La Habana.- Las limitadas y vigiladas compras de alimentos de Cuba en Estados Unidos se hacen cada vez más difíciles, a tenor con los esfuerzos de la administración de George W. Bush por reforzar el bloqueo contra la Isla.

Esas transacciones, bajo estricta supervisión y continuos obstáculos, tienen desde ahora un nuevo impedimento, según anunció el Departamento del Tesoro.

La disposición, publicada en el "Federal Register", el diario oficial de esa dependencia federal, consigna que la mayor de las Antillas deberá pagar por adelantado los productos que adquiera a agricultores estadounidenses.

Tal medida se suma a otras que dificultan los vínculos entre la empresa cubana Alimport y sus contrapartes norteamericanos, que están entre los crecientes sectores productivos, sociales y políticos que reclaman en Estados Unidos el fin de la política de bloqueo.

Por supuesto que la administración tiene bien en cuenta que cuando el gobierno cubano adquiere alimentos lo hace en grande, es decir, para todo el país. Por tanto, la intención de Washington apunta directamente contra la población del vecino caribeño.

Hay otras consideraciones que tampoco son ajenas a la orden anticubana, la cual se suma a la extensa y complicada madeja de prohibiciones y sanciones que conforman las leyes del bloqueo económico, comercial y diplomático.

De tal manera, Estados Unidos proscribe las operaciones financieras cubanas en dólares norteamericanos e incluso castiga a empresas y personas de terceros países, como ocurrió con el Credit Swiss Bank, sancionado con una multa de 100 millones de dólares.

A ello hay que agregar que el bloqueo afecta por partida doble a Cuba en su condición de país del Tercer Mundo, sujeto al desigual orden económico imperante, y cuyos accesos al crédito internacional también son perseguidos por la Casa Blanca.

Ahora Cuba deberá pagar por adelantado los productos que, bajo licencia, el gobierno estadounidense autorice. Esto augura que La Habana puede perder esos fondos, incluso con el visto bueno de autoridades judiciales de aquel país.

Sólo recordar la actuación del juez federal de Florida Lawrence King, quien ha ordenado desde la incautación de activos cubanos congelados por Washington hasta la usurpación y venta de aeronaves comerciales de la Isla, secuestradas en actos terroristas.

Si bien la mayor parte de las naciones subdesarrolladas compran con crédito, a La Habana se le exige pagar por adelantado y situar el dinero en Estados Unidos, una práctica discriminatoria ajena a lo que ocurre en el comercio internacional.

Hasta ahora la práctica ha sido que Cuba pague los cargamentos cuando están en tránsito o después de que llegaran a puertos del país caribeño, siempre en relación con los documentos de embarque.

Las compras se realizaban sobre la base de la Ley de reforma de sanciones comerciales y mejoramiento de las exportaciones, aprobada por el Congreso en el año 2000.

De acuerdo con esa legislación, las mercancías solo podían ser transportadas en barcos norteamericanos, el comercio mantenía un carácter unidireccional y los pagos siempre en efectivo.

Representantes de navieras de Estados Unidos se quejan de que el comercio en una sola dirección provoca que las embarcaciones deban regresar vacías, a pesar de que Cuba también puede satisfacer demandas del mercado norteamericano.

Uno de esos transportistas comentaba que sus buques refrigerados bien pudieran retornar a puertos norteamericanos cargados de mariscos, cítricos y otros productos de la Isla de reconocido prestigio mundial.

El más reciente apretón de tuerca del Departamento del Tesoro resulta entonces en extremo peligroso para La Habana.

Cuba dedica importantes recursos financieros para asegurar la canasta alimentaria de la población, ya sea por vía directa u otras que pasan por comedores populares, escolares, laborales y centros de salud.

Ahora puede ocurrir que Alimport convenie un cargamento de pollo congelado a un proveedor estadounidense y que el pago por adelantado termine en las arcas de personeros y organizaciones contrarrevolucionarias asentadas en Florida.

Baste seguir el glosario de actos anticubanos y la complicidad gubernamental con esas agrupaciones, sobre las que penden acusaciones de planificar y ejecutar planes terroristas contra la Isla, para encontrar el vínculo con el nuevo reforzamiento del bloqueo.

No importa que al final afecte también a los agroexportadores estadounidenses y que cause la indignación de legisladores como los senadores Larry Craig y Max Baucus.

Se trata en definitiva de una guerra económica sin cuartel que, aunque fallida en más de 40 años, se las arregla para levantar nuevas barreras al cerco contra Cuba.