Una vez más, el tema de las Empresas Socialistas se coloca en las agendas de los Sindicatos y otras organizaciones de la Clase Obrera Venezolana, pues mientras el Gobierno Nacional centra su discurso y actuación en la compra de las acciones constitutivas del capital social de las compañías privadas para sostener que las ha socializado, el conjunto de los Trabajadores y las Trabajadoras hoy por hoy tienen conciencia de que no basta la ESTATIZACIÓN de las acciones como para que se constituyan las Empresas Socialistas.

No obstante, es necesario comprender que inevitablemente este es un paso forzoso en el camino de la SOCIALIZACIÖN del Aparato Productivo de la Nación, que por lo demás, constituye una condición esencial para la edificación de la ECONOMÏA SOCIALISTA, base material de la Sociedad Socialista. Por cuya razón, los Trabajadores y Trabajadoras entendemos que no basta decir que una Empresa es Socialista para que deje de ser Capitalista, ya que sobre esta cuestión existen otros asuntos sobre los que deben aplicarse medidas en la perspectiva de la Organización Socialista de la Producción, tales como: La planificación, dirección, gestión y control de la producción; las relaciones sociales de producción; la división social y técnica del trabajo; la desmercantilización del trabajo; la organización administrativa de la Empresa; el tipo de tecnología que se emplea en la producción y sus consecuentes mejoras tecnológicas; el impacto ambiental, la comercialización de los productos fabricados; en fin, todo cuanto implica colocar verdaderamente la producción al servicio de la sociedad, para lo cual es necesario pero no suficiente, convertir a las Empresas Privadas estratégicas en Empresas Públicas, a través de la adquisición de sus acciones.

Ahora bien, sobre este punto, es decir, sobre la compra de las acciones del capital social de las Compañías Privadas, los Trabajadores y Trabajadoras estamos en la obligación de investigar, conocer, discutir y validar su realización, tanto en el ámbito económico financiero como en torno a la oportunidad y pertinencia política.

En este momento está pendiente la negociación del precio de las acciones de SIDOR, negociaciones que transcurren con un nivel de hermetimos que no sólo generan inquietudes acerca del precio que finalmente se les fijaran, sino lo que es más grave, los Trabajadores y Trabajadoras que son los integrantes de la Clase Obrera, fuerza motriz de la Revolución Socialista, no han tenido acceso al mencionado proceso de negociación. Ello a decir verdad, no sorprende, toda vez que con la estatización de la Electricidad de Caracas, CANTV, la Industria Lechera, sólo por mencionar los casos más recientes y no aludir lo acontecido en el área petrolera con la migración a las Empresas Mixtas, ocurrió prácticamente lo mismo.  

En este contexto, es necesario LLAMAR LA ATENCIÓN acerca de lo que está en desarrollo con relación al Sector Aluminio Nacional, particularmente, en lo tocante a las Empresas públicas CVG VENALUM y CVG ALCASA.

Como es sabido, el veinte por ciento (20 %) de las acciones del capital social de CVG VENALUM es propiedad de un Consorcio Japonés, vale decir, de un grupo de empresas trasnacionales. Igualmente, también es sabido que, no menos del setenta por ciento (70 %) de la producción nacional de aluminio primario está destinado a la exportación, algo así como cuatrocientas mil toneladas de aluminio al año (400.000 T/A), de cuyo volumen los Japoneses adquirían alrededor de unas ciento cincuenta mil toneladas de aluminio al años (150.000 T/A) a precios por debajo del que se les fijaba al mercado nacional, situación que cambió radicalmente a raíz de la patriótica decisión adoptada por el Gobierno Nacional a iniciativa la Junta Directiva de CVG VENALUM, en el sentido de no venderles más aluminio a dichas trasnacionales en perjuicio de los intereses de la República Bolivariana, lo que condujo al Consorcio Japonés a ofrecer en ventas sus acciones, dado que a lo único que tienen derecho ahora, en tanto accionistas, es a la designación de un representante a la Junta Directiva y a la porción de Utilidades que se produzcan al cierre del ejercicio fiscal correspondiente.

Se sabe también, que el Ministro Rodolfo Sanz ha designado una Comisión para negociar las referidas acciones, lo cual hacen casi en secreto, o por lo menos,  en desconocimiento de la Clase Trabajadora del País y, particularmente, de Guayana; adicionalmente, se dice que el negocio está por el orden de los trescientos cincuenta millones de dólares americanos (350.000.000,oo $$). Nadie sabe el método empleado para fijar el precio de las acciones, tampoco nadie sabe si se ha descontado las inversiones que ha hecho el Estado Venezolano en mejoras e incremento de la capacidad productiva de la Empresa, en fin, el asunto es todo un misterio. 

Esta cuestión adquiere importancia, cuando se evalúa lo que ha venido ocurriendo con la Empresa SURAL; caso éste, suficientemente conocido en Guayana, especialmente en lo referente a la deuda que tiene esta Empresa con el Estado Venezolano, la cual alcanza al monto aproximado de ciento ochenta millones de dólares americanos (180.000.000,oo $$), así como a las movilizaciones populares que se han producido en procura de que sea nacionalizada y consecuencialmente ponerla a producir a toda su capacidad productiva, es decir, noventa mil toneladas de aluminio al año (90.000 T/A), pues hoy sólo transforma anualmente veinte mil toneladas al ano (20.000 T/A).

Ha sorprendido a los Trabajadores del Sector Aluminio, la decisión del Ministro Rodolfo Sanz de ordenarle a VENALUM y ALCASA que le vendan a SURAL las noventa mil toneladas de aluminio (90.000 T/A), sin que previamente se haya resuelto la cuestión de la deuda, y sin ofrecerle al Estado ningún tipo de garantías de que vayan a pagar oportunamente, ya no la deuda,  sino el nuevo suministro del metal. La actitud del Ministro sorprende, se reitera,  porque no hay que ser especialista en economía, para proceder con los trescientos cincuenta millones de dólares americanos a comprar las acciones del capital social de SURAL, previa compensación de las deudas. Con tal decisión,  se estaría contribuyendo al desarrollo de las capacidades transformadoras del Aparato Productivo Público de la Nación, es decir, se impulsaría el desarrollo aguas abajo de las Cadenas Productivas del aluminio, con lo cual, simultáneamente se reduciría el volumen de materia prima que se exporta y consecuentemente se generarían nuevas fuentes de trabajo productivo.  

En consideración a todo lo anteriormente expuesto, LA CLASE OBRERA DE GUAYANA tiene hoy planteado un nuevo reto, de cara a la edificación de la Economía Socialista. En tal sentido, debe comprender cabalmente la etapa por la que transita en este momento la Revolución Bolivariana; y muy especialmente, debe tomar en cuenta los niveles de desarrollo que como Sujeto Histórico ha alcanza en materia de conciencia, organización, formulación y ejecución del Proyecto Socialista. Sobretodo, debe valorar la Correlación de Fuerza existente al seno del Bloque Social Hegemónico, en función de dotarse de una correcta estrategia y táctica que la conduzca a ejercer la dirección política del Proceso Revolucionario, sin poner en riesgo la estabilidad de éste. He allí su mayor RERSPONSABILIDAD, avanzar en la construcción del Socialismo, para lo cual es necesario la agudización de la Lucha de Clases, sin ofrecerle condiciones al ENEMIGO que le posibiliten la restauración del dominio del Capital. ESE ES NUESTRO DESAFIO, de ello depende el TRIUNFO o la DERROTA de este nuevo intento Revolucionario. Debemos movilizarnos para exigir que los procesos de estatización de Empresas Privadas, y su consecuente socialización, se realicen con la activa participación de los Trabajadores y Trabajadoras de todo el País.