Amigo aporreador, os ruego toméis unos minutos de vuestro valioso tiempo para leer esta pública denuncia, después de procurar infructuosamente justicia por las vías normales.
¿Que sentiría si un día cualquiera recibe una llamada de la secretaria del jefe para que se presente en su oficina y al llegar es pasado a un salón donde se encuentra una especie de tribunal de inquisición que le informa que, por razones estrictamente organizacionales (no tipificada en nuestro ordenamiento jurídico laboral), ha sido despedido de la empresa y que debe entregar de inmediato vehículo, laptop, celular y carnet de identificación?
Esta humillante experiencia la vivimos 30 gerentes de primera línea de nuestra Nueva PDVSA el 17 de febrero de 2.005 después de haber participado con amor patrio en el rescate de la empresa durante el paro petrolero del 2.002 (al menos yo así lo hice).
Escribo una vez más sobre este asunto porque la injusticia cometida por la revolución dejo en mí una profunda herida que sigue sangrante, después de haber transcurrido ocho años ya que me execró de la lucha revolucionaria de vanguardia y me mantiene en la retaguardia haciendo lo que puedo. A continuación, presentaré sucintamente las irregularidades ocurridas en este caso:
Una vez despedidos fuimos objeto de una abusiva campaña difamatoria a través de prensa, radio y televisión, acusándosenos de hechos de corrupción. Incluso PDVSA pagó avisos para difamarnos.
PDVSA nunca presentó acusación alguna ante la fiscalía, a pesar de que el ministro Rafael Ramírez declaró, públicamente, ante Ernesto Villegas cuando este tenía su programa matutino en VTV, que todos los casos habían sido pasados a fiscalía.
A solicitud de los afectados, la Asamblea Nacional, presidida entonces por el Diputado Pedro Carreño, realizó una investigación a través de la comisión de contraloría que determinó, por unanimidad, nuestra inocencia y exhortó a PDVSA a resarcirnos de los daños causados, cosa que fue ignorada.
Ante esta comisión declararon todos los altos funcionarios relacionados con el caso, entre los cuales se encontraban los directores Luis Vierma, Vicepresidente de Exploración y Producción, Alejandro Granados Vicepresidente de Refinación y el entonces coronel Wilmer Barrientos Gerente de Prevención y Control de Pérdidas de PDVSA, hoy Comandante Estratégico Operacional (CEO), quien declaró ante la comisión lo siguiente: «A los despedidos no se les había investigado».
Curiosamente Rafael Ramírez no compadeció ante la comisión de contraloría, a pesar de haber sido citado en tres oportunidades, debido a que el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Moros, nuestro actual Vicepresidente de la república, interrumpió las cesiones hasta nuevo aviso por razones que todavía no alcanzo a comprender.
Nuestros jefes directos, Félix Rodríguez y Alí Rodríguez Araque, no fueron tocados, cosa absurda si tomamos en consideración que sus subalternos directos eran un atajo de ladrones. Señores estamos hablando de gerentes de primera línea de nuestra principal industria, por lo que nuestro amado comandante presidente debió ser mal informado.
El 20-08-2005 el ministro Rafael Ramírez declaró que los despidos se habían producido por no haberse cumplido las metas de producción en occidente (Curiosamente ese año nuestras cifras fueron mejores que las de oriente y allá no se despidió a nadie).
Se violó todo el ordenamiento jurídico creado por la revolución y establecido en nuestra constitución Bolivariana, según se especifica a continuación:
Artículo 93: La ley garantiza la seguridad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta constitución son nulos.
Artículo 49: El debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas y en consecuencia: La defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal.
Nota No 1: fuimos despedidos sin investigación previa, como lo declaró en la Asamblea Nacional el hoy General Wilmer Barrientos.
Artículo 60: Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.
Artículo 25: Todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta constitución y la ley es nulo, los funcionarios y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que sirvan de excusas órdenes superiores.
Artículo 46: Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral y en consecuencia:
Ordinal No 1: Toda víctima de trato degradante, practicado o tolerado por agentes del estado tiene derecho a rehabilitación.
Ordinal No 2: Todo funcionario público, que en razón de su cargo infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona o tolere este tipo de tratos, será sancionado de acuerdo a la ley.
Nota No 2: Fuimos difamados y expuestos al escarnio público reiteradamente y todavía luchamos para que nos cancelen nuestras liquidaciones.
Emplazó a todos los altos funcionarios mencionados para que reconozcan sus errores y enmienden la plana. En caso contrario exijo que me den mi celda para cumplir la pena que me imponga la justicia revolucionaria por los daños supuestamente causados.
Nota No 3: poseo pruebas documentales y audiovisuales de todo cuanto aquí se expone.
p.d. «El que crea que una revolución es un lecho de rosas es un ingenuo», Che
navaajnch@hotmail.com
