Caracas, 03 de noviembre de 2004 (Prensa MRE).- El Ministro de Relaciones Exteriores, Jesús Arnaldo Pérez, remitió a una carta de réplica a Eduardo A. Bertoni, Relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en razón de la que recibió del funcionario, con fecha 22 de octubre de 2004, en referencia al Proyecto de Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que actualmente se debate en nuestra Asamblea Nacional.

El Canciller recuerda a Bertoni, en la misiva, que el proyecto de ley en cuestión ha requerido la inversión de “dos años de arduo trabajo de investigación, análisis y redacción, además de una consulta pública de nueve meses, con valiosos aportes de cientos de personas y decenas de instituciones”.

“El proyecto busca el equilibrio entre el respeto absoluto a los derechos a la libertad de expresión, a la información y a la comunicación libre y plural, mientras se garantiza la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, el fomento de la industria audiovisual nacional, el fortalecimiento a la participación ciudadana y la actualización y unificación del marco legal en función de las tendencias regulatorias y las tecnologías”, señala el Ministro de Relaciones Exteriores en la comunicación.

El Canciller le asegura expresamente a Bertoni que “en Venezuela la libertad de expresión goza y gozará siempre de la más absoluta protección”, y contrasta que a diferencia del lapso de la democracia representativa de 1958-1998, “la mayoría del pueblo venezolano decidió enrumbarse por un camino realmente democrático y participativo, y es evidente que no hay censura a los medios impresos, radiales o audiovisuales”.

“De hecho, los angustiosos casos de censura o restricción a la libertad de expresión en estos últimos cinco años han sido casualmente provocados por los mismos medios privados de comunicación. Fue público y notorio la autocensura que estos medios se indujeron en abril 2002, al negarse a informar a la comunidad nacional e internacional lo que realmente estaba sucediendo en Venezuela: un criminal golpe de estado en contra del Presidente Chávez y de las instituciones democráticas del país”, destaca el Titular del MRE en la carta.

El Ministro cuestiona a Bertoni que “cuando el Estado intenta imponer los términos de la Ley a los medios de comunicación privados, estos buscan amparo y en muchos casos encuentran el respaldo de organismos como el que usted representa”, y advierte la contradicción que cuando “el canal de televisión comunitario, Catia TVe, fue cerrado de manera ilegal y arbitraria por parte del alcalde opositor al Gobierno bolivariano, el periodista Alfredo Peña, no recibió la misma respuesta de su parte”.

El Canciller también reivindica los esfuerzos para encontrar un proyecto que dé respuestas a las necesidades educativas, informativas y recreativas de millones de ciudadanos, padres, madres, niños, niñas y adolescentes, inclusive de la Iglesia, que durante décadas han estado clamando por una radio y televisión que estén en armonía con los principios morales que rigen nuestra sociedad.

“La Conferencia Episcopal de Venezuela, por décadas, ha resaltado la importancia de la responsabilidad de los medios de comunicación en el desarrollo de la sociedad y al servicio de la paz”, evoca el Ministro.

Además refiere al Relator de la CIDH el debate mundial, que se desarrolla actualmente, sobre la responsabilidad social de los medios de comunicación, y precisa que en otras naciones, como son los casos de España, México y Brasil, se aborda el tema y buscan correcciones a esta realidad.

“Es de su conocimiento, e imagino su preocupación, por el desmedido desbocamiento de las grandes corporaciones mediáticas y sus infames campañas, con fórmulas expresas de mensajes de mediocridad y de anti-valores destinados a los más vulnerables de nuestra sociedad. Afortunadamente, la preocupación y la búsqueda de soluciones a fin de resguardar la integridad de los más débiles, nuestros niños, niñas y adolescentes, no es una tarea exclusiva de instituciones de nuestro país y del Gobierno Bolivariano de Venezuela, sino también de la sociedad. En otras naciones, como son los casos de España, México y Brasil, se aborda el tema y se buscan correcciones a esta realidad”, explica el Canciller en la carta a Bertoni.

“Para su tranquilidad, le reitero que la libertad de expresión y la libertad de información estarán ratificadas en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, tal y como lo establece la Constitución Bolivariana. Las disposiciones de la Ley aplican para los medios audiovisuales del Estado, los privados y comunitarios, sin distinción. Nuestros niños, niñas y adolescentes estarán protegidos de la programación y publicidad que promuevan un lenguaje inadecuado, el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas, la agresión a la mujer, la violencia desmedida o el sexo explícito”, insiste el Titular de Relaciones Exteriores.

El Canciller Jesús Pérez concluye su misiva al Relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH con la perspectiva de que “esta Ley como un modelo que podría ser emulado por otros países del hemisferio, de la misma manera como el pueblo bolivariano de Venezuela dio un ejemplo de participación y democracia el pasado 15 de agosto, durante el inédito y ponderado Referéndum Presidencial”.