La Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela informa a la opinión pública nacional que en el marco de su participación en la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI según sus siglas en inglés), organización independiente que agrupa a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de los cinco continentes, ha impugnado, con el apoyo de las instituciones nacionales de Bolivia (América), Nicaragua (América), Egipto (África) e India (Asia), la recomendación que pretende cambiar de categoría la acreditación de nuestra institución.

Por ello, la Defensoría del Pueblo desmiente la información que ha circulado según la cual la Organización de las Naciones Unidas ha emitido alguna opinión respecto de nuestra institución. Aclaramos que la Alianza Global de INDH (GANHRI) no es una institución dependiente ni adscrita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La GANHRI está conformada por las Defensorías del Pueblo y otras organizaciones estatales de DDHH que cumplen funciones contraloras y no son parte del Poder Ejecutivo de sus Estados. Esta alianza nombra en asamblea sus autoridades y ha creado un Subcomité de Acreditación (SCA) de entre sus miembros.

Este Sub-Comité estudia las solicitudes de incorporación y renovación de las instituciones y presenta recomendaciones al Buró (especie de Junta Directiva del GANHRI) quien tiene la última palabra (poder de decisión). Esta directiva (Buró del GANHRI) tiene su sede en Ginebra, Suiza. Tanto el GANHRI como el Sub-Comité son totalmente independientes de la ONU y se mantienen con los aportes de sus miembros y otras contribuciones.

La DdP impugnó dicha recomendación y ha presentado ante el Sub-Comité de Acreditación 19 documentos con 1.027 páginas que explican detalladamente todo el accionar adelantado por la institución durante los años 2015-2016 y su carácter independiente. Sin embargo, lamentablemente dicho Sub-Comité no ha tomado en cuenta ninguno de los documentos consignados ante esa instancia, lo que demuestra su parcialidad en contra de nuestra INDH.

A juicio de esta Defensoría, la evaluación del Sub Comité de Acreditación está seriamente sesgada, pues el mayor peso para su dictamen recae en las presuntas fallas desarrolladas por la gestión anterior a la nuestra.

Instituciones de tres continentes distintos están apoyando la impugnación realizada por la DdP de Venezuela a la recomendación del Sub-Comité. Por ejemplo, el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la India, señala que: "El SCA no debería guiarse por los puntos de vista de un puñado de ONGs en un país para realizar una revisión especial tan solo dos años después de la reacreditación del año 2013. De hecho, desde nuestra propia experiencia, deseamos dejar en claro que mientras un gran grupo de ONGs trabaja duro a nivel de las bases populares y contribuye al éxito en las áreas de los derechos sociales y económicos, ellos rara vez tienen acceso a los foros internacionales. Algunas veces, los mismos no tienen los recursos para hacerlo aunque estén en la línea frontal de la lucha por los derechos sociales y económicos. Asimismo, las pocas ONGs que esgrimieron sus argumentos tal vez no merecen tanta atención cuando la acreditación está en boga y mientras que no hay nada verdaderamente importante que requiera revisión".

Asimismo, el Presidente del Consejo Nacional para los Derechos Humanos de Egipto "apoya la impugnación presentada por la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela ante el SCA con respecto a la recomendación 4.2".

El Defensor del Pueblo de Bolivia expresó, por su parte, su "más absoluto respaldo a la impugnación presentada por la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela (DPV), contra la recomendación realizada por el Sub Comité de Acreditación (SCA)", y entre las razones alega que: "No es comprensible el porqué, a pesar de los esfuerzos y de la información documental aportada por la DPV no se consideró adecuadamente ninguno de sus alegatos, sino que simplemente se señaló que todo lo informado era insuficiente".

Mientras que la Procuradora de Derechos Humanos de Nicaragua, en su carta de apoyo a la impugnación de la INDH de Venezuela, manifiesta su "desacuerdo con la recomendación 4.2 atinente a degradar a clase "B" a la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela".

Decimos esto debido a la campaña emprendida por cinco organizaciones venezolanas y algunos medios de comunicación que desconocen el trabajo desempeñado por la DdP y tratan de desorientar a la opinión pública venezolana.

Estas 5 organizaciones, de un universo de casi 500 organizaciones y movimientos de DDHH que hacen vida en el país, han atacado esta gestión desde el momento en que asumimos este cargo. Invitadas por nuestra gestión en el marco del encuentro con más de 100 ONG realizado en enero de 2015, estas organizaciones leyeron un manifiesto atacando al nuevo equipo defensorial y desconociendo la legitimidad de nuestra designación en el cargo de Defensor del Pueblo. Ese mismo manifiesto fue elevado a la GANHRI para solicitar la exclusión de nuestra institución de este organismo, pero dicha solicitud fue desestimada por carecer de fundamento.

Estas ONG han realizado una campaña sostenida de más de 3 años en contra de esta institución y atacaron esta nueva gestión desde el primer día, sin mostrar ningún interés en construir alianzas ni evaluar objetivamente el arduo esfuerzo que esta institución realiza en medio de un clima de intenso y crudo debate político en el país. No han reconocido ninguna actuación ni han visto acto positivo alguno de nuestra parte en los 19 meses que llevamos al frente de este enorme compromiso. Esa posición pre juiciosa, los descalifica para emitir opiniones sobre nuestro trabajo y es la que cuestionamos ante la GANHRI.

El esfuerzo internacional realizado por estas ONG para atacar a la Defensoría del Pueblo parece destinado a dañar la institucionalidad democrática venezolana usando como objetivo para ello a una de sus instituciones de mayor prestigio y alcance popular.

Aclaramos también que la alianza de instituciones nacionales de DDHH (GANHRI) está conformada por instituciones de dos categorías: clase A con plenos derechos y clase B con derecho a voz y no a voto en las instancias del GANHRI. No es el caso del Consejo de DDHH donde quien participa es el Gobierno de Venezuela y no la Defensoría del Pueblo. La DdP de Venezuela en caso de alcanzar la categoría B, luego de la reunión que se efectuará en el mes de Octubre de 2016, continuará con el mismo mandato constitucional y seguirá actuando plenamente en las instancias internacionales como lo ha venido haciendo en colaboración con UNICEF, ACNUR, UNFPA, y seguirá siendo miembro de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, del Observatorio de DDHH de UNASUR, del Consejo Andino de DDHH, entre otras muchas instancias internacionales en las cuales participa activamente promoviendo una perspectiva crítica y participativa de los DDHH en todo el mundo, así como acciones conjuntas para la protección de víctimas y la prevención de delitos internacionales como la tortura, la violencia contra las mujeres, la trata de personas, entre otros.

Como INDH, conscientes de que los derechos fundamentales de las personas constituyen un tema que debe ser motivo de atención por parte de todas las instituciones y sectores democráticos del mundo, entendemos que es natural que surjan preocupaciones a partir de algunos hechos que son manipulados mediáticamente, sin embargo, la DdP ha demostrado que la tergiversación de la realidad, o peor aún, la falacia es un denominador común en la información difundida en instancias internacionales.

Esto nos permite decir que la cultura institucional de la DdP no está signada por alguna parcialidad y mucho menos apegada a los dictámenes de algún sector del Estado venezolano; creemos necesario hacer énfasis en ello porque es por demás injusto calificar a la INDH de Venezuela como "no independiente" cuando nuestro mandato emana directamente de la CRBV, donde se reconoce además la trascendencia de los acuerdos internacionales en materia de DDHH. Dicho esto, reiteramos nuestro apego, aun más, nuestro compromiso con los Principios de París como un mandato ineludible.

Muestra de la solidez institucional de la DdP queda plasmada en las acciones que esta INDH efectúa a través de las 24 delegaciones distribuidas a lo largo del territorio nacional, lo cual va de la mano con el compromiso del personal defensorial que siente una vinculación estrecha con la promoción y protección de los DDHH de las y los habitantes de este país.

En este sentido, podemos ver como durante el año 2015 se efectuaron 72.932 acciones de defensa, vigilancia, promoción y divulgación de DDHH, lo que representó un aumento de más del 57% respecto a 2014. Mientras tanto, durante el primer semestre del año 2016 las acciones defensoriales alcanzaron la cifra de 28.739, para un total de 101.671 en 18 meses. Se han atendido directamente 46.468 denuncias lo que representa la asistencia a más de 300.000 peticionarios y peticionarias, tanto en inspecciones, visitas, acompañamientos y capacitación.

Las cifras anteriores son reflejo de la confianza adquirida por la población con respecto a la DdP y al esfuerzo institucional realizado por tener posiciones equilibradas y proactivas sobre los casos y peticiones recibidas, además de apostar por el equilibrio y la colaboración entre poderes.

Por otra parte, la DdP ha realizado investigaciones en diversos temas que afectan sectores específicos de la población, tales como: Retardo procesal, delincuencia policial, hacinamiento en centros de policías, desabastecimiento de alimentos y medicinas, además de inspecciones en centros hospitalarios y de salud en general, instituciones educativas, vigilancia en zonas fronterizas, abriendo sus puertas de conciliación a los actores involucrados. De cada inspección se constituyen mesas de trabajo de las cuales surgen las recomendaciones a los entes competentes encargados de resolver los problemas que se plantean, quedando la DdP encargada de hacer el seguimiento, control y vigilancia de los compromisos asumidos en las mesas.

Además, la DdP, en el primer trimestre del año 2016, elevó siete proyectos de ley al parlamento, a saber: Ley Orgánica para las personas con discapacidad, Ley de responsabilidad empresarial en materia de Derechos Humanos, Ley penal especial en materia de tránsito terrestre, Ley para la protección de los animales y la sanción de actos de maltrato, Ley Orgánica de Protección de los intereses colectivos y difusos, y la Ley especial para la protección de los campesinos, campesinas y sus familiares víctimas del sicariato y de violaciones graves a los derechos humanos.

La DdP de Venezuela mantiene de forma constante trabajo articulado con organizaciones y movimientos sociales. De hecho, la DdP mantiene comunicación periódica y sistemática con 448 ONG y otras formas organizativas con las cuales se ejecutan programas de formación en DDHH, se les escucha en sus denuncias y se acompaña en sus luchas reivindicativas en temas como los DDHH de personas con discapacidad, las personas sexo-género-diversas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, afro descendientes e indígenas, entre otros, lo que demuestra nuestro compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad.

Líderes y lideresas acuden a nuestras sedes y participan activamente en reuniones y mesas de trabajo. Pero el Sub-Comité de Acreditación no tomó en cuenta su opinión sino solo el de 5 organizaciones incapaces de trabajar junto a la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones sociales. Es de notar, que ninguna de estas organizaciones se solidarizó con el Defensor del Pueblo cuando a instancias del Gobierno de los Estados Unidos y de la Oficina de INTERPOL en Washington fue retenido arbitrariamente en dos oportunidades en los aeropuertos de México y Panamá. Por el contrario, se han dedicado a realizar campañas mediáticas en contra de la DdP con la intención de sabotear y boicotear la labor de la misma.

Nuestra gestión ha sido de puertas abiertas, todo lo que hacemos ha sido registrado por los medios de comunicación, hemos abierto la institución a quienes nunca pensaron serían recibidos en nuestras sedes, cumpliendo un rol estratégico para la consolidación de una cultura de paz, diálogo y entendimiento nacional. Nos hemos caracterizado por asumir un rol mediador con todos los sectores de la sociedad y en los casos más complejos y controversiales que se vinculan con los derechos humanos.

Ante lo planteado, con todo respeto, exhortamos al plenario de la GANHRI a que amplíe su visión de defensa de los Derechos Humanos y que evalúe todas las gestiones y esfuerzos realizados por la DdP de Venezuela, que van en pro de la paz y la democracia.

La DdP seguirá atendiendo a los sectores más vulnerables de la población, mediando a favor de la paz y el diálogo, exhortando el respeto a los Derechos Humanos como ha sido hasta ahora nuestra labor.