Caracas, 25 Nov.- El ministro de Defensa de España, José Bono, viajará la semana próxima a la capital venezolana para asistir a la firma del contrato de venta de 12 aeronaves y ocho buques por parte de ese país a Venezuela.

La información la dio este viernes la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, a medios de prensa en la nación europea, según un cable de la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).

Fernández de la Vega no precisó si la firma del contrato tendrá lugar el próximo lunes 28, como está previsto, pero indicó que el titular de Defensa representará al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en la ocasión, reportó Europa Press.

"Como se dijo en su momento, el Gobierno asistirá a la firma entre empresas y, en nombre del Gobierno, asistirá el ministro de Defensa", afirmó De la Vega, en la rueda de prensa diaria que ofrece la vicepresidenta a la salida del Consejo de Ministros.

Sobre la venta a Venezuela de 10 aviones de transporte, dos de vigilancia marítima y ocho buques patrulleros por un costo de mil 700 millones de euros, la funcionaria dijo que el acuerdo se realizó "bajo el más absoluto y escrupuloso respeto a la legalidad internacional y a todos los principios que rigen las relaciones internacionales".

Asimismo, consideró que este tipo de convenios y actividades son habituales en el ámbito europeo y recordó que otros países, como Suecia, Francia, Italia e, incluso, Estados Unidos, han firmado en el pasado acuerdos muy similares al que hizo España en esta ocasión.

Aludió así a la polémica generada por varios medios de comunicación internacionales luego de que el gobierno de Washington, a través de su embajador en Madrid, Eduardo Aguirre, criticara la negociación y manifestara su deseo de que no se concretara.

La víspera, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, dijo que la venta es un asunto estrictamente comercial y que no afectará las relaciones de España con Estados Unidos. Asimismo, en declaraciones que reprodujo el diario madrileño El País, indicó que, en todo caso, corresponde analizar el asunto a las empresas constructoras Casa-EADS y Navantia.

El propio ministro Bono, incluso, enfatizó que el gobierno de Madrid realiza la negociación porque es del interés nacional de España y de su industria.

"De lo que se trata es de acuerdos comerciales entre empresas españolas que tienen el objetivo de llevar a cabo el suministro de cuatro patrulleras de vigilancia costera para luchar contra el crimen organizado y la seguridad, cuatro buques de servicio de guardacostas y 12 aviones de transporte CASA", enumeró la vicepresidenta este viernes.

Enfatizó que la negociación representa un importante beneficio para las firmas españolas y que generará un importante número de nuevos empleos.

"Es lo que reclamaban los sindicatos, todos los ayuntamientos e integrantes de las zonas locales en las que están asentadas estas empresas. Van a facilitar una inversión de dos mil millones de euros, seis años de carga de trabajo para Navantia y mil 600 empleos. En el caso de CASA van a ser 300 empleos durante tres años", expresó.

Jefe de Navantia en Caracas

Entretanto, el presidente de la estatal española de construcción naval Navantia, Juan Pedro Gómez Jaén, llegó este viernes a Caracas para cerrar el contrato de venta de las embarcaciones patrulleras de vigilancia costera, según confirmaron a EFE fuentes de la empresa.

De acuerdo con la información, Navantia, que reúne a los astilleros militares españoles segregados de la desaparecida compañía Izar, considera "inminente" la firma del contrato.

Según las fuentes consultadas, Gómez Jaén acaba de llegar a Caracas para cerrar los últimos detalles del acuerdo, aunque una delegación comercial de Navantia está trabajando en Venezuela desde hace dos semanas.

La venta de los aviones y barcos españoles a Venezuela ha sido ampliamente polemizada por los medios de comunicación privados en ambos países y por los partidos de oposición al Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero aprovecharon este viernes para sumarse a la guerra de declaraciones.

El ultraderechista Bloque Nacionalista Gallego (BNG) pidió la comparecencia ante el Congreso del ministro Bono y del titular de Industria, José Montilla, para que expliquen todos los detalles de la operación.

Por su parte, según refirió El País, el secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, consideró que "no es una buena noticia" que la venta "la quiera protagonizar el Gobierno de España".