Caracas, 23 Ene. ABN (Betty Colina).- El fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, recibió este domingo el Acuerdo en Defensa de la Soberanía Nacional, aprobado en el Parlamento con los votos de los diputados del Bloque del Cambio y de las organizaciones políticas de oposición Movimiento Al Socialismo (MAS), Causa Radical y Copei.

El documento rechaza el irrespeto a la integridad territorial venezolana y al Derecho Internacional por parte del Gobierno de Colombia, al secuestrar aquí, el 13 de diciembre 2004, al militante del movimiento guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Granda.

La acción la protagonizaron efectivos de organismos de seguridad de la vecina República y militares venezolanos, quienes están detenidos y sometidos a la investigación legal pertinente.

La comisión que entregó el acuerdo la integraron el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Nicolás Maduro; la legisladora Nohelí Pocaterra; el gobernador del estado Sucre, Ramón Martínez, entre otras personalidades. El texto oficial igualmente expresa el respaldo al Presidente de la República, Hugo Chávez Frías.

La diputada Pocaterra aseguró que acordaron abrir un espacio en las inmediaciones del Ministerio Público, para que quienes no firmaron el documento por diversos motivos, incluyendo colombianos residentes en el país, lo hagan en los próximos días.

El gobernador Martínez, en representación de los mandatarios regionales, instó a los venezolanos a no dejarse envolver por las estrategias del gobierno del Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, que pretenden impedir el avance de la unidad latinoamericana.

Refirió que el fiscal Rodríguez, durante el breve encuentro, garantizó que también es suya la lucha del pueblo venezolano por la soberanía del país.

Al parecer de la primera autoridad sucrense, el pueblo colombiano sabe que su Presidente, Álvaro Uribe Vélez, cometió un error y está en el deber de enmendarlo; por lo tanto, es válida la exigencia de solicitar disculpas a sus vecinos: Gobierno y pueblo venezolanos.

Martínez analizó el caso Granda como un pretexto, diseñado y motorizado desde EEUU, para enturbiar los vínculos colombo-venezolanos, en el contexto del momento de unidad latinoamericana que se vive y del fortalecido liderazgo del presidente Chávez, que ha impedido un posible aislamiento.

El acuerdo entregado al fiscal general incluye 17 hojas de anexo con las firmas de los 352 alcaldes del país y los 23 gobernadores.