Estados Unidos admitió, como política oficial de su Gobierno, el uso de cárceles secretas y de la prisión enclavada en la ilegal base de Guantánamo, en Cuba, para mantener a mil personas privadas de libertad, según informó Prensa Latina.

Declaraciones del funcionario del Departamento de Defensa, Daniel Dell´Orto, confirmaron esa realidad sobre la base, de acuerdo con Washington, de la decisión estadounidense de retener sin juicio ni acusación a quienes consideran combatientes enemigos.

Un aspecto interesante de las manifestaciones de ese vocero de la administración del presidente estadounidense, George W. Bush, es que cuantifica en 450 los detenidos en Guantánamo y acepta situar en 550 el número de quienes permanecen presos en otros lugares del mundo.

Ello sirve para confirmar que esos varios centenares de seres humanos fueron remitidos a las famosas cárceles preparadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en países europeos con el consentimiento de sus gobiernos.

A esas instalaciones secretas, duramente cuestionadas por la opinión pública internacional y por numerosos gobiernos, los prisioneros fueron llevados, al igual que a Guantánamo, encadenados, encapuchados y sedados mediante medicamentos.

De acuerdo con las investigaciones de organizaciones internacionales de derechos humanos, en esas instalaciones permanecen desde hace varios años sin asistencia legal, en la mayoría de los casos, y sin los derechos establecidos en las convenciones suscritas, incluso, por Estados Unidos.

Un informe del Consejo de Europa acusó recientemente a los gobiernos de Rumania y de Polonia de abrigar estos lugares para ceder a peticiones de Estados Unidos y destacó sus características similares a las creadas en Guantánamo con sesiones de tortura y de maltratos.

El intento de presentarlos en algunos casos en una especie de juicio sumario ante tribunales militares ordenado por Bush fue frustrado por el Tribunal Supremo de Justicia estadounidense que declaró ilegales esas instancias judiciales.

El propio Presidente se encargó ahora de diluir las esperanzas de los prisioneros en el territorio ocupado a Cuba y en las otras ergástulas, al asegurar respeto a la Convención de Ginebra pero sin liberar ni siquiera a uno de los allí recluidos.

De esta forma, Estados Unidos reiteró su disposición a aplicar la fuerza en este asunto y la sobrepone, según señalan las numerosas denuncias, a los derechos humanos que deben proteger los acuerdos internacionales