los contratados colectivos de trabajadores.

Los denunciantes concuerdan, en que el Ministerio del Trabajo es responsable directo e incluso lo señalan de cómplice de esta violación del estado de derecho, pues consideran que es un pase de factura contra las organizaciones sindicales de la región a consecuencia de sus protesta e incluso críticas contra este organismo y la forma como se han manejado ciertos aspectos por el ejecutivo nacional.

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