La Paz, 28 May. ABN.- Bolivia cierra una dramática semana de protestas populares, un amago golpista y demandas de renuncia del presidente Carlos Mesa, que delinean una seria crisis social y política de desenlace incierto.

Las manifestaciones, iniciadas el 16 de mayo y que cobraron mayor fuerza el pasado lunes, reclaman, además de la constituyente, la nacionalización o recuperación plena del control de los hidrocarburos, por considerar insuficiente una nueva ley petrolera reformista.

Las movilizaciones se vieron reforzadas por la llegada de grandes columnas de campesinos de diversas regiones y fueron reprimidas por la policía con gases lacrimógenos y balines de goma, sobre todo cuando intentaban entrar a la Plaza Murillo (principal), asediada por ubicarse allí los palacios de gobierno y legislativo.

En ese contexto, el pasado miércoles los tenientes coroneles Julio Galindo y Julio Herrera leyeron en una entrevista con un canal de televisión una proclama en la que apoyaron las demandas populares, exigieron el cierre del Congreso y demandaron el cese del presidente Carlos Mesa, para que sea reemplazado por un gobierno civil-militar.

La intentona golpista fue rechazada en las horas siguientes por el alto mando de las Fuerzas Armadas, que ratificó su apoyo al gobierno y a la constitucionalidad y repudió a Galindo y Herrera, separados de filas al día siguiente y dados a la fuga, y sobre quienes pesa un juicio común por sedición, alzamiento armado y otros delitos, dijo Prensa Latina.

La proclama fue condenada igualmente por dirigentes de diversas fuerzas políticas y por los líderes de las protestas, que dijeron que los militares, aunque apoyen las demandas populares, deben someterse a la constitución y repudiaron la posibilidad de que sectores castrenses pretendan usar las luchas sociales con fines golpistas.

Pese a que la intentona parece haber quedado totalmente aislada, analistas como Alvaro García Linera y el ex mayor Juan Ramón Quintana consideran preocupante que la crisis y la polarización que afectan al país toque las puertas de los cuarteles, y otras opiniones creen que la proclama de Galindo y Herrera pudo ser un globo de ensayo.

El incidente parece haber influido en la decisión de las organizaciones sociales de declarar una tregua el jueves, por ser feriado religioso, aunque las protestas se reanudaron el viernes y la dirección de la huelga general iniciada el lunes en el vecino municipio de El Alto, mantuvo los bloqueos de carreteras que tienen a La Paz aislada del sur, centro, oriente y occidente del país.

El amago de cuartelazo siguió a un discurso del presidente Mesa, quien el martes descartó la posibilidad de renunciar y aseveró que se mantendrá en el cargo hasta el fin de su mandato, en agosto de 2007.

Pese a ello, la Confederación de Empresarios de Bolivia y la Cámara de Industria y Comercio de la oriental ciudad de Santa Cruz, plantearon que el mandatario debe renunciar si no es capaz de imponer la autoridad frente a las protestas, aunque Mesa dijo el mismo martes que de ninguna manera apelará a la violencia extrema.

El líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, advirtió que esa no es la solución a la crisis, producto de la acumulación de conflictos generada por el neoliberalismo y de la desatención de las demandas sociales por el gobierno y el congreso.

Exhortó a dar solución al conflicto con un compromiso de los presidentes de las cámaras legislativas, de que la constituyente -que las fuerzas sociales exigen como instrumento de transformación del país- será convocada cuando el parlamento reanude sus trabajos, el martes próximo.

Para el efecto, pidió que el Cardenal católico Julio Terrazas encabece los esfuerzos de organismos humanitarios por establecer un diálogo nacional que dé saldas a la crisis, conciliando los reclamos sociales con las presiones de la oriental región de Santa Cruz por un referendo autonómico

Morales exigió también al gobierno que, en cumplimiento de la nueva ley de hidrocarburos que proclama la recuperación de la propiedad estatal de esos recursos, tome posesión de los yacimientos, aunque sin echar a las transnacionales, que deben someterse a nuevas reglas de juego definidas
por esa legislación.