1º) Exhortamos a la población y a sus líderes a expresar sus legítimas ideas políticas de manera pacífica, en el marco del respeto a la diversidad, al pluralismo, a la participación y la institucionalidad democrática.

2º) Ratificamos que la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ser respetada por todos los actores del conflicto y que las denuncias sobre sus fallas deben ser señaladas con ánimo de reforzamiento de su autonomía y eficiencia, evitando denuncias temerarias y canalizando toda objeción al proceso o al resultado de la consulta a través de los mecanismos institucionales previstos en la ley.

3º) Exigimos al CNE una actuación célere y transparente, que no deje dudas sobre la imparcialidad de su actuación en el proceso de reconocimiento institucional de la expresión de la voluntad popular.

4º) Recordamos que la consulta popular puede ayudar a reducir los niveles de confrontación y de violencia, siempre que se realice en un ambiente propicio y con un espíritu democrático por parte de los diferentes actores que compiten. Si, por el contrario, las partes insisten en utilizar la consulta popular como un mecanismo de confrontación para eliminar al contrario y no ponen en práctica estrategias de convivencia posterior con los que piensan distinto, dicha consulta puede ser un nuevo coadyuvante de la violencia. La salida a la crisis del país entonces no es sólo electoral e implica madurez democrática de los principales actores políticos

5º) Resaltamos el papel de la observación internacional en el proceso de referendo y recomendamos que ésta sea lo más plural posible.

6º) Condenamos, finalmente, la declaración de Roger Noriega, sub secretario de Estado para el Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos (The Washington Times, 26.05.04), pues ellas implican una intromisión a los asuntos internos y una violación a principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que señalan que: "el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional [y que] Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado" (Organización de Estados Americanos, 10.06.04).

Organizaciones que suscriben:

• Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)
• Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap)
• Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
• Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
• Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (Secorve)
• Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui
• Oficina Diocesana de Derechos Humanos de la Diócesis de Ciudad Guayana “Humana Dignitas”
• Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
• Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
• Servicio Jesuita para Refugiados (SJR)