El proceso de negociación del TLC parece haber llegado a la fase final. En casi diecinueve meses, los negociadores de Estados Unidos consiguieron de los de Colombia todas las pretensiones plasmadas de antemano en sus respectivas leyes comerciales, incluyendo la más reciente, la Trade Promotion Authority (TPA) de 2002.

Como en todo alumbramiento forzoso las últimas horas se tornan más dramáticas y dolorosas, así el gobierno de Uribe está en medio de hondas contradicciones pues amplias capas de la sociedad rechazan el TLC, ya que no pudo contar con la munificencia de Estados Unidos, no sólo debido a que éste por su naturaleza imperialista impone a rajatabla sus dictados sino porque el gobierno de Bush, con su prestigio en picada, cuenta con poca capacidad de maniobra ante el Congreso de su país, que es donde se hace la verdadera negociación, para acceder a mínimos paliativos que le sirvan a su “amigo” Uribe en la felonía. Es de prever que todo se resuelva como ha sido la constante en Colombia desde hace ya más de un siglo: menoscabando los altos intereses de la nación con el engaño y la represión.

El fracaso

Aun desde la gran prensa nacional se ha calificado como un fracaso del gobierno el que, tal como lo había proyectado, no hubiera podido concretar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos el 22 de noviembre en Washington. El Tiempo, en su edición de noviembre 28 de 2005, editorializó: «Mientras Estados Unidos no ceda algo en el tema agrícola y en la propiedad intelectual, la negociación seguirá empantanada» y El Espectador del domingo 27 de noviembre también indicó: «El tropiezo transitorio (que bien podría convertirse en fracaso definitivo) de las negociaciones del TLC tiene varias explicaciones y consecuencias». En la misma dirección, las organizaciones sociales que han encabezado la oposición a este acuerdo de recolonización del país, como Recalca (http://www.recalca.org.co, «La última ronda»), han destacado que «Fracasaron todos los pronósticos del gobierno, calcularon que Estados Unidos tendría al final algunas flexibilidades con Colombia, pero los estadounidenses se mantuvieron en las propuestas que hicieron desde el primer día». No hubo concesión alguna de Estados Unidos para quien se tiene como socio principal en la «lucha contra el terrorismo» en el Continente y con el único país del sur de América que respaldó la invasión a Irak. Toda la estrategia negociadora de Uribe estaba basada en que el Imperio condescendiera con algunas aquiescencias especiales en aras de la «importancia estratégica» de Colombia.

Por el contrario, el jefe negociador, Hernando José Gómez recibió señales en otro sentido, como las de Charles Grassley, republicano presidente del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos. En comunicación del 16 de noviembre, advirtió que «Los productores de EEUU deberían recibir al menos las mismas oportunidades de acceso al mercado que los agricultores de otros países que tienen Tratado de Comercio con Colombia», refiriéndose al acuerdo CAN-Mercosur, y agregó que “Tal como nosotros ya discutimos, el acceso al mercado provisto a los agricultores de EEUU en el TLC entre Colombia y Estados Unidos debe ser, al menos, tan bueno como el provisto en el Tratado de Libre Comercio con Centro América (CAFTA) y, en algunos productos, Estados Unidos está esperando que sea mayor”. Sobre el tema sanitario finalmente acotó que “la propuesta colombiana en medidas sanitarias y fitosanitarias va innecesariamente más allá del texto de Cafta”. En otras palabras, el mensaje norteamericano fue claro: “business is only business” (“negocios son sólo negocios”).

La pantomima de las negociaciones fue tajantemente denunciada por Luis Guillermo Restrepo, negociador en propiedad intelectual hasta la ronda de Cartagena, cuando en su carta de renuncia del 2 de diciembre señala que “durante la ronda llevada a cabo en Washington, el coordinador de la mesa de propiedad intelectual por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, abandonó la propuesta de negociación concertada con los andinos y, de manera unilateral, presentó una propuesta de protección de datos de prueba basada en el texto estadounidense, que contiene disposiciones con niveles de protección mayores que los acordados por ese país con Chile y con los países centroamericanos (Cafta), donde se ignoran todos los compromisos con el sector salud”, y añade: “En cuanto a la forma como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha conducido el proceso, sería mucho más transparente decirle al país que el trabajo de 18 meses en las cuestiones relacionadas con propiedad intelectual y salud fracasó, que realmente nunca existió negociación y que para poder firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, es necesario abandonar la estrategia de “negociación por intereses”, traspasar las “líneas rojas” y aceptar unas disposiciones que eleven la protección a niveles similares o superiores a los de los tratados firmados por ese país con Chile y con los países centroamericanos (Cafta)”.

Comedia de las equivocaciones

El gobierno de Uribe ha hecho lo máximo para firmar el TLC. Hernando José Gómez ha divulgado que “en los demás temas hemos avanzado hacia acuerdos satisfactorios”. Y entre esos “avances”, que en la lógica que este proceso de negociación ha tenido desde su inicio, siempre significan “entregas” o aceptaciones de la agenda norteamericana, merecen destacarse, por ejemplo, los ocurridos en el capítulo laboral, donde Colombia renunció a exigir a Estados Unidos ponerse a tono con los convenios internacionales al respecto, sobre los que hay consenso en la comunidad internacional, pero que la superpotencia nunca ha suscrito. Se acordó un capítulo idéntico al del Cafta, donde no hay mecanismos de sanción para los incumplimientos de las normas laborales; es decir, plena licencia para la superexplotación del trabajo, y Colombia accedió a no tocar el tema de los migrantes y abandonó su pretensión inicial de que se condenara la discriminación.

De igual modo aconteció con el capítulo ambiental, donde, en un tema básico como el de la biodiversidad, terminó aplicándose la fórmula propuesta desde septiembre por una subcomisión del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que visitó a Colombia, Ecuador y Perú: “Las protecciones que los países andinos buscan en el TLC no están establecidas en el régimen de Propiedad Intelectual de Estados Unidos. No obstante, la biodiversidad podría ser protegida a través de hacer cumplir contratos”. En efecto, “el avance” consistió en avalar el acceso de las multinacionales interesadas en los recursos de biodiversidad y en los conocimientos ancestrales vinculados a ellos, mediante “contratos de acceso” sin preservar en este caso, ahí sí no, la propiedad intelectual que deberían tener las comunidades. Se legalizó la “biopiratería”: ahora podrán cargar con especies y material genético. La típica “ley del embudo”. Los Estados Unidos no se comprometen a acatar los convenios internacionales en materia ambiental y Colombia se conformó con un acuerdo anexo de cooperación.

En el capítulo de Inversiones se concluyó el anexo de endeudamiento, que extiende a la deuda pública la “seguridad jurídica” que se contempla para casos como operaciones de mercado abierto, contratos de riesgo compartido y otras formas de ingreso de capitales, las cuales gozarán de verdaderas gangas jurídicas hoy inexistentes en el país. En la mesa Textil – Confecciones, pese a que no se han concretado urgentes peticiones colombianas, se acordó, para ser tenido como insumo componente de los géneros finales, el ingreso de algodón norteamericano con arancel cero desde el primer año de inicio del TLC y sin límite alguno en los volúmenes importados. En contra de la propaganda del gobierno, se han endurecido las condiciones que se fijaron para el sistema de preferencias Aptdea.

Como consecuencia de lo anterior, en Washington en el capítulo de Agricultura, Colombia llevó el algodón al mismo sacrificio que el trigo, la cebada, las frutas, las hortalizas y los aceites finos de soya; bienes en los que se liberaron las importaciones de Estados Unidos a precios por debajo del costo de producción, dentro del ilegal esquema de “dumping”. Las ganancias que estas concesiones traen para la superpotencia, incluidas las que se derivan de la supremacía que logra sobre otros países competidores y sobre nuestros propios agricultores, superan los 600 millones de dólares a partir del primer año de vigencia, en tanto las que Colombia ha recibido, mil toneladas de tabaco, algunos quesos y 70 toneladas de yogurt, no alcanzan al millón. ¡Una desproporción descomunal!

En el Capítulo de Servicios, en lo correspondiente al tema de Agencia Comercial, se convino que, cuando se inicie el TLC, la figura de la cesantía comercial en las transacciones de bienes desaparecerá, alterando ilegítimamente el Código de Comercio vigente. Y, sobre la conservación de la “cuota de pantalla” en televisión, el gobierno concedió la rebaja en los fines de semana de los límites permitidos para los productos estadounidenses y, así mismo, aumentó el porcentaje de inversión norteamericana en los canales privados colombianos.

Conceder, conceder, conceder

Aunque se desconocen detalles sobre derechos de autor o los intríngulis de las importaciones de bienes remanufacturados o de vehículos no vendidos de modelos de años anteriores, casos que con muchos otros se sumarían a este recuento de dádivas sin contraprestación, hay evidencia de que en Washington durante casi 10 días la táctica colombiana fue “conceder, conceder y conceder” con el intento de ablandar el corazón de Tío Sam en los temas más sensibles (¡Que son para el régimen uribista los temas políticamente sensibles!), pese a lo cual no recibió al respecto ni siquiera la hoja de parra que le permitiera, al menos, cubrir tantas vergüenzas.

Al llegar el 22 de noviembre, el desconcierto oficial fue total. Uribe, que dijo exultante que “firmaría el TLC aunque cayeran rayos y centellas”, “rapidito”, y que horas antes de la cita en Washington planteó su dilema sobre “firmar un mal tratado o no firmarlo”, como entre Escila y Caribdis, con la fe del carbonero ordenó a sus oficiales “permanecer atornillados a sus sillas”, ilusionado en que “contactos de alto nivel” lo salvarían del fiasco. Cuando la fuerza de las circunstancias por fin lo hicieron claudicar en su empeño colaboracionista, exclamó a las carreras: “No firmaré un Tratado que no sea equitativo”.º Sin embargo, las negociaciones siguen, todavía en medio del mayor secreto y con más concesiones

Economía política del TLC

Los errores de cálculo del gobierno pueden compendiarse en las frases lacónicas del editorial de El Espectador ya citado: “Las causas próximas del empantanamiento pueden tener mucho que ver con la política. La actual coyuntura obliga a los gobernantes de uno y otro país a no tomar riesgos, a no contrariar intereses poderosos y a no ir en contravía de la opinión… no son los rayos ni las centellas, para usar la expresión coloquial del Presidente, los que pueden echar al traste la voluntad de seguir adelante, sino los precarios equilibrios políticos de ambos países”.

En efecto, desde hace varios meses en Estados Unidos la opinión ha venido pronunciándose en contra de las políticas de Bush. Una encuesta publicada en el diario Usa Today del 15 de noviembre, registró que sólo 35% de los ciudadanos respalda la gestión presidencial tanto con relación con la guerra en Irak como con el desempeño en la economía. Y, peor todavía, en la intención de voto para las elecciones del Congreso, menos de 10% de los electores están dispuestos a votar por candidatos que no tengan discrepancias en ningún tema con Bush. En esas circunstancias, la agenda parlamentaria en Estados Unidos con dificultad pondría en discusión el TLC con Colombia, Ecuador y Perú y menos si se presenta con uno solo o dos de los países andinos. Temas como los relativos a la composición de la Corte Suprema de Justicia, a las leyes de inmigración o al grave problema energético serán suficientes para suscitar la polémica entre los republicanos y demócratas en 2006.

Los temores del gobierno republicano de sufrir una eventual derrota en la aprobación del TLC andino, con los antecedentes del Cafta, al que logró imponer solamente por dos votos en la Cámara de Representantes, no son del todo infundados. En los prolegómenos de la XIII ronda de negociación en Washington, y en el transcurso de la misma, salieron a luz varias cartas de congresistas demócratas al representante comercial de Estados Unidos, Robert Portman, en las cuales le anuncian su rechazo al tratado que se está negociando, por tener capítulos y cláusulas que lesionan a las naciones y pueblos andinos en áreas estructurales para su progreso y bienestar. Como el de la agricultura, donde la ruina total de los sectores rurales puede conducir a un incremento de la siembra de cultivos ilícitos; en las relaciones laborales, donde se consagra un verdadero “dejar hacer, dejar pasar”; y en el acceso a medicamentos baratos y la salud pública, que se ven comprometidos con la ambiciosa requisitoria en Propiedad Intelectual, donde las multinacionales farmacéuticas y las industrias estadounidenses de las áreas de la salud vienen por el santo y la limosna. También voceros políticos de los cultivadores de flores de California han formulado objeciones a lo que catalogan como protecciones ilegales al sector floricultor colombiano y que, acorde con ellos, ameritan hasta demandas ante la OMC.

En Colombia el panorama no es muy diferente. La resistencia civil al TLC cada día cobra mayores respaldos. Los mismos sondeos, donde se fabrican las “opiniones favorables” hacia el régimen uribista, revelan un desacuerdo mayoritario en torno al Tratado. Uribe y sus negociadores, presionados por estas expresiones, pero especialmente por las marchas ciudadanas multitudinarias, las consultas de indígenas, productores agropecuarios y sectores sindicales, populares y ciudadanos que han rechazado el TLC y la forma como se ha negociado, se han visto con las manos amarradas para suscribir el pacto de adhesión en que se ha convertido el acuerdo y, peor aún, sin que Estados Unidos les conceda alguna zanahoria que justifique tanto garrote. Desde luego que también cuentan las insaciables apetencias de Uribe a la reelección presidencial, que están en aprietos por los negativos impactos políticos que le pueda acarrear la firma de un TLC que se ha ido configurando, tal como estaba previsto, en un Documento de Protectorado. Su ex asesor palaciego y consultor de multinacionales en adquisiciones y fusiones, Rudolf Hommes, ya lo increpó: “Pudo haber pensado (Uribe), como lo dijo inexplicablemente el angustiado ministro de Comercio, que el TLC no le conviene a la reelección”.

Aunque en esta sentencia hay mucho de cierto, no puede omitirse que, pese a todo, Uribe sigue adelantando la llamada Agenda Interna que aclimata el TLC y que arraiga en nuestras normas e instituciones el neoliberalismo, con o sin Tratado. Se bate por reformar al tenor del capítulo de Compras Estatales, la Ley 80 de Contratación Pública; aligera la creación de la Superintendencia Financiera para formar una institución a tono con las estipulaciones del capítulo de Inversiones; propone la rebaja de impuestos de renta a las firmas y de remesas a empresas extranjeras, para consolidar los halagos a los amos del capital foráneo en quienes deposita la redención de Colombia; y, en el marco de la misma negociación, ya ha suscrito y puesto en marcha convenios de Cooperación en aduanas, medio ambiente, laboral y régimen sanitario y fitosanitario. Para acometer estas y otras tareas se han contraído créditos con el Banco Mundial por 300 millones de dólares en la modalidad de “Fortalecimiento de Capacidades” y se espera que el nuevo presidente del BID, el colombo-americano Luis Alberto Moreno, entregue aportes superiores con iguales objetivos.

En busca de la equidad

Sin que se hubieran todavía encogido las caras largas que marcaron el regreso de los funcionarios de la negociación, Uribe, ante la impasibilidad de Estados Unidos frente a sus petitorias, se inclinó por el camino de la demagogia y el engaño al pueblo colombiano. Arrancó con bríos diciendo que sólo firmaría “un tratado equitativo”, aunque su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, simultáneamente terciara con arrogancia y crudeza diciendo que el alza no podía superar la inflación porque “se le restaba a Colombia competitividad en el TLC”.

Uribe, con perversidad, pretende sugerir que tal equidad es posible, pretermitiendo no sólo las reconocidas diferencias estructurales entre el Imperio y la colonia, las que algunos con mesura mojigata llaman “asimetrías”, sino encubriendo además que éstas aumentaron en la negociación de rodillas que se ha dado. Reunió la Comisión Nacional de Relaciones Exteriores, con ex presidentes incluidos, e hizo firmar un cheque en blanco en la búsqueda de tal equidad, la cual se ha enfocado en el asunto de medicamentos y patentes y en lo que han bautizado como “el acceso real” de los productos agrícolas. Con la astucia del politiquero redomado, en tanto se rinde en todos los temas cruciales, Uribe emprende una histriónica cruzada “por la justicia en el TLC”. Mientras tanto, el equipo negociador a sus órdenes, en contactos informales, continúa borrando corchetes en los textos según lo ordenan los gringos y mantiene sus valijas sin desempacar para emprender en cualquier momento el viaje rápido que les permita, como lo han anunciado, finiquitar la humillación antes de Navidad y cumplir el cronograma ideal, uno que llevaría el TLC a discusión en el Congreso en las sesiones de marzo a junio de 2006, con los mismos políticos que han cargado al gobierno en andas a cambio de prebendas y cuyos paradigmas son Yidis y Teodolindo.

La campaña “por la equidad del TLC”, que Uribe muestra como auténtica, se inspira en recomendaciones de Hommes hechas en el regaño de marras: “Deberíamos evaluar si vale la pena sacrificar el TLC por orgullo y por defender a un par de gremios que podemos compensar de otra manera menos costosa para el resto de la sociedad”. Y también en las palabras pronunciadas por Milton Drucker, consejero de la embajada de Estados Unidos en Colombia, quien en un foro con empresarios antioqueños en Medellín los exhortó a “hablar fuerte para que el arroz, el maíz y el azúcar no maten el TLC”. En consecuencia, en congresos de organizaciones agropecuarias prometió “compensaciones” con recursos fiscales a los sectores que salgan afectados. Algo así como “sacar un ojo” y luego indemnizar. La fementida equidad, pasará por entregarle a los perjudicados limosnas temporales con los dineros de los mismos contribuyentes nacionales, financiando así las ganancias de Estados Unidos, también correrá por cuenta de Colombia. Del presupuesto deficitario se prometen dineros para enjugar las pérdidas y la elaboración de una ley que los incluya.

Las tareas por delante

El TLC se manifiesta cada vez más como una imposición imperialista. Aunque sus defensores a ultranza digan lo contrario, como la ex ministra y ahora empresaria en logística, Martha Lucía Ramírez, hay evidencia de que los aparatos productivos de Estados Unidos y Colombia no son complementarios. Mientras Colombia consume todo lo que Norteamérica produce, allí no sucede lo mismo con nuestros productos que carecen de demanda. Mientras Colombia ofrece mercados masivos a los géneros estadounidenses, la oferta para el país son expectativas de “nichos” con crecimientos decrecientes, que en el tiempo se expanden menos. Este hecho, sumado a toda la carga de prerrogativas y privilegios que se confieren a los capitales, mercancías e inversionistas norteamericanos, incluso en detrimento de derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, lleva a que en el TLC los beneficios estén en un lado de la mesa, el del más fuerte, y los costos en el otro, el del más débil.

El senador Jorge Enrique Robledo, cabeza visible de la contienda contra el TLC, ha opinado en reiteradas oportunidades que “el gobierno está dispuesto a firmar donde digan los gringos”, y todo indica que así será. La resistencia deberá redoblarse para impedir que el gobierno firme, y si lo hace, para exigirle al Congreso de Colombia que no apruebe semejante iniquidad. No solamente deberán adelantarse nuevas y mayores movilizaciones que aglutinen a todos los patriotas y demócratas que se opongan a este proyecto de recolonización, sino que la próxima campaña política, tanto para la Presidencia como para el Congreso, deberá convertir el Tratado en tema principal y en medio para elevar los niveles de organización y conciencia del pueblo con el propósito de enfrentar las decisivas batallas que para derrotarlo tendremos que dar los colombianos en el año 2006.