Bogotá, 11 Jul. ABN.- La asistencia militar de Estados Unidos a Colombia se sitúa este lunes bajo la lupa del Legislativo norteamericano, tras conocerse la decisión de congelar la entrega de 100 millones de dólares correspondientes a ese programa.

Según reportes de prensa en esta capital, los recursos forman parte del programa anual de Washington en apoyo a las Fuerzas Armadas de este país y corresponden a la iniciativa conocida como Plan Colombia, detalló Prensa Latina.

En esta ocasión, la posición del Congreso norteamericano usa como argumentos las violaciones de los derechos humanos en la nación suramericana.

De acuerdo con los especialistas, el Legislativo estadounidense condiciona la entrega de 25% de los fondos del paquete, estimado en 500 millones de dólares, a dos certificaciones en derechos humanos que debe realizar cada año el Departamento de Estado.

Precisamente, el tema es punto de fricción entre los dos países, pues exige la suspensión del servicio activo al personal de las Fuerzas Armadas que esté vinculado a violaciones de los derechos humanos, unido a la plena cooperación en esas pesquisas con la justicia civil.

De los fondos totales bloqueados, 35 millones de dólares corresponden al presupuesto previsto para ser ejecutado el pasado año, mientras el resto pertenece a 2005.

Mientras, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Alberto Moreno, manifestó que en su opinión, detrás de esa posición están los cuestionamientos en Washington a la Ley de Justicia y Paz, dirigida a apoyar el proceso de desmovilización de los paramilitares.

Recientemente, el Comité de Apropiaciones del Senado norteamericano incluyó un importante paquete de medidas en un programa de asistencia cercano a los 700 millones de dólares y que será entregado a Colombia durante 2006.

Entre las condiciones establecidas está el hecho de que el Congreso estadounidense se abstendrá de brindar respaldo financiero al desarme de los paramilitares hasta que Bogotá garantice el completo desmantelamiento de los grupos.

Asimismo, reclama la extradición para aquellos miembros de las agrupaciones que son solicitados por los órganos de justicia norteamericanos.

El proyecto establece que ninguno de los fondos destinados a Colombia podrá ser empleado para la desmovilización o reintegración de los mencionados grupos, en tanto la Secretaría de Estado de Estados Unidos no certifique el cumplimiento de las condiciones.