10-06-14.-“Es necesario un cambio profundo en la política laboral del gobierno, si nosotros queremos de verdad profundizar este proceso y reorientarlo hacia la construcción del Socialismo, tenemos que desarrollar una política laboral que permita fortalecer la capacidad de lucha de la clase trabajadora contra el capital y contra el Estado burgués”
Caracas, 10 jun. 2014, Tribuna Popular TP.- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) llamó a cambiar la política laboral del Gobierno Nacional, que a través de la judicialización de las luchas laborales y la complacencia del Ministerio del Trabajo con patronos públicos y privados, está llevando a la destrucción del Movimiento Obrero y Sindical venezolano.
“Hemos sido categóricos e insistente en la necesidad de realizar un cambio profundo en la política laboral del gobierno venezolano, porque hasta ahora, lo que está sucediendo en Venezuela es el desarrollo de elementos que constituyen una política laboral dirigida a establecer una situación de indefensión de amplios sectores de trabajadores y trabajadoras”, señaló Pedro Eusse, miembro del Buró Político y Secretario Nacional del Movimiento Obrero y Sindical del PCV.
Para la tolda del Gallo Rojo, la política laboral que aplica el gobierno nacional y las instituciones como el, recientemente renombrado, Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo y sus organismos dependiente, “al parecer intenta desmontar las fortalezas de la Clase Trabajadora en la defensa de sus intereses sociales, económicos y políticos”, enfatizó Eusse.
Para los comunistas, esta política que se viene aplicando es incoherente con un proceso de cambios que se asume como revolucionario y que se plantea el objetivo del socialismo.
“No es revolucionario impedir o boicotear procesos de organización de los trabajadores y las trabajadoras, lo cual hemos denunciado insistentemente. Desde el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales se está, de manera sistemática, obstaculizando los procesos de sindicalización de miles de trabajadores”, denunció el dirigente.
Eusse señaló que desde las Inspectorias de Trabajo, en las distintas regiones del país, se observa una actitud absolutamente parcial con los patronos que violan la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) y que golpean a los sindicatos luchadores.
Eusse señaló algunos ejemplos que de lo que está sucediendo en el país:
Calificaciones de despidos: Hay cientos de calificaciones de despidos, inclusos de dirigentes sindicales, que se han aprobados y están en proceso alrededor de 18 mil para los próximos meses.
Represión a Trabajadores: Hay un uso excesivo de los órganos de la fuerza pública contra las movilizaciones de trabajadores que luchan por sus derechos..
Judicialización de dirigentes obreros: En estos momentos hay una gran cantidad de trabajadores presos, incluso con sentencias de prisión para algunos de ellos.
Ejemplos: 14 trabajadores de la empresa Alentuy en el Estado Lara condenados a prisión por orden de un tribunal penal, cuando el origen del conflicto fue una lucha laboral contra un despido masivo; En el Estado Carabobo, hay 7 trabajadores con sentencia de casa por cárcel, de la empresa Souto; un delegado de prevención del Centro Médico de Caua, estado Aragua, esta presos por denunciar irregularidades en su centro de trabajo.
Así, señaló Pedro Eusse, hay cientos de trabajadores y dirigente sindicales que son judicializados por enfrentar a los patronos públicos y privados, con la complacencia de las distintas Inspectorias del Trabajo en todo el país.
Otros hechos que se han denunciados:
Para muestra, la reunión que sostuvo Oscar Figuera, secretario General del PCV, quien encabezó una delegación que formaron parte Carlos Ojeda Peralta, Secretario Político del PCV en Aragua y diputado del Consejo Legislativo (CLEA); Eloy Ordaz, diputado comunista del CLEA; y, Rafael Arias, concejal del PCV en el Municipio Sucre. con cerca de 150 dirigentes sindicales y Delegados de Prevención, que representan a más de 20 organizaciones de trabajadores, el pasado 31 de mayo, en la antigua arrocera de Cagua, municipio Sucre del estado Aragua.
Yovany Quintero, quien instaló el acto y es dirigente sindical en Farplastic, C.A., denunció que la empresa despidió a 22 trabajadores y que se niega a discutir el Contrato Colectivo; y que al empezar a agruparse en torno al conflicto del Centro Médico Cagua, han evidenciado que la situación en la región es crítica, por lo que han asumido constituir un Movimiento Popular de Trabajadores en Lucha.
Por los trabajadores de Industrias Iberia, C.A., habló Javier Méndez, expresando que se judicializa la protesta y que el trabajador José Belisario sigue preso en Tocorón, pero se pregunta: ¿dónde hay un patrono detenido?
De Inversiones Selva, C.A., el Secretario General del Sindicato, Yormel Rodríguez, planteó que han llevado sus reclamos a diferentes instancias y no han encontrado respuesta, tomando en cuenta que no sólo les impusieron el horario de trabajo y quieren despedir a 241 de los más de 1.000 trabajadores, sino que la patronal introdujo en la Inspectoría de Cagua un proyecto para reducir los derechos consagrados en su Convención Colectiva. Por lo que directamente exigen la destitución de Elio Colmenares, Viceministro del Trabajo; Nestor Ovalles, presidente del Inpsasel; Juan Carlos Toro, Director nacional Laboral del Mintrabajo; y, Rosalía Zingales, directiva nacional en el Mintrabajo.
Manuel Torrealba, de Vasos Venezolanos, C.A., de Maracay, dijo que la empresa quiere despedir a 132 trabajadores, y haciendo referencia al proceso revolucionario afirmó que “ahora tenemos el balón, no lo perdamos”.
Los trabajadores de Mini Bruno Sucesores, C.A., ubicada en Santa Cruz, expresan que no ven a dirigentes de la llamada Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) hablar de los despidos, por lo que concluyen que el Gobierno no ha asumido a verdaderos voceros de las y los trabajadores.
Percy Rodríguez, de Agropatria, en La Villa, dice que el abogado de la empresa, Antonio Meléndez, se niega a acatar las órdenes de reenganche. El Delegado de Prevención, Marcos Borges, señaló que es alarmante que el 80% de los despidos son de dirigentes sindicales, y que la Inspectora del Trabajo en Cagua, Oriana Anzola Loreto, tiene una abierta propensión patronal evidenciada en su afirmación de que ella va a sanear las empresas.
De los trabajadores de Celoven, C.A., David Ratia, Secretario General del Sindicato, alertó sobre las violaciones a los derechos laborales, y Ruth Bolívar expuso que en una reunión esa Inspectora también dijo que en Cagua se hacía lo que a ella le daba la gana, no hay respuesta ante el paro técnico ilegal de la empresa, donde además la patronal solicitó una suspensión de la relación de trabajo.
José Bolívar, Delegado de Prevención y Secretario General del Sindicato en Alfonzo Rivas & Cía., resaltó que la problemática se presenta con las tres Inspectorías del estado: Maracay, La Victoria y Cagua; sin atención a los despidos a granel, favoreciendo a las patronales y judicializando las protestas.
Jesús Castro, de la Galletera de Cagua, expuso que se intimida a trabajadores con patologías, despidiendo incluso a uno con 24 años de labor, por lo que afirma que tienen la LOTTT y la Lopcymat, “pero no se cumplen, nuestros derechos no se están respetando”.
De Fanainox, C.A., Marcos Requena dijo que la empresa introdujo un pliego contra los trabajadores, y otro representante puntualizó que “la raíz de los problemas está en la falta de conciencia de nosotros mismos; tenemos que apropiarnos de los medios de producción”.
Jony Rea, de Wonder de Venezuela, C.A., denunció que tienen cinco meses parados por la patronal y ellos aspiran a recuperar la empresa con un proyecto que presentaron, pero sin respuesta ni apoyo, por lo que también plantean la destitución del Coordinador regional del Trabajo, José Acosta.
En Promiven, C.A., María Soto señaló que la empresa está cerrada y que ha despedido ilegalmente a 24 trabajadores.
Jesús Hernández, en representación de los choferes y avances, señaló que ellos también sufren por la actitud de las empresas privadas del Transporte, por lo que están organizando un sindicato, pero falta un papel más activo del Gobierno.
Pedro Eusse informó que la Corriente Clasista de Trabajadores “Cruz Villegas (CCT-CV) está efectuando un registro de todos los hechos que están sucediendo para ser presentado al Presidente de la República y al ministro del ramo, por tanto hace un llamado a los dirigentes sindicales y a las y los trabajadores a presentar sus denuncias.
“Insistimos, es necesario un cambio profundo en la política laboral del gobierno, si nosotros queremos de verdad profundizar este proceso y reorientarlo hacia la construcción del Socialismo, tenemos que desarrollar una política laboral que permita fortalecer la capacidad de lucha de la clase trabajadora contra el capital y contra el Estado burgués”, señaló finalmente Pedro Eusse.
