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Caracas, 14 Jul. ABN.- El vicepresidente y comisario de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea, Jacques Barrot, dictó este lunes una videoconferencia en la sede de la Comisión Europea en Caracas para defender la Ley de la Directiva de Retorno o antiinmigrantes y argumentar que la polémica generada en los países latinoamericanos por el instrumento jurídico “se trata de un mal entendido”.
A juicio de Barrot, y de manera contradictoria, de no implementarse este marco legal antiimigratorio “se corre el riesgo de que aumente la xenofobia” por parte de los habitantes de los países miembros de la Unión contra los ilegales.
Barrot indicó que en la actualidad la Unión Europea establece los mecanismos que permitirán la aplicación de la Ley para garantizar un trato adecuado para las personas que incurran en el delito de ingreso ilegal.
Ejemplificó que existen siete Estados asociados, en los cuales a estas personas se les retiene de manera indefinida, con lo cual se estaría violando esta Ley y los derechos de los inmigrantes, por lo que aseguró que este instrumento legal “humanizará el trato a los ilegales”
El comisario europeo señaló que los países miembros a la Unión Europea no poseen las condiciones adecuadas para la retención prevista en el instrumento jurídico, que contempla la reclusión del inmigrante ilegal de un tiempo que puede oscilar entre los seis meses y dependiendo del caso hasta se le puede agregar un año más.
Preocupado por los países latinoamericanos y africanos, Barret expuso que la aplicación de esta Ley garantizará el cese de la “fuga de cerebros”.
Destacó que el instrumento legal enmarca la asistencia jurídica del ilegal, con lo cual, según Barret, se garantizarán los derechos humanos de estas personas y la asistencia económica por parte de los Estados miembros para el retorno a sus naciones de origen.
Barrot informó que el diálogo en torno a la Ley, entre la Unión Europea y las naciones de donde provienen los inmigrantes, prosigue de forma constante, con el fin de mantener las relaciones existente entre el bloque europeo y los países que albergaron durante el siglo XX a inmigrantes europeos que huyeron por guerras o para buscar una oportunidad y ahora, con esta normativa, sus ciudadanos son tratados como delincuentes.
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