Plataforma de Periodistas de Venezuela denuncia paquete neoliberal de la MUD ante la ANV

PAQUETAZO DE CAPRILES

PAQUETAZO DE CAPRILES

Credito: Archivo

PRESENTACIÓN DE LA POSTURA DE LA PLATAFORMA DE PERIODISTAS SOBRE EL PROGRAMA DE GOBIERNO NEOLIBERAL DE LA MUD, ANTE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PODER POPULAR Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL


Septiembre 27 de 2012.-La Plataforma de Periodistas de Venezuela, como espacio de articulación y de trabajo colectivo de los periodistas comprometidos con el periodismo libertario, contrahegemónico y antiimperialista, defendemos los principios de soberanía e independencia. Como movimiento organizado asumimos el compromiso de la lucha por la democratización de la comunicación y la información, como elementos esenciales para avanzar en este proceso de construcción del socialismo y la refundación de la Patria, a través de la democracia participativa y protagónica.

Estamos comprometidos con el ejercicio de un periodismo que garantice la defensa de la Soberanía Nacional, la integridad territorial, la paz, la integración y solidaridad entre los pueblos, la verdad como norma irrenunciable, el desarrollo de nuestro país, la educación, la ciencia y la comunicación como herramientas para la liberación y la independencia.

El periodismo y la comunicación masiva constituyen armas fundamentales en la batalla de las ideas, y sólo podrán ser instrumentos de liberación de nuestros pueblos si tienen la claridad y la fuerza para romper con la estructura de dominio que impone el régimen de propiedad capitalista sobre las empresas de la comunicación.
Como reza en la Declaración Final de I Encuentro Nacional de la Plataforma de Periodistas, reiteramos que “defenderemos e impulsaremos el Poder Popular, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el socialismo como ideal que garantiza la mayor suma de felicidad posible y la mayor suma de estabilidad política para nuestros pueblos.”

La Plataforma de Periodistas está comprometida con la defensa y resguardo de la libertad de Expresión, como valor esencial de la democracia participativa y protagónica, y en el derecho inalienable del pueblo a estar informado oportuna y verazmente.

Nos apegamos a los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece las más amplias garantías, para el ejercicio de la libertad de expresión y nunca se ha disfrutado tan plenamente, como ahora en la Revolución Bolivariana, de tan fundamental derecho.

Por este motivo, denunciamos los abusos que hacen la oligarquía y la derecha continental de la libertad de expresión, para agredir a los pueblos y a los gobiernos populares y progresistas. Valiéndose de su condición de propietarios capitalistas de las empresas de comunicación, invocan la libertad de expresión o de información para defender los intereses políticos y económicos de los grupos de poder hegemónicos, a través de estrategias de manipulación y desinformación irrespetuosas y sensacionalistas.

En Venezuela, los ataques contra la libertad de expresión y la dignidad del pueblo se han intensificado en los últimos años. La confrontación resulta del choque entre un gobierno patriota que defiende los intereses de nuestro pueblo y lucha por garantizar la irreversibilidad de la revolución y del socialismo, y la voracidad imperialista por arrebatarnos la independencia que hemos recuperado en estos 13 años de la Revolución Bolivariana, con el objetivo de hacer retroceder al país a los niveles de dependencia y dominación que existían durante la Cuarta República, para apoderarse de nuestras riquezas y subsumir al pueblo en la miseria.

Esta confrontación tiene lugar en todos los ámbitos de la vida pública de la Patria, incluyendo el terreno de la comunicación, de la información, y de los medios, donde los proyectiles son las ideas, el pensamiento, los valores, y los conceptos, a través de los cuales los enemigos del pueblo buscan dominar y someter su voluntad política, a través del uso de mentiras, falacias y tergiversación de la realildad, que imponen, con el objetivo de neutralizar al pueblo, o movilizarlo o utilizarlo, según sea el caso, en favor de sus intereses políticos y económicos en un momento determinado.

Hasta ahora los medios de difusión nacionales e internacionales, cómplices de la derecha, se han avocado a generar caos, incertidumbre y desinformación, con el firme objetivo de manipular al pueblo. La estrategia ha consistido en desprestigiar las políticas transformadoras y a todo lo que ellas representan, desmoralizar al pueblo y quebrar su lealtad a la revolución, llegando incluso a los extremos de sembrar dudas sobre la salud del Presidente Chávez, posicionar la no confiabilidad y parcialidad política del CNE, y la supuesta caducidad del socialismo.

En este sentido, nos vemos en la obligación moral de denunciar hoy, ante el pueblo venezolano y el mundo los riesgos y consecuencias nefastas que tendría la aplicación de los “Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)”, aprobado por la “Mesa de la Unidad Democrática” (MUD) el 12 de enero de 2012.

PROGRAMA DE LA MUD: NEFASTA PROPUESTA NEOLIBERAL QUE ATENTA CONTRA EL PODER POPULAR
En general, este plan de gobierno deja en evidencia su profundo carácter excluyente, clasista, discriminador, y su marcada tendencia a privilegiar a las clases económicas dominantes, priorizando la inversión privada como elemento fundamental de toda su propuesta neoliberal. Se habla más en nombre de la empresa e inversión privada que en nombre del pueblo venezolano y sus derechos, al pueblo lo reducen con la etiqueta de “consumidores”.

Aunque más preocupante aún es el desconocimiento expreso del protagonismo del pueblo venezolano como ente transformador activo de la realidad del país, y lo minimiza, pretendiendo convertirlo en un ente pasivo que se limita a recibir las decisiones y políticas emanadas desde ese gobierno de derecha. El programa de la MUD niega la esencia combativa de nuestro pueblo, y pretende volver al pasado, eliminando el Poder Popular. Cabe destacar, que este plan neoliberal traería consecuencias negativas para todos los sectores del país, no nada más a los sectores populares, sino que afectaría estructuralmente a la clase media y al sector productivo, que han sido beneficarios de las políticas incluyentes y de desarrollo socio-económico impulsadas por la Revolución. Por eso, la Plataforma de Periodistas de Venezuela denuncia enfáticamente este plan como una verdadera amenaza para la paz y estabilidad de todos los venezolanos y venezolanas.

En cada segmento de los “Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)” está presente su firme objetivo de someter a Venezuela a la miseria, de volver a aplicar medidas económicas y políticas que atentan contra la dignidad del pueblo, y que nos llevarían a retroceder a niveles de pobreza y hambre inimaginados. Proponen medidas perfudiciales como:

Privatizar PDVSA y eliminar el financiamiento directo de programas sociales-las misiones (Art. 499-B).
Las misiones serán reemplazadas por un Sistema de Protección Social y Empleo, SPSE (Art. 794) apoyado por el sector privado (Art. 803).


Eliminar las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional durante estos 14 años (LOTTT) (Art. 49).
Liberar los precios de los rubros alimentarios (Art. 379).
Eliminar Mercal, Pdval, la Red Bicentenario, la CVAL, Abastos Bicentenarios (Art. 556).
Ofrecer las misiones sociales al sector privado (Art 803).
Aumento del precio de la gasolina a nivel del mercado internacional (Art. 518).
Aumentar la tarifa del servicio de agua (Art. 1001).
Privatizar sector eléctrico (Art. 985) y aumentar gradualmente las tarifas del servicio de electricidad (Art. 984).
Despedir trabajadores del sector público (Art. 295).
Entregar al sector privado la construcción de viviendas (Art 391), y convertir en obligatorio el pago de inicial.
Liquidar las casas de alimentación (Art 777).
Eliminar la cooperación con Cuba para la Misión Barrio Adentro (Art. 882).
Eliminar el Ministerio del Poder Popular para el Deporte (Art.858).
En cuanto a la política exterior, plantean la “revisión de alianzas geopolíticas de dudosa conveniencia, evaluación exhaustiva de MERCOSUR y la ALBA, ratificar el rol de la OEA, promoción del desarme en la región Suramericana, repotenciar relaciones con Europa específicamente España y tener una posición firme contra el terrorismo y el narcotráfico”.

PROPUESTAS DE LA MUD CONTRA LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
La MUD en sus “Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional (2013-2019)” dedica 37 artículos a esbozar su propuesta para la supuesta “democratización de las comunicaciones”, que no es más que la develación de su estrategia para restituir el orden hegemónico en el que los dueños de empresas de comunicación gozan de total autonomía e impunidad para seguir teniendo el control total de las comunicaciones en el país, y por ende de la libertad de expresión y del derecho del pueblo a estar informado.

El problema de fondo es que los políticos de derecha, ahora reunidos en la MUD, se oponen al nuevo orden comunicacional que surgió a partir del reordenamiento y fortalecimiento de los medios públicos y el surgimiento de los medios comunitarios y alternativos, como nuevos actores en la configuración de las dinámicas mediáticas, y por supuesto, se oponen al protagonismo del pueblo y a su rol de comunicador, y que ya no alinea sumisamente a las directrices que pretenden imponer los grandes medios privados.

Antes de la llegada de Hugo Chávez a Miraflores, la relación de complicidad y corrupción entre el gobierno de turno y los medios de comunicación privados permitía la censura previa, la autocensura y el ejercicio limitado de la libertad de expresión, y en consecuencia, la violación sistemática del derecho del pueblo venezolano a estar veráz y oportunamente informado. El rescate de esta alianza perversa del gobierno y los medios privados contra el pueblo, es justamente el objetivo principal de la propuesta de la MUD en materia de comunicaciones.

Asi, el atentado contra el Poder Popular en el ámbito comunicacional, se evidencia en lo siguiente:
La oposición miente descarada e irrespetuosamente al pueblo venezolano, acusando al Gobierno Bolivariano de haber sido incapaz de “garantizar el ordenamiento del espacio público de las comunicaciones para (…) promover el pluralismo de la opinión pública nacional” (Art. 108) y denuncian una supuesta “represión mediática, que se expresa en la confiscación progresiva de todos los medios radioeléctricos del Estado” (Art. 109) para implantar un “modelo de pensamiento único, autocrático y de culto a la personalidad” (Art. 110).

Sin embargo, estos argumentos falaces se caen, al revisar la información sobre las concesiones otorgadas por el Estado durante el gobierno de Hugo Chávez: hasta el año 1998 existían en Venezuela 331 emisoras privadas de radio por Frecuencia Modulada (FM) y 11 emisoras públicas, mientras que hoy existen 466 emisoras privadas, 82 públicas, y 243 comunitarias (incremento de 232%). Así mismo, en 1998 existían 40 canales de televisión abierta (32 privados y 8 públicos); y hoy el pueblo venezolano cuenta con 111 canales de televisión abiertos en todo el territorio, de los cuales 61 son privados, 13 públicos y 37 comunitarios. (incremento de 277%).

Ataque y descalificación de los medios comunitarios y alternativos. Pretenden limitar su independencia, señalando que se deberá restablecer “en el ámbito de los medios comunitarios- alternativos, una real independencia a la hora de otorgar las debidas concesiones” (art. 143), es decir, que se revisarán todas las concesiones otorgadas por el Gobierno Bolivariano. Por otra parte, proponen una “reforma” de las leyes vigentes que amparan y regulan a los medios comunitarios y alternativos, con el objetivo de dominarlos, a través del financiamiento discrecional de una “agencia autónoma nacional para la provisión de fondos públicos” que impediría que estos medios cumplieran con su rol crítico en la sociedad.

Se criminaliza y amenaza a los medios comunitarios y alternativos, y se pretende su despolitización. La represión que históricamente ha caracterizado a la derecha fascista no se haría esperar. Para los medios comunitarios y alternativos que no acepten estas nuevas reglas, el artículo 140 señala que “se supervisará y controlará la proliferación de emisoras de radio, así como de operadores de servicios de televisión ilegales. Se regulará adecuadamente el crecimiento de emisoras de radio comunitarias y se eliminarán las radios que operan sin el debido permiso.”

El programa de la MUD plantea el debilitamiento y desmantelamiento del Sistema Nacional de Medios Públicos. Pretenden ocultarle al pueblo que los medios de comunicación comerciales son empresas con fines de lucro que responden a los intereses económicos de sus dueños, mientras que los medios públicos reflejan las políticas comunicacionales de un gobierno legítimamente electo, y que por ende representan a la mayoría que los eligió en el Poder, y a diferencia de los dueños de empresas de comunicación, pueden ser ratificados o reemplazados a través de los votos.

La MUD critica una supuesta hegemonía comunicacional de los medios públicos cuando en realidad quienes imponen la agenda mediática y sus matrices son ellos quienes controlan la mayoría de los medios nacionales. Propugnan un supuesto pluralismo de ideas y visiones que niegan permanentemente en sus medios, al imponer día a día sus verdades, supeditadas a los intereses de la ganancia capitalista. En la propuesta de la MUD queda evidenciado que su fin último es imponer una sola voz: la voz de las empresas privadas de comunicación.

El paquetazo de la MUD propone dejar el monopolio de la opinión política a las empresas privadas de comunicación, y destruír el Sistema Nacional de Medios Públicos y sustituirlo por un “Servicio Público de Radiotelevisión, no gubernamental y regido por una autoridad independiente”, y explícitamente, el artículo 129 pone “inmediatamente término al uso político-partidista de Venezolana de Televisión y demás medios públicos”.


En el artículo 126 se establece la derogación del “decreto de creación del Sistema Integrado de Comunicación e Información” y su reemplazo por un “Consejo Nacional de Comunicación” “autónomo” y abierto a personas ajenas al sector público. Estas medidas implican la desestructuración del servicio público de comunicación y la reorientación de su misión de información política, resumiendo la libertad de expresión a la libertad de los dueños
de empresas de comunicación para difundir los mensajes que favorezcan sus intereses políticos y económicos.

La propuesta censuradora y represora de la MUD propone una reforma del marco legal vigente para revertir la democratización profunda de la comunicación que ha impulsado la Revolución Bolivariana en Venezuela y restaurar el control hegemónico sobre los medios de comunicación. Así, se plantea la revisión de “la Ley Resorte, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (que define el régimen que otorga de las concesiones), el Código Penal (que castiga la difamación y la calumnia), la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios” (Art. 124), y someter a profunda revisión todos aquellos decretos, providencias administrativas y creación de organismos que coliden con el precepto constitucional de una comunicación libre y plural” (Art. 125).

La MUD no oculta sus intenciones de derrumbar el aparato legal para resguardar y defender la supremacía de los dueños de los medios sobre el interés general, así, plantean que ninguna ley puede estar por encima del dueño de estas empresas, y si ya fueron condenados por abusos y/o ilegalidades, se procederá “a anular los procedimientos administrativos abiertos contra medios y/o profesionales de la comunicación” (Art. 126).

Adicionalmente, se implementará un mecanismo de chantaje y control, a través de creación de una “una ley de regulación de la publicidad oficial que atienda a la asignación de la publicidad del gobierno” (Art. 137).
Demostrando descaradamente la defensa acérrima de los intereses de los dueños de los medios por encima del pueblo, proponen en el artículo 139 “devolver de inmediato a sus concesionarios el uso de las frecuencias y los bienes e infraestructuras que les fueran sustraídos. Se promoverá la independencia en la asignación de frecuencias”, y seguidamente expresan su visión comercial de un bien preciado para todos y todas las vnezolanas, como lo es el espectro radioeléctrico, al plantear su burda mercantilización en el artículo 140, en el que señalan sin vergüenza alguna que van a prostituir nuestro espectro radioeléctrico al mejor postor, pues “se establecerá un cronograma serio de subastas del espectro”.

Se eliminará Tves y se restituirá la señal a RCTV (Art. 127). Protegiendo a los terratenientes comunicacionales, la MUD “restituirá a RCTV una concesión para la transmisión de su programación en señal abierta (…) y se adoptarán decisiones similares en relación con emisoras de radio írritamente tomadas por el Estado”.
Estudiar la eliminación de TeleSur y Radio del Sur (Art. 138). Pretenden que a través de una comisión de especialistas con supuesta “independencia política”, se evalúe en qué estado se encuentra TeleSur y Radio del Sur, “para decidir si se continúa como proyecto regional de proyección de la integración de América Latina”, abriendo así la posibilidad de su privatización porque siendo la integración una política, dichos medios no podrían ser ni neutrales, ni despolitizados.

El programa de la ultraderecha evidencia su rechazo a toda politica de unión de los pueblos del mundo y fue precisamente ese el objetivo que le dio vida al nacimiento de TeleSur y Radio del Sur, para unir, a través de la información, a los habitantes de los pueblos más lejanos de Nuestra América, y extender esa politica integracionista hacia otras naciones del mundo.

Desconociendo que existe intencionalidad en la transmisión de mensajes violentos, cargados de antivalores a través de las empresas de comunicación privadas, reafirman su compromiso con el capital privado al desregularizar los contenidos de los medios en el artículo (1.150), que señala “Los contenidos de los medios (TV, Radio, Internet, Redes Sociales) no serán regulados con base a la exclusividad discrecional de las autoridades”, lo que da plena libertad a los dueños de los medios para transmitir cualquier tipo de mensajes en detrimento del pueblo venezolano.

Esto evidencia la complicidad la política y la separacion que existe entre la ultra derecha y los verdaderos intereses del pueblo. Queda plasmado el desprecio hacia el pueblo venezolano, excluido en todo sentido y diferenciado siempre de ese grupúsculo que durante la cuarta república gozaba de todos los privilegios.

A través de la anulación del Estado como responsable de la regulación necesaria en materia de comunicaciones, el sector privado tendrá plena libertad para aumentar sus ganancias económicas en detrimento del pueblo. Los mensajes se limitarán a seguir “las tendencias del mercado” sin importar el rol de los medios en la educación popular. De hecho, la propuesta de la MUD busca “reducir a lo estrictamente técnico las funciones de Conatel” (Art. 133) y con “adecuado nivel de autonomía” (Art. 1.162); es decir, acabar con la competencia que este ente estatal introduce con el financiamiento de centenares de Productores Nacionales Independientes (PNI).

Por otra parte, en el ámbito de las telecomunicaciones la MUD deja en evidencia su interés por revertir la soberanía de los venezolanos en este sector, y plantea que “la nacionalización de CANTV y su filial Movilnet ha sido un intento de control hegemónico de las telecomunicaciones” (Art. 1.145). Es decir, desconocen la existencia de otras operadoras privadas, así como el hecho de que tras su nacionalización CANTV ha logrado niveles de rentabilidad económica y social como nunca en su historia, y ha permitido que los venezolanos en todo el territorio nacional (incluso en poblados con menos de 500 habitantes) tengan acceso a los servicios de telecomunicaciones, como telefonía fija, telefonía móvil e internet.

Continuando con el irrespeto a la inteligencia de los venezolanos, la MUD miente en su programa sin ningún tipo de sustento real, diciendo que “el gobierno actual pretende establecer un punto de conexión de Internet, lo cual supondría un peaje de censura al ciudadano, que limitaría su derecho al libre acceso a la información (…)” (Art. 1.149).

Cuando CANTV-Movilnet estaba en manos de la empresa privada Verizon, todas las ganancias extraídas de la explotación en Venezuela se iban fuera del país, pero sin duda, la MUD prefiere favorecer a sus amos imperiales a través de este tipo de “negocios”. CANTV –Movilnet en manos del Estado revolucionario ha demostrado una eficiencia mayor a la que ostentaba en manos privadas. Desde su nacionalización en el año 2007 hasta julio de 2012, se han logrado importantes avances, como:
Incremento de 82% en el número de suscriptores de telefonía fija, aumento de 85% en los suscriptores de telefonía móvil e incremento de 164% de usuarios del servicio de Internet.
Crecimiento de 48% de la Red Nacional de Fibra Óptica, que beneficia particularmente a la región llanera y sur del país, así como a comunidades tradicionalmente excluídas.

Desde la puesta en órbita del Satélite Simón Bolívar en el año 2008, se ha garantizado al 100% su operatividad y sus estaciones terrenas. Hasta el mes de julio de 2012 se han instalado 4.521 Antenas Satelitales.
Gracias a las políticas del Gobierno Bolivariano para lograr la independencia y la soberanía tecnológica, la participación del Sector Comunicaciones en el PIB Nacional pasó de 2,5% en el año 1998, a 6,6% en el año 2011, lo que representa un incremento de 4,1 % en 13 años de Gobierno Bolivariano.

En una nueva burla al entendimiento popular, señalan que actuarán “apegados de manera irrestricta a las convenciones de derechos humanos” (Art. 117) y promoverán “un ambiente comunicacional determinado por el ejercicio pleno de las libertades, la responsabilidad social y la justicia independiente” (Art. 118), cuando hemos sido testigos de los ataques sistemáticos a los periodistas del Sistema Nacional de Medios Públicos. En este particular, desde la Plataforma de Periodistas de Venezuela elevamos con fuerza e indignación, nuestra voz de protesta en contra de las agresiones que han sufrido los colegas del SNMP y de medios comunitarios y populares de Venezuela que han sido víctimas del fascismo que ha quedado en evidencia a lo largo de la campaña electoral de la MUD.
En relación a la “autonomía” que se encuentra presente como principio fundamental a lo largo de toda la propuesta de la MUD, no constituye más que la anulación del Poder Popular que delega en el poder político la toma de decisiones en áreas sensibles y estratégicas para el país, su soberanía e independencia. Así, el programa de la MUD prevé la creación del Consejo Nacional de Comunicación (Art. 126), del Consejo Nacional de Vivienda (Art. 172), del Consejo Superior del Deporte (Art. 939), Consejo Nacional de los Residuos Sólidos (Art. 1033), Consejo Empresarial para el Desarrollo Sustentable (Art. 1.044), Consejo Nacional del Ambiente (Art. 1.086), Consejo presidencial por los Pueblos indígenas (Art. 1.094), Consejo Nacional de Gestión de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos (Art. 1.105), y del Consejo Nacional del Transporte (1.127). Estos consejos tendrán como tarea sustituir al poder político en la creación de nuevas políticas públicas.

Estos “consejos” al estar integrados por personas ajenas a la función pública, presuponen conflicto de intereses con el sector privado, cuyos “repesentantes” podrían defender sus propios intereses en lugar de velar por el bienestar colectivo.

Esta “autonomía” viciada por los intereses capitalistas de grupos de poder, favorecerá el crecimiento y fortalecimiento del sector privado como rector de las políticas y decisiones que se tomen en sectores estratégicos, por encima del poder político electo por el pueblo.

Podríamos continuar enumerando los atentados a la democracia participativa y protagónica, a la soberanía, a la independencia y a la dignidad del pueblo que aparecen expresamente en el programa de gobierno de la MUD, porque en sus propuestas para cada sector dejan en evidencia que su interés es devolverle el poder a quienes lo mantuvieron secuestrado durante la cuarta república.

La Plataforma de Periodistas de Venezuela está convencida de que la paz, la defensa del interés colectivo, el Poder Popular y la democratización de las comunicaciones, sólo es posible con la profundización del Socialismo y la irreversibilidad de la Revolución Bolivariana.

Les exigimos a todos aquellos quienes pretendan empujar a Venezuela por el despeñadero del neoliberalismo que respeten al pueblo venezolano, que es protagonista de su historia, la construye cada día, y no se deja engañar por manipulaciones mediáticas e intentos burdos e irrespetuosos de tergiversación de la realidad. Con la Revolución Bolivariana en el gobierno, se asegura el presente y futuro de la Patria.
Por la Plataforma de Periodistas,


Carolina Gerendas Yoaní Sánchez Heida Salcedo

Douglas González Pedro Estacio Jesús González

Ana María Hernandez Guido González


Caracas, 26 de septiembre de 2012

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