El Departamento de Estado expresó su preocupación por la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. “Compartimos los temores de organismos internacionales ante la posibilidad de que la ley sea utilizada para coartar la libertad de expresión”, afirmó el portavoz del Departamento, Adam Ereli

El Departamento de Estado dijo que coincidía con varias organizaciones internacionales que consideraban que la nueva Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión es una grave amenaza para la libertad de prensa.

“Compartimos ciertamente esas preocupaciones”, dijo el portavoz Adam Ereli, quien indicó que la ley “específicamente impone restricciones vagas a los contenidos en los medios y permite a una agencia reguladora del gobierno censurar contenidos que considere perjudiciales para el orden y seguridad nacional”.

La ley fue puesta en efecto esta semana por el presidente Hugo Chávez, quien dijo que con ella “el pueblo se verá libre de la hegemonía de los dueños de medios de comunicación privados y de la dictadura mediática”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que funciona autónomamente dentro de la Organización de los Estados Americanos, dijo que la ley era “incompatible” con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto al derecho al ejercicio de la libertad de expresión.

Igualmente, la Sociedad Interamericana de Prensa y el grupo Human Rights Watch se han pronunciado indicando que la ley adicionalmente promovía la autocensura de los periodistas para evitar ser objeto de represalias y multas de parte de las autoridades.

La SIP realizó esta semana en Caracas un foro de emergencia para opinar sobre la ley. Su presidente, Alejandro Miró Quesada y otros dirigentes institucionales visitaron también el miércoles en Washington al secretario general interino de la OEA, Luigi Einaudi, para expresarle sus temores.

Miró Quesada, director del diario El Comercio, de Lima, dijo que con esa ley el gobierno venezolano está gestando una “arquitectura legal” junto con reformas al Código Penal para crear “un sistema de censura previa y de censura para los medios de comunicación y el periodismo”.