El Washington Post publicó hoy un editorial donde miente de manera descarada sobre Venezuela. A pesar de que en Venezuela no se le ha confiscado sus propiedades a nadie (sólo se ha transferido tierras públicas a los campesinos y se ha intervenido en fincas para determinar su legalidad y su uso de las tierras) el Post induce al lector a pensar que en el gobierno de Venezuela ha comenzado a quitarle sus propiedades a los ciudadanos.

Olvida el Post de manera conveniente que en EE.UU. rutinariamente se realizan expropiaciones (con compensación, al igual que en Venezuela) de propiedades pasra ser usadas en beneficio del bien común, (construcción de carreteras, metros, y desarrollos habitacionales que generan mayores impuestos).

El Post igualmente sugiere -citando unos comentarios particulares- que Chávez pretende convertirse en "Presidente de por vida."

El Post igualmente califica de "socialistas" las cooperativas que se están organizando en Venezuela, con el fin de crear una matriz de opinión en contra de Chávez.

A continuación la traducción no oficial de dicho editorial.

La Revolución de Venezuela
Viernes, Enero 14, 2005; Página A18

El Domingo pasado cientos de soldados fuertemente armados invadieron una de las haciendas ganaderas más grande y productiva del país, lanzando lo que el Presidente Hugo Chávez llama “la guerra contra el latifundio”. Al día siguiente, el Sr. Chávez firmó un decreto bajo el cual se espera que las autoridades tomen otras haciendas en las semanas que vienen. Este asalto a la propiedad privada es simplemente el último paso en la rápida escalada de la “revolución” del Presidente de Venezuela, que ha minado las bases de la democracia y de la libre empresa en este país productor de petróleo. La respuesta de los vecinos democráticos de Venezuela, y de los Estados Unidos, va desde la pasividad hasta el estímulo tácito.

En los pasados cuatro meses el Sr. Chávez ha impulsado una nueva ley que permite al gobierno multar o cerrar a los medios privados por las vagamente definidas ofensas contra el “orden público”. Sus seguidores han decretado un Nuevo código legal que penaliza las manifestaciones contra el gobierno; gente que golpea las cacerolas para protestar, lo que han hecho los venezolanos por muchos años, ahora pueden ser sentenciados a la cárcel. El mes pasado el Sr. Chávez apiló el Tribunal Supremo con 17 nuevos magistrados, incluyendo uno que ha sugerido una enmienda constitucional que permitiría al que se define así mismo como Líder Bolivariano convertirse en presidente de por vida. Anteriores líderes militantes de organizaciones izquierdistas, incluyendo una que pagó prisión por secuestrar a un ejecutivo de Estados Unidos, están vertiendo los recursos petroleros de Venezuela en cooperativas socialistas impulsadas por el Estado.

El Sr. Chávez, un discípulo del presidente de Cuba, Fidel Castro, además ha acelerado sus intentos de reorientar su política exterior lejos de los Estados Unidos y otras democracias. En las recientes semanas él ha visitado Irán, Rusia, Libia y China, además de Cuba. En Moscú, dijo que Venezuela podría hacer una gran compra de armas rusas, incluyendo 40 helicópteros y 100 mil rifles. De acuerdo con informes de la prensa rusa, el Sr. Chávez puede gastar 5 billones de dólares en armas, incluyendo los aviones de Guerra MiG-29. Esta perspectiva ha alarmado a la vecina Colombia, que recientemente arrestó al líder mayor del movimiento FARC –señalado como una organización terrorista por los Estados Unidos- el cual ha recibido refugio en Venezuela.

Una generación atrás, tales acontecimientos en un país tan importante de América Latina habría inspirado la intervención severa e ineficaz de los Estados Unidos. Hace una década, otros gobiernos latinoamericanos se habrían reunido para rescatar la democracia venezolana. En el mundo posterior al 11 de septiembre, allí no ha habido virtualmente ninguna reacción. Sus vecinos, quienes podrían amenazar con sanciones bajo la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, están silenciosos. La administración Bush, la cual ocasionalmente divulga declaraciones deplorando las políticas del Sr. Chávez, ha estado buscando discretamente el apoyo de líderes latinoamericanos para que tomen una posición, pero no ha obtenido resultados.

Los funcionarios dicen que un acercamiento más activo está bajo consideración, pero una confrontación con el Sr. Chávez no parece ser popular en los países latinoamericanos, y aún en Washington. El mismo día que el Sr. Chávez firmó el decreto, tres senadores de EEUU –dos demócratas y el republicano Lincoln D. Chafee– dijeron que están a favor de mejorar las relaciones con su gobierno. "Todo indica que vendrán mejores tiempos”, dijo el senador Bill Nelson (D-Fla.). El Senador Christopher J. Dodd desestimó la confiscación de tierras diciendo que es un asunto interno. Esto es “críticamente importante” dijo, “que continúe el flujo de petróleo”. La democracia venezolana, parece, no es tan importante.


Original en Inglés

The Washington Post
Editorial

Venezuela's 'Revolution'

Friday, January 14, 2005; Page A18

LAST SUNDAY hundreds of heavily armed Venezuelan troops invaded one of the country's largest and most productive cattle ranches, launching what President Hugo Chávez describes as his "war against the estates." The next day Mr. Chavez signed a decree under which authorities are expected to seize scores of other farms in the coming weeks. This assault on private property is merely the latest step in what has been a rapidly escalating "revolution" by Venezuela's president that is undermining the foundations of democracy and free enterprise in that oil-producing country. The response of Venezuela's democratic neighbors, and the United States, ranges from passivity to tacit encouragement.

In the past four months Mr. Chavez has pushed through a new law that allows the government to fine or shut down private media for vaguely defined offenses against "public order." His supporters have enacted a new legal code that criminalizes anti-government demonstrations; people who bang empty pots and pans in protest, as Venezuelans have been doing for several years, can be sentenced to jail. Last month Mr. Chavez stacked the Supreme Court with 17 new appointees, including one who has suggested a constitutional amendment that would allow the self-styled "Bolivarian" leader to become president for life. Former leaders of leftist militant organizations, including one who served a prison sentence for abducting a U.S. business executive, are pouring Venezuela's surging oil revenue into state-planned socialist cooperatives.

Mr. Chavez, a disciple of Cuban President Fidel Castro, has also accelerated his attempt to reorient Venezuelan foreign policy away from the United States and other democracies. In recent weeks he has visited Iran, Russia, Libya and China, in addition to Cuba. In Moscow, he said that Venezuela would make a major purchase of Russian weapons, including 40 helicopters and 100,000 rifles. According to reports in the Russian press, Mr. Chavez may spend $5 billion on arms, including advanced MiG-29 fighter jets. That prospect has alarmed neighboring Colombia, which recently arrested a senior leader of the FARC movement -- designated a terrorist organization by the United States -- who had been given sanctuary in Venezuela.

A generation ago, such developments in an important Latin American country might have inspired heavy-handed and counterproductive U.S. intervention. A decade ago, other Latin governments might have rallied to rescue Venezuelan democracy. In this post-Sept. 11 world there has been virtually no reaction. His neighbors, who could threaten sanctions under the democracy charter of the Organization of American States, are silent. The Bush administration, which issues occasional statements deploring Mr. Chavez's policies, has been quietly prodding Latin leaders to take a stand, but without results.

Officials say a more active approach is under consideration, but a confrontation with Mr. Chavez is not likely to be popular in Latin capitals or even in Washington. The same day Mr. Chavez signed the decree, three U.S. senators -- two Democrats and Republican Lincoln D. Chafee (R.I.) -- said that they favored improving relations with his government. "Every indication is there will be better times ahead," said Sen. Bill Nelson (D-Fla.). Sen. Christopher J. Dodd (D-Conn.) dismissed the land confiscations as an internal matter. It is "critically important," he said, "to have that continuing flow of oil." Venezuelan democracy, it seems, is not so critical.