Venezuela gana juicio internacional sobre la mina Las Cristinas

La Procuradora General de la República, Cilia Flores

La Procuradora General de la República, Cilia Flores

Credito: Archivo

La Procuradora General de la República, Doctora Cilia Flores, informa al pueblo venezolano que el pasado 16 de enero de 2013 fue desestimada la reclamación interpuesta por la empresa minera Canadiense Vannessa Ventures Ltd, sobre el contrato de exploración y explotación de oro y cobre en la mina Las Cristinas, localizada en el estado Bolívar, al sureste del país, por considerar el Tribunal Arbitral que decidió la controversia, que la República Bolivariana de Venezuela no violentó el Tratado Bilateral de Inversión entre Canadá y Venezuela.

Ante las medidas tomadas por el Gobierno Bolivariano del Presidente Hugo Chávez Frías, el Tribunal concluyó que la decisión de rescindir el Contrato con la empresa demandante y las medidas adoptadas por el Gobierno para hacerse cargo de Las Cristinas, no configuraron un supuesto de expropiación. Asimismo, estableció que la inversión fue tratada dentro del marco contractual acordado entre las Partes, por lo cual, la República Bolivariana de Venezuela dio pleno cumplimiento a los estándares de Trato Justo y Equitativo, así como el de Protección y Seguridad Plena conforme al Tratado Bilateral de Inversiones y el Derecho Internacional.

En consecuencia, las exageradas e ilegitimas pretensiones de esta Trasnacional de reclamar un monto que ascendía a Un Mil Cuarenta y Cinco Millones de Dólares (US$ 1.045.000.000,00), más intereses y gastos, fueron totalmente desestimadas por el Tribunal Arbitral, resultando Venezuela vencedora en esta controversia, reconociéndose internacionalmente los derechos soberanos del pueblo venezolano sobre sus recursos Mineros. La presente controversia surgió en el año 2004, cuando la empresa demandante Vannessa Ventures Ltd, intentó ilícitamente tomar los recursos mineros de las Cristinas, luego de que su supuesta subsidiaria la Empresa Mixta MINCA, abandonara e incumpliera sus obligaciones con el Estado Venezolano concebidos en su contrato de Trabajo, por lo que la demandante acudió al CIADI para exigir derechos e indemnizaciones que no le correspondían.

La Procuraduría General de la República celebra la presente decisión, que resulta del trabajo realizado por el Equipo de Defensa y los abogados de este Órgano Asesor del Estado, en la protección del patrimonio y los intereses soberanos de la Patria.

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