Como en aquellos fatídicos días de diciembre de 1999, nuevamente los venezolanos hemos visto con horror las imágenes de devastación en Vargas, Miranda, Mérida, Falcón, Táchira y Carabobo, entre otros estados, afectados por las intensas lluvias, los derrumbes y el desbordamiento de varios ríos.

Sobrepasan ya el centenar de personas muertas; miles de familias han perdido todos sus enseres y muchos más, se encuentran en albergues temporales, mientras mejora la situación climática y se da inicio al proceso de reconstrucción.
Saludamos que el gobierno haya anunciado la asignación de recursos suficientes para atender esta emergencia y posibilitar que miles de compatriotas, puedan recuperarse de esta tragedia.

El desastre del modelo capitalista

Sin embargo, es preciso alertar que esta situación se seguirá repitiendo cíclicamente y con más contundencia, en la medida en que se profundice la desigualdad social que reina en Venezuela.

Millones de trabajadores, de pobres y de humildes, ante la imposibilidad de no contar con empleo y recursos para comprar o alquilar casas en sitios seguros, nos vemos obligados en medio del desespero, a construir nuestras viviendas en zonas de alto riesgo, teniendo que poner en peligro la vida de nuestras familias y los escasos patrimonios que poseemos.

Ante esta dolorosa realidad, causa indignación que un puñado de terratenientes y grandes propietarios urbanos controle miles de terrenos y edificaciones ociosas, mientras los pobres debemos arriesgar nuestras vidas en sitios no aptos para la construcción de vivienda. Y en una muestra de cinismo extremo los terratenientes, los miembros de las cámaras de la construcción, las voceros de las poderosas oficinas inmobiliarias se lamentan y rechazan el decreto de regulación de tierras, invocando el derecho a la propiedad privada, pero olvidándose que millones de venezolanos no tenemos donde vivir dignamente y en condiciones seguras.

Definitivamente producen asco, las empresas constructoras, quienes se frotan las manos y reclaman del gobierno la asignación de los recursos para iniciar las obras, sin importarles el dolor y la angustia de los pobres, ya que solo piensan en el lucro y la ganancia que les generará la construcción de miles de viviendas. Ellos son los verdaderos responsables de esta terrible tragedia. La inequidad social y la propiedad privada conducen a estos desastres.

Es la irracionalidad, la injusticia y la rapacidad del sistema capitalista, la causante de estos males que cíclicamente y con mayor intensidad afectan a miles de compatriotas.

Luchemos por una reforma agraria y urbana

Antes esta terrible realidad, nos preguntamos con asombro ¿porqué el gobierno sólo habla de regulación del uso de la tierra e intenta negociar con los grandes pulpos propietarios de terrenos y viviendas?

Lo que se requiere con urgencia, y así lo amerita la magnitud de la tragedia, es la expropiación sin indemnización, de las tierras, predios y edificaciones baldías, para desarrollar una profunda y radical reforma agraria y urbana, que satisfaga las necesidades de los más pobres que no tenemos techo en condiciones de seguridad, ni tierras para cultivar.

Están en mora las oficinas de Planeación Urbana y Rural de los municipios y las gobernaciones de evaluar el grado de vulnerabilidad social, realizar los mapas de riesgo e identificar las zonas con mayor seguridad para la construcción de viviendas y obras de infraestructura.

Que la comunidad, a través de los Consejos Locales de Planificación, los sindicatos, de las UBE´s, de los Círculos Bolivarianos, de las cooperativas y todas las formas organizativas existentes, decidan democráticamente cuándo y cómo construir, desarrollen los censos y hagan los sorteos para la adjudicación de las tierras y las viviendas a las familias que las necesitan.

Solidaridad urgente

A la par que luchamos por una verdadera solución de fondo al problema, desde OIR hacemos el llamado al pueblo, a los trabajadores y a la UNT a vincularse activamente en las campañas de recolección de alimentos, ropas y recursos económicos para atender la emergencia presentada.

Los dirigentes de la UNT han ofrecido su sede en El Paraíso en el Caracas, como centro de acopio. Igual actitud deben asumir las federaciones regionales, además de impulsar entre sus afiliados la aprobación del apoyo económico y material para con los afectados. Llamamos a los afiliados a la Central a vincularse activamente en las brigadas de voluntarios que se requieren para atender a nuestros hermanos y realicemos el acompañamiento de quienes hoy se encuentran en los albergues temporales.

Que la reconstrucción la paguen los empresarios

Simultáneamente, las direcciones sindicales de la UNT y de los sectores clasistas y revolucionarios deben convocar a los ejecutivos de las empresas donde laboran para reclamar de éstos el aporte de dinero y de sus productos para garantizar la atención de la emergencia y el apoyo a los planes de reconstrucción.

Los empresarios incrementaron de forma desproporcionada sus ganancias durante el año pasado, gracias al esfuerzo de sus trabajadores y los bajos salarios que pagan. Justo es que parte de esas multimillonarias ganancias las destinen en cantidad suficiente para la atención de las familias afectadas y damnificadas.

Hay que reclamar que los directivos de la Coca-Cola entreguen el agua potable que se requiere con urgencia; que la multinacional Nestlé, Mavesa, Remavenca y demás empresas del Grupo Polar suministren los alimentos para niños y adultos afectados por la tragedia. En el sector bancario, las organizaciones sindicales deben reclamar a los usureros la disposición de recursos para la reconstrucción de las viviendas y el empréstito sin intereses de recursos para que el gobierno también asuma su responsabilidad en la reconstrucción.

Que en ninguna empresa, los dirigentes sindicales queden sin convocar a los patronos para discutir la atención de esta grave emergencia.

Es la hora de la solidaridad humana, con nuestros compatriotas afectados por la tragedia. Que nadie quede sin expresar y aportar su contribución.