VIHCOA: Terrorismo Sindical

La Inspectoría del Trabajo de Puerto Ordaz ordenó el reenganche de los 18 trabajadores despedidos de VIHCOA por el Sindicato SINTRAPROMETAL y la empresa el 20 de agosto, pero ningún organismo del Estado les garantiza la integridad física a los trabajadores ante la agresividad y el terrorismo sindical y el silencio cómplice de la empresa VIHCOA. La empresa VHICOA y sus gerentes manifiestan que ese es un problema que escapa de sus manos, con un desconocimiento o interés en hacerlo, cuando dicen que ellos no se responsabilizan por la integridad física de los 18 trabajadores, constituyendo esto en una violación de la Ley y la Constitución. La Coordinadora del Trabajo del estado Bolívar está en la obligación de hacer cumplir La Ley Orgánica del Trabajo. Aquí queda demostrado que el Estado de Derecho parece no existir, que no hay garantías ni autoridades ni organismos del Estado que haga cumplir la Constitución y las leyes.

Este ilegal proceder involucra a los señores Owen Manrique de PDVSA – Industrial  y Jesús Serrano. Estos representantes de la empresa deben aclarar, si el sindicato es el que dirige la Gerencia de Laborales, la gerencia de Protección de Planta y Recursos Humanos de la empresa VIHCOA, porque ese grupo de trabajadores está siendo sometido a abusos, acoso laboral y atropellos, cuando se desmejora y de una manera ilegal y contraproducente se causa un grave daño a la familia de estos trabajadores. Debemos recordar que la nueva Ley Orgánica del Trabajo consagra el derecho al trabajo y el deber de trabajar de las personas de acuerdo a sus capacidades y aptitudes; asimismo esta nueva  Ley se incorporan garantías de aplicación de la Ley al otorgar a las autoridades administrativas y judiciales facultadas para lograr que sus decisiones administrativas o judiciales restituyan la situación jurídica infringida de carácter laboral, incluyendo el uso de la fuerza pública, en aquellas situaciones que pudieran ameritarlo.

En la empresa VIHCOA en Matanzas,  el sindicato SINTRAPROMETAL, su directiva se creen dueños de la empresa, el cual su secretario general Elvis Astudillo, comanda un grupo de violento que siembran el terror en la empresa ante la indiferencia de las gerencias y de los responsables de PDVSA – Industrial.

Un grupo de trabajadores cansados de las violaciones de la contratación colectiva, deciden presentar una plancha para participar en el proceso electoral sindical de SINTRAPROMETAL y realizan su campaña electoral con todas las amenazas, amedrentamiento y violencia de parte de Astudillo y su grupo. En el ámbito sindical está sucediendo que los dirigentes sindicales revolucionarios están siendo perseguidos y desprotegidos por las leyes y los activistas sindicales de la oposición protegidos por la empresa y por los organismos del Estado.

El día 24 de mayo, fecha del proceso electoral, habían señales de actos de violencia, cuando los responsables de la planta Jesús Serrano, presidente de la planta VIHCOA por PDVSA Industrial, la Gerencia de Protección de Planta y Recursos Humanos permitieron al grupo de Astudillo montara una miniteca en las instalaciones de la empresa y presuntamente hubo consumo de alcohol y de sustancias estupefacientes y  psicotrópicas, durante el acto de votación,  al finalizar el proceso e iniciarse los escrutinios de la primera caja que contenían los votos y aun ganando los violentos de Astudillo arremetieron contra los trabajadores que conformaban la plancha 21, los cuales fueron sacados de la empresa a golpes con objetos contundentes y armas de fuego por los facinerosos. Se puede decir que ese proceso electoral debe ser anulado y decretado un acto írrito por el CNE.

El 28 de mayo de 2012, la empresa a través del Sindicato SINTRAPROMETAL les notifica al grupo de diecinueve (19) trabajadores, el cambio de horario y que no trabajaran más jornadas rotativas y que su jornada de trabajo será diurna, es decir de 7 am a 3 pm, situación que acarrea una desmejora en sus beneficios económicos. Este ilegal proceder involucra a los señores Owen Manrique de PDVSA – Industrial  y Jesús Serrano. Estos representantes de la empresa deben aclarar, si el sindicato es el que dirige la Gerencia de Laborales, la gerencia de Protección de Planta y Recursos Humanos de la empresa VIHCOA, porque ese grupo de trabajadores está siendo sometido a abusos, acoso laboral y atropellos, cuando se desmejora y de una manera ilegal y contraproducente se causa un grave daño a la familia de estos trabajadores.

El 21 de junio los diecinueve trabajadores fueron desalojados de las instalaciones de la empresa, esta vez de forma más violenta causando lesiones a varios trabajadores y amenazándolos con armas de fuego y advirtiéndoles que no regresaran mas a sus puestos de trabajo, porque nuevamente serian agredidos, todas estas acciones son permitidas ante la actitud complaciente de la alta gerencia de VIHCOA, que protege y apoya al sindicato patronal dirigido por Astudillo. Los trabajadores lesionados han puesto la denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas sub delegación Ciudad Guayana, donde medicina forense verifico las lesiones de los trabajadores, también denunciaron ante el Fiscal Superior del estado Bolívar las amenazas y donde hacen responsables de cualquier daño a su integridad física a los violentos de SINTRAPROMETAL.  

Los trabajadores afectados exigen protección de parte de los organismos del Estado, del Ministerio Público, la Dirección de Derechos Fundamentales; la Defensoría del Pueblo que en su artículo 280, establece que “la Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos y difusos, de los ciudadanos” y en Artículo 281 que establece sus atribuciones.

La empresa VIHCOA Y PDVSA INDUSTRIAL no puede permitir que el Sindicato SINTRAPROMETAL imponga el terror y ejerza la violencia en la empresa, ahí laboran 780 trabajadores y trabajadoras,  no puede permitir más amenazas de muerte, amedrentamiento y agresiones en contra de estos dieciocho trabajadores; porque si los violentos de Astudillo son minorías, la empresa tiene que hacer un expediente de estos hechos y denunciar a los miembros del Sindicato ante la Inspectoría del Trabajo. Tienen que permitir que los 18 trabajadores ingresen nuevamente a planta y les debe garantizar su integridad física. Ante el peligro de su integridad física no garantizada por ningún organismo del Estado, los dieciocho trabajadores optaron por aceptar los despidos.

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Juan Linares


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