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Así lo consideraron los investigadores George Withers y Lucila Santos, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés), en entrevista con PANORAMA.
“Hubo una falta de comunicación estratégica de parte de ambos gobiernos hacia los países de la región para informarles sobre el acuerdo y a ello se le sumó el hecho de que el convenio fue negociado en secreto y revelado de antemano por los medios”, subrayó Withers.
A su juicio, estos aspectos también contribuyeron a generar preocupación y quejas por parte de varios países, incluyendo no sólo a Venezuela, Ecuador y Bolivia, sino también Brasil, Argentina y Chile.
El polémico tratado, que oficialmente habla de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, en realidad no establece con precisión las misiones militares que realizarán las fuerzas armadas estadounidenses desde territorio vecino.
Explicó la analista Lucila Santos que el acuerdo determina que muchas de las actividades a realizar cooperativamente entre las fuerzas colombianas y estadounidenses se resolverán en el futuro a través de “acuerdos de implementación”, que permitirían ejecutar un sinnúmero de actividades militares “acordadas mutuamente”.
“Si bien el acuerdo declara que estas misiones se harán en respeto de los principios de soberanía y no intervención en los asuntos internos de otros estados, la adscripción a estos principios no suple la falta de roles y misiones claramente definidos”, advirtió Santos.
Refirió que por regla general en el derecho, “aquello que no ha sido expresamente prohibido está permitido”, de allí que la ‘intención’ del Gobierno de Barack Obama de respetar estos principios y la potestad real que el acuerdo le otorga “son cosas muy diferentes, y las intenciones pueden cambiar en el plazo de diez años que durará el acuerdo”.
Sobre las consecuencias inmediatas del convenio, refirieron que se está generando temor y desconfianza entre las naciones de la región hacia EE UU y Colombia. “Sin la adecuada diplomacia, comunicación y transparencia de parte de estos dos países, el acuerdo podría contribuir en el largo plazo a agravar las tensiones presentes en Sudamérica, y a exacerbar lo que por el momento se percibe como un aumento en el gasto de defensa en la región, transformando esta tendencia en una carrera armamentista”, alertó Whiters.
Consideraron que el aumento de las tensiones militares en América Latina es una tendencia perturbadora que debe ser revertida y es allí donde Estados Unidos puede ayudar a detenerla. ¿Cómo? La recomendación es reforzar sus intenciones de no intervención mediante un anexo al acuerdo donde se precisen y se hagan explícitas las restricciones.
El canciller brasileño, Celso Amorim, afirmó, en declaraciones publicadas el pasado 25 de diciembre por por el diario O Globo, que “es necesaria más franqueza en la relación entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe. Debo decir que a veces los altos cargos del gobierno estadounidense ni se enteran de ciertos hechos, como las bases en Colombia y la Cuarta Flota”.