Caracas, 12.06.08.- Expresando su absoluto rechazo al fallo emitido por la Corte de Apelaciones del XI Circuito de Atlanta el pasado 4 de junio, que ratifica la sentencia contra Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González y René Gonzáles, los 5 luchadores antiterroristas cubanos, el diputado Carolus Wimmer, vicepresidente del grupo venezolano del Parlamento Latinoamericano, y representantes del Comité de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba, ofrecieron una rueda de prensa en las instalaciones parlamentarias.
Haciendo caso omiso del dictamen emitido por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 27 de mayo del 2005, que señala la arbitrariedad de su detención, contraviniendo el artículo 14 de la Convención de Derechos Civiles y Políticos, la Corte de Atlanta, por decisión unánime, reafirmó los cargos de culpabilidad contra los 5 héroes cubanos, anulando la condena de tres de ellos, que deberán ser sentenciados nuevamente.
El diputado Carolus Wimmer, quien funge también como Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Venezuela (PCV), reclamó la libertad plena, inmediata e incondicional de las cinco víctimas del arbitrario sistema judicial norteamericano, demandando el cumplimiento de las leyes expresadas en la constitución norteamericana y el Derecho Internacional.
“La Junta Directiva del grupo venezolano del Parlamento Latinoamericano, entregará formalmente esta declaración a la embajada de los Estados Unidos en Venezuela, a los Parlamentos que integran el Parlamento Latinoamericano, y al Congreso de los Estados Unidos, de igual manera, instamos a las organizaciones sociales y políticas comprometidas con la lucha de los derechos humanos, a sumarse a la campaña que a nivel mundial clama por su libertad.”
En el marco de nuestras competencias legislativas, señaló Wimmer, el Parlatino articulará acciones conducentes a la investigación de los casos de las desapariciones forzosas, torturas y crímenes cometidos por Luis Posada Carriles, durante su permanencia en los cuerpos policiales venezolanos entre 1967 y 1974, para reforzar la solicitud de extradición que ha presentado el Gobierno de Venezuela ante el Gobierno de Estados Unidos. El probable indulto que se pretende otorgar a este internacionalmente reconocido terrorista, pone de manifiesto la injusticia judicial que caracteriza la administración Bush.
