El viernes 9 de julio de 2.004, la oposición venezolana anunció su “plan” para un gobierno y una sociedad post-Chávez. La oposición ha sido atacada recientemente por la prensa internacional y por sus propios miembros por no ofrecer ninguna alternativa concreta al pueblo venezolano. Toda su política ha estado centrada en la propaganda de ataque a la figura presidencial y el llamado a la destitución del actual presidente.

Sin liderazgos sólidos y confrontando luchas internas por las posibles cuotas de poder, la Coordinadora Democrática, está conformada por partidos y políticos que fueron miembros de gobiernos anteriores, tales como Acción Democrática, COPEI, los cuales perdieron base social debido a políticas que generaron una gran exclusión social y una estructura socioeconómica que llevó a una mayor discriminación y desigualdad económica y social y favorecieron a la élite de Venezuela.


Por otra parte las organizaciones que conforman la Coordinadora Democrática están comprometidas en el golpe de estado que llevaron a cabo en abril de 2002, cuando planificaron una masacre para culpar al Presidente, y pretendieron disfrazar con una movilización de masas el asalto al poder, excusa frustrada por el movimiento popular que colocó un tapón popular en Miraflores el 11 de abril, aun están impunes los crímenes cometidos por esta dirección que ejecuto el golpe de Estado, las medidas adoptadas en el breve gobierno de facto dieron una muestra de la política que suscriben estos sectores.

Esta misma dirección condujo la conspiración económica que efectúo sabotaje a las instalaciones de la industria petrolera venezolana y boicoteo otros servicios como distribución de gas, gasolina, alimentos, acaparamiento, etc. en lo que se conoció como el paro ilegal de diciembre de 2003, ocasionando un gran daño a la economía venezolana. Razón por lo cual toda la dirección que en la llamada Coordinadora Democrática mantiene un elevado rechazo de la población en general, rechazo que se hizo mayor cuando aplicaron estado de sitio a los sectores de la clase media con las prácticas de la llamada guarimba, donde impedían el libre transito con acciones fascistas de asedio y violencia generalizada.

Queriendo disminuir el rechazo que se han ganado con su política inscriben lo que han llamado Plan Consenso País, presentado por Diego Bautista Urbaneja, Coordinador del Comité promotor de dicho plan. Esta "nueva" agenda, según sus voceros, procura la “reconciliación” y la “reconstrucción” de Venezuela y traer “paz”, la “Reactivación de la economía” y “la creación de una esfera política, social y educativa que incluya a todos los ciudadanos sin excepción”, aunque por la trayectoria de la política que han tenido hasta ahora no goza de ninguna credibilidad.

Afirman los voceros que el plan fue producto de un proceso de consultas y consenso de 9 partidos políticos, 26 organizaciones sociales de la sociedad civil, 27 organizaciones de los trabajadores y 5 grupos de opinión, queriendo mostrar unidad y espíritu de cuerpo. Pero en realidad todas las organizaciones que agrupa la Coordinadora están en severa crisis, por no haber podido justificar los grandes desembolsos recibidos por parte del Gobierno de Washington, al perder cada vez más, toda ascendencia sobre los grupos sociales de base y las masas en general, recogiendo solo un 20 % del electorado para llamar al referéndum, a pesar de haber utilizado mecanismos de fraude.

Este es el marco real donde se inscribe el Plan Consenso País, que quiere presentarse como un pacto entre la oposición que supuestamente está dispuesta a adoptar este plan como la base de un gobierno de transición post-Chávez. Urbaneja afirma que el plan durará desde que el presidente sea revocado en el referéndum a efectuarse el 15 de Agosto de 2004, hasta Enero de 2007, cuando finaliza el término presidencial constitucionalmente asignado.

Este Plan Consenso, aunque para sectores de la derecha pudiera ser una alternativa viable -tomando en cuenta que su método, excluye a las mayorías- aún dentro de sus filas, no resiste la prueba de un hecho que erosiona su credibilidad, por lo menos en cuanto a la garantía de los intereses nacionales de Venezuela y la soberanía, ya que el plan es una creación del National Endowment for Democracy, un organismo del gobierno de los Estados Unidos que ha estado enviando millones de dólares a los grupos anti-Chávez de Venezuela para ayudar al golpe de Estado y al paro petrolero en el 2002-3 y ahora para la campaña por el referéndum y también para este nuevo “Plan” del "gobierno de transición".

El National Endowment for Democracy asignó aproximadamente 300.000 dólares a principios de 2003, al Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), una entidad con sede en Estados Unidos, y una de las cuatro organizaciones a las cuales el NED les asignó recursos, junto con el Centro para la Difusión de Información Económica (CEDICE), una organización venezolana. CEDICE es presidida por Rocío Guijarro, una de las que firmó el ahora infame “Decreto de Carmona” anunciado durante la breve dictadura que tomó el control del gobierno en Venezuela, durante el golpe de Estado de 47 horas contra el presidente Chávez en Abril de 2002.

El “Decreto” autorizaba al hombre de negocios Pedro Carmona como “Presidente” y disolvía todas las instituciones democráticas Del país, la Asamblea Nacional (y todos sus miembros electos popularmente), el Tribunal Supremo de Justicia, la Constitución, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo.La asignación monetaria fue titulada “Proyecto Consenso para construir una Agenda Nacional” y en ella figuraban prominentes líderes radicales de oposición y participantes en el golpe de estado como miembros del comité del proyecto.

Las organizaciones que componen el “Proyecto” incluían a muchos de los grupos que condujeron el golpe de estado de Abril de 2002 y el paro general ilegal de Diciembre 2003 hasta Febrero 2004, que dañó la economía del país, tales como Gente del Petróleo, Fedecámaras, Alianza Bravo Pueblo, CTV, COPEI y la Coordinadora Democrática, entre otros. Otra organización clave que figura el comité del “Plan Consenso” es Liderazgo y Visión, directamente financiada por el NED y liderada por Oscar García Mendoza, jefe del Banco Venezolano de Crédito. García Mendoza publicó un anuncio en la prensa venezolana durante el golpe de Abril de 2002, donde alababa el golpe “Que nos devolvió la Libertad y la Democracia, con Instituciones sólidas y respeto a la Ley”. García Mendoza también firmó un remitido publicado en la prensa nacional el 13 de Abril de 2002, reconociendo y apoyando el “Gobierno de Transición” de Pedro Carmona, a pesar de que Pedro Carmona había tomado el poder por la vía ilegal de un golpe de estado y flagrantemente violado la Constitución de Venezuela.

En el informe trimestral de Marzo-Mayo 2003, hecho por Cedice al NED, el Proyecto Plan Consenso, está justificado comparando el gobierno de Chávez con el partido Nazi de Alemania. “Lo único que salva al país del completo control revolucionario es el hecho de que el gobierno de Chávez era resultado de elecciones libres (tal como el régimen Nazi en sus inicios)…” (vea el documento original en http://www.venezuelafoia.info/NED/CIPE-CEDICE/CIPE-CEDICE-Con/pages/CIPE-CEDICE-consensus-02.htm).

Mas de dos años después del golpe de Estado contra el presidente Chávez, la oposición se ha vuelto cada vez mas dependiente del gobierno de los Estados unidos para ayuda económica, dirección política y apoyo. Los fondos del NED para 19 organizaciones que operan en Venezuela –todas anti-Chávez-, es un hecho que los mismos representantes del NED han admitido en varias ocasiones. (Bart Jones, The National Catholic Reporter).

Otra fuente de financiamiento tal como USAID, destina anualmente más de 5 millones de dólares a actividades que son presentadas como de “construcción de la democracia” en Venezuela, para organizaciones que están en manos de la llamada "sociedad civil" y ninguna en manos del gobierno. El ofrecimiento por parte de la oposición de una "real alternativa" a los venezolanos descontentos con el actual gobierno, es nada menos que una creación del gobierno de los Estados Unidos y de organizaciones e individuos que participaron en el golpe de Estado de Abril de 2002. Aunque no pueden disminuir el nivel de rechazo de la población venezolana, seguramente quieren mantener el nivel de asignaciones económicas de la nación norteamericana, asignaciones que deberían ser conocidas por toda la opinión pública del pueblo norteamericano, del pueblo venezolano y del mundo.