Las cartas están puestas sobre la mesa; y los grandilocuentes enunciados se las instituciones del estado venezolano son hoy sometidas a la infalibles pruebas de la realidad material y de la lucha de clases. El cierre de la planta Coca-Cola Maracaibo no es bajo ningún concepto una situación aislada del tenso escenario político y económico del país; por la calle del medio estamos ante un cierre patronal excusado tras razones técnicas-productivas, aducidas a la falta del azúcar como materia prima de la muy prescindible bebida gaseosa. El centro de la discusión pública no es otro si no la afectación y peligro de la estabilidad laboral de alrededor de 800 trabajadores de esa planta en cuestión.
En plena vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras; surgida en el marco de los procesos de cambio socio-políticos de los últimos 18 años; en el medio de la crisis económica más profunda vista en Venezuela; y ante la más brutal guerra económica jamás vista en el continente, hoy una empresa transnacional de la forma más arbitraria ejerce una práctica nada nueva del capital empresarial; el Lockout, medida de acción directa conflictiva históricamente conocida. Como una herida abierta en el tejido social la situación de este cierre patronal deja ver la medula de los intereses del capital en este momento histórico en Venezuela. Por un lado la razón técnica expuesta por la empresa relacionada con la falta de azúcar, aduce tácitamente la hipersensible escases derivada del inconveniente control de divisas; por otro lado tenemos como consecuencia directa la perdida posible de 800 puestos de trabajos. En dos platos se presenta a la opinión pública razones por las cuales se debe garantizar las condiciones para el flujo y florecimiento del “libre mercado”; condiciones constituidas principalmente por la desregularización general de toda limitación del capital.
No es el primer ni último caso de cierre patronal en Venezuela en los últimos años, Empresas Polar se ha vuelto particularmente hábil en esta práctica; otras empresas como la KRAFT, EFCO, entre otras tantas; juegan sus cartas de presión contra los trabajadores, sus conquistas y el confuso estado que suscribe estas conquistas y que mas que bacilar, se congela ante los avances patronales en sus prácticas conflictivas, y no es precisamente por falta de regulación que se presenta la actitud omisiva del gobierno venezolano. La gran carencia es fundamentalmente de voluntad política sobre el ejercicio de las potestades que reposan en el estado para combatir este tipo de prácticas. El artículo 148 de la LOTTT que lleva por título: Protección del Proceso Social del Trabajo, y el artículo 149 de la misma ley titulado: protección de las fuentes de trabajo y de los puestos de trabajo, establecen garantías regulatorias por parte del estado para enfrentar estas prácticas patronales, se crea una base legal para la ocupación de la empresa por parte de los trabajadores. Dejare para otra entrega el análisis contextualizado de estos dos artículos, limitándome al mero enfoque político de la situación en la presente entrega.
Estamos ante una inminente avanzada patronal en la cual el Lockout servirá de herramienta de presión para un empresariado que actúa como clase organizada en la defensa de sus intereses. En este marco existen sectores dentro del gobierno que en pro del mantenimiento de sus beneficios apuestan al “diálogo social”, o mejor dicho a la entrega de toda conquista de los trabajadores. Por otro lado existe un sector del gobierno que ante la presión de la burguesía busca de forma muy retraída apoyarse en el pueblo trabajador y sus organizaciones.
Se esperaría de un ministerio con tan noble titulo la contundencia que ejercería como estado ante una “huelga ilegal”, pero como es bien sabido a los trabajadores nada les es regalado, y el ejercicio de la acción de la clase trabajadora debe partir de la identificación de sus intereses como clase, debe darse desde sus organizaciones autónomas e independientes. Ante los paros patronales el eje de movilización debe ser de exigencia directa al avocamiento del ministro del trabajo al cumplimiento de sus potestades establecidas en la LOTTT frente a cierres ilegales. Contra el Lockout: movilización y organización autónoma de la clase trabajadora en defensa de sus conquistas.
José Mendoza: abogado laboral, asesor de sindicatos, militante del colectivo trabajo juventud- director del observatorio laboral Giuseppe Raspa