Esta vez le tocó al Sindicato de la Empresa Procesadora de Camarones, C.A. (Procam), empresa camaronera, exportadora de camarones-. Este sindicato de reciente creación, dentro del proceso revolucionario, afiliado a la Unión Nacional de Trabajadores del Estado Anzoátegui tiene afiliadas a más de ciento veinte mujeres, muchas padres y madres trabajadoras, humildes, a las cuales se les cancelan salarios en los límites de lo mínimo. Siendo explotadas por varios años en las peores condiciones de trabajo, decidieron esperanzadas en la revolución bolivariana de conformarse en un sindicato que velara por la defensa de sus derechos. Es así que se inicia la lucha, se organizan en un sindicato revolucionario, eligen a sus delegadas de prevención, empiezan a reclamar sus derechos ante la empresa Procesadora de Camarones, un consorcio que se dedica al cultivo para la exportación de camarones cuya mayor entrada de dinero la reciben en dólares y beneficiada por el Estado.
La lucha iniciada por el sindicato hizo que la Empresa adecuara las condiciones de trabajo de casi explotación que mantenía con las trabajadoras y trabajadores; por supuesto, esto le ocasionó merma en sus infladas ganancias. Esta situación no la podía permitir la Empresa e inició una estrategia de desmembrar el sindicato. Solicita ante la Inspectoría del Trabajo con sede en Barcelona calificación de despido para integrantes del Sindicato y Delegadas de Prevención, así como para otras trabajadoras, fundamentándose en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, en varias causales:
Falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo; Hecho intencional o negligencia grave que afecte a la seguridad o higiene del trabajo; Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las máquinas, herramientas y útiles de trabajo, mobiliario de la empresa, materia prima o productos elaborados o en elaboración, plantaciones y otras pertenencias; Falta grave a las obligaciones que le impone la relación laboral. Ningunos de estos hechos fueron descritos por la Empresa en su escrito de solicitud, no alegaron ni probaron los hechos .En un procedimiento plagado de vicios concluye con Providencias suscrita por la ex Inspectora del Trabajo ,determinando...”…que la trabajadora LUISA ELENA RODRÍGUEZ al tener la carga probatoria en el presente proceso de CALIFICACIÓN DE FALTA, tal y como se indicó, estaba obligado procesalmente a demostrar las faltas denunciadas, y las cuales no probó, todo de conformidad con la teoría de la carga de la prueba…”. De acuerdo a esta Providencia tenemos que ser las y los trabajadores los que demostremos en juicio que cometimos faltas que autoricen nuestros despidos y si no las probamos, igualmente estamos despedidas. Sentando un precedente nefasto en violación a la propia Ley Orgánica del Trabajo y poniendo a las y los trabajadores a recurrir en vía jurisdiccional las providencias dictadas, cuando de todas y todos es sabido lo largo, engorroso y costoso que significa para una o un trabajador, débil jurídico y económico, accionar ante la vía contenciosa administrativa.
Después de producida estas Providencias autorizando la CALIFICACIÓN DE DESPIDO DE LA SECRETARIA GENERAL Y TESORERA DEL SINDICATO, camaradas, LUISA ELENA RODRÍGUEZ Y LUZMILA YACOT, respectivamente, la Inspectora del Trabajo renuncia al cargo, situación que es del conocimiento de la Coordinadora del Ministerio de la Región Oriental y del Director de Relaciones Laborales. Su misión fue cumplida que fue la de favorecer, no se sabe a costa de qué ni de cuanto, a la Empleadora en desmedro de los intereses y derechos de la clase trabajadora. El daño fue ocasionado y cree, la empresa, que tiene el camino expedito para la conformación de un sindicato patronal con quién discutir la próxima convención colectiva en virtud de que la vigente está próxima a su vencimiento.
La mujeres trabajadoras, hoy, al igual que ayer lo hicieron nuestras hermanas de clase en EEUU y en el mundo entero, lucharemos incansablemente, incluso a costa de nuestras propias vidas, por defender nuestros derechos.
Hoy contamos con un Presidente que ha dignificado el rol y la participación de las mujeres en este proceso revolucionario. Pero también sabemos que existen funcionarios inescrupulosos que usufructúan en su beneficio personal la oportunidad que les brinda un cargo, estamos conscientes de ello y esa es la lucha. Lucha que libraremos no sólo en contra del explotador sino también en contra de sus lacayos infiltrados en las instituciones que, en principio, deben defender los derechos de las y los trabajadores y las mujeres.
Por esta vía hacemos un llamado a la Ministra del Poder Popular para el Trabajo, a la de la Mujer e Igualdad de Género, a la Comisión de Familia, Mujer y Juventud, a la Defensoría del Pueblo, a la Dirección Nacional, Regional del PSUV, a los Delegados y Delegadas al Congreso Extraordinario del PSUV, a los Frentes de Mujeres Revolucionarias y Socialistas, a todos los Partidos de Izquierdas y Progresistas que acompañan este proceso, a todas las Organizaciones Sociales, a todas y todos los trabajadores y al pueblo en general, para que cada quién, en el ámbito de sus competencias, apliquen las TRES R, tantas veces aclamada por nuestro Presidente.
No nos queda la menor duda de que las y los trabajadores de la Empresa Procam continuarán en su lucha, así como todos los trabajadores que al fragor del combate en contra del explotador conquistan sus derechos. Son las contradicciones de clases lo que se hace evidente.
Estamos consciente que, en esta etapa de transición y ante la arremetida de la burguesía nacional y transnacional, se hace necesario mantener LA PAZ LABORAL, pero la misma no puede ser a costa de exabruptos jurídicos y políticos de funcionarios infiltrados en la administración pública que utilizan sus cargos para servirse de ellos y/o favorecer los intereses de la oligarquía. Asumamos nuestra responsabilidad al elegir a personas idóneas, capaces, eficientes, honestas, probas en los cargos, y más aún cuando se trata de hacer justicia. EL MEJOR CAMINO PARA LA PAZ ES LA JUSTICIA.
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